Enviando corrección, espere un momento...
VER RESUMEN
La Universidad de La Frontera enfrenta una crisis financiera tras detectarse graves irregularidades en auditorías internas, que podrían ser constitutivas de delitos. Se reveló un mal uso de fondos gubernamentales destinados a infraestructura, que se utilizaron para pagar sueldos y bonos en lugar de su propósito original, así como para cubrir sobregiros bancarios no autorizados. Además, se descubrió que más de $4.300 millones de estos recursos no han sido rendidos, lo que podría acarrear sanciones. También se reveló que la institución desvió fondos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, acumulando una deuda de 11 mil millones de pesos. La situación se ve agravada por un manejo financiero desprolijo y el incumplimiento de regulaciones legales y de transparencia. Además, se ha observado un considerable aumento de sueldos y del número de funcionarios en la universidad en los últimos años.
Graves irregularidades, que podrían ser constitutivas de delitos, se detectaron en las auditorías internas en la Universidad de La Frontera.
Con el objetivo de dimensionar la magnitud de la crisis financiera que atraviesa la institución, se instruyó una auditoría interna a la contraloría universitaria focalizada en seis puntos, gasto en remuneraciones, prestaciones de servicio y dotación de personal.
Esto último, a los fondos que recibió la UFRO del Gobierno como aporte institucional a universidades estatales, a los fondos de proyectos de terceros y propios, al Fondo Solidario de Crédito Universitario, a las obligaciones financieras contraídas y las cuentas corrientes institucionales.
En dichos informes se detectaron diferentes irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos.
En concreto, la Universidad de La Frontera utilizó fondos destinados a infraestructura o equipamiento, a pagar sueldos o bonos de vacaciones en varios meses del 2023 y 2024.
Asimismo, dichos recursos, que fueron entregados por el Gobierno como aporte a las universidades estatales, también se usaron para cubrir sobregiros bancarios no autorizados.
Al 30 de septiembre de 2024, hay más de $4.300 millones de pesos de estos recursos que no han sido rendidos, lo que podría implicar sanciones.
Una situación similar ocurrió con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que es un sistema para financiar los estudios de estudiantes mediante créditos para matrículas.
En este ítem, quedó en evidencia que la institución utilizó parte de estos dineros en otros fines, acumulando una deuda de 11 mil millones de pesos.
Asimismo, la funcionaria a cargo de salvaguardar el buen uso de estos recursos, Gissela Galindo, estuvo operando sin contar con un nombramiento formal por más de tres años desde el 2021, incumpliendo regulaciones legales y de transparencia.
Manejo financiero desprolijo
Ante ello, Ana Soto, vocera de la agrupación de funcionarios notificados desvinculados de la UFRO, dijo que esto constituye un manejo financiero desprolijo de los recursos.
En paralelo, hubo un aumento considerable de sueldos. En el año 2018, la suma anual de las remuneraciones era de 33 mil millones de pesos, mientras que en el presente año asciende a $70 mil millones, implicado por nuevas contrataciones, reestructuraciones y ajustes salariales durante los últimos dos años. Así como la cantidad de funcionarios aumentó de 1.927 a 2.920.
Ante ello, la Universidad de la Frontera se refirió a la auditoría a través de un comunicado, indicando que se están realizando auditorías internas con el fin de esclarecer las condiciones que llevaron a la casa de estudios a enfrentar la actual crisis económica.
