Denunciando graves infracciones a las garantías procesales, la defensa del senador Miguel Ángel Calisto interpuso un recurso de amparo para dejar sin efecto el cierre de la investigación en su contra por el presunto delito de fraude al fisco.
Según los abogados que presentaron el recurso en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, las acciones del Ministerio Público “impidieron de forma arbitraria e ilegal el ejercicio del derecho de defensa consagrado en la Constitución y en las leyes”.
Lo anterior, ya que “al cerrar la causa mientras el plazo judicial se encontraba vigente y tras ocultar diligencias esenciales ejecutadas solo horas antes de la clausura del debate”, la defensa no pudo tomar mayores acciones.
Principalmente, destacan que los testimonios de los coimputados Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo “contenían un cambio radical y sustancial en la versión de los hechos que durante casi cinco años habían sostenido”, relato del que la defensa de Calisto tomó conocimiento el domingo 10 de mayo.
“Tras mantener inalterado su relato original frente a la policía y los fiscales a lo largo de media década de tramitación, los coimputados revocaron de forma verbal el patrocinio de sus defensores privados y, tras asumir la representación la Defensoría Penal Pública, prestaron nuevos testimonios ante el Ministerio Público el 29 de abril de 2026″ acusan.
“Apenas se registró esta nueva declaración, se fijó de manera urgente una audiencia de revisión de medidas cautelares para el día siguiente, oportunidad en la cual el señor Cárcamo ‘pudo salir de prisión, con acuerdo del Ministerio Público’, dado que la institución fiscalizadora procedió a allanarse íntegramente a la modificación de la gravosa cautelar”, dicta el comunicado.
El recurso de amparo concluye exigiendo a la Corte que actúe de manera urgente ante “esta flagrante e ilegal restricción de derechos fundamentales”, que ordene dejar sin efecto las resoluciones judiciales recurridas y el cierre de la investigación penal”.
Para finalizar, solicitan que se fije un nuevo plazo para que Calisto “pueda solicitar las diligencias investigativas indispensables que aseguren un debido proceso legal y destruyan una imputación edificada sobre la base de declaraciones radicalmente modificadas a conveniencia cautelar”.