En prisión preventiva quedó una exfuncionaria de la Municipalidad de Copiapó, imputada por una serie de delitos vinculados a la manipulación del sistema informático utilizado para la emisión de permisos de circulación, en una investigación que, hasta ahora, estima un perjuicio fiscal superior a los $30 millones.
La investigación es liderada por la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama y apunta a la presunta comisión de delitos de fraude al fisco, cohecho, ilícitos informáticos y falsificación de documentos, causa en la que también fueron formalizados dos particulares.
Según expuso el fiscal Luis Miranda Flores durante la audiencia, la imputada —quien trabajó a honorarios en el municipio entre diciembre de 2020 y febrero de 2026— utilizó sus credenciales de acceso para modificar información en la plataforma CAS Chile, recalculando de manera irregular los montos que debían pagar contribuyentes por permisos de circulación.
De acuerdo con la investigación, estas modificaciones permitían rebajar ilegalmente los valores a cancelar e, incluso, eliminar del sistema multas impagas asociadas a distintos vehículos.
Millonarios pagos fraudulentos
El caso quedó al descubierto en marzo de este año, luego que el propietario de un vehículo intentara realizar el trámite de permiso de circulación.
Según la Fiscalía, el hombre había recurrido previamente a un conocido para regularizar la situación de un automóvil que mantenía deudas en la Municipalidad de Río Claro, pagando más de $2 millones a la exfuncionaria para concretar el trámite mediante la alteración del sistema.
Las diligencias desarrolladas junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI permitieron detectar, además, otras 92 operaciones con características similares.
Entre ellas figuran vehículos de alta gama y automóviles inscritos a nombre de empresas, respecto de los cuales se habrían modificado irregularmente franquicias de discapacidad para reducir los montos asociados al permiso de circulación.
El fiscal Miranda indicó que la investigación continúa en desarrollo y que, por ahora, se ha identificado a 30 personas que habrían obtenido beneficios ilegales mediante este mecanismo, sin descartarse la aparición de nuevos casos o más involucrados.
Prisión preventiva
Por su parte, el comisario Miguel Huerta, de la Bridec Copiapó, señaló que la indagatoria se inició tras una denuncia presentada por la Municipalidad de Copiapó por irregularidades en el pago de permisos de circulación.
El policía explicó que las diligencias permitieron establecer que la exfuncionaria modificaba la información ingresada al sistema para registrar pagos inferiores a los montos que realmente recibía de terceros, facilitando así la emisión fraudulenta de los permisos.
Con esos antecedentes, la PDI concretó la detención de los tres imputados: una mujer y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena.
Durante la formalización, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Copiapó —querellantes en la causa— solicitaron la prisión preventiva para la exfuncionaria por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad, medida que fue acogida por el tribunal.
En tanto, los dos particulares formalizados por el delito de cohecho quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El Juzgado de Garantía fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
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