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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una investigación en la Municipalidad de Arica por irregularidades en el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde, quien lo utilizó para fines personales y luego chocó en estado de ebriedad. Tras el incidente, el vehículo fue llevado a la Tercera Comisaría de Arica sin seguir los procedimientos institucionales. La CGR detectó deficiencias en el control del auto y en el protocolo de seguridad municipal. La Municipalidad no acreditó la custodia del vehículo ni la autorización para su uso posterior. A pesar de que el funcionario pagó las reparaciones, correspondería al municipio verificar los daños.

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que iniciará una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica por eventuales irregularidades detectadas en el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde de la comuna, después de que este lo utilizara para fines personales y posteriormente protagonizara una colisión mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Según consignó el ente fiscalizador, los hechos se remontan al 14 de mayo de 2026, cuando, tras participar en una actividad oficial, el funcionario utilizó el auto municipal para fines presuntamente ajenos a los institucionales.

Según se señala en el Informe de Investigación Especial N.° 460 de 2026, analizado por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, se constató que dicho día el funcionario, “encontrándose a cargo de la conducción y custodia del vehículo municipal placa patente JFTV46 y luego de una actividad municipal, lo utilizó para fines ajenos a los institucionales al interrumpir su trayecto destinado a su resguardo por motivos de carácter personal, donde consumió alcohol“.

Posteriormente, según el escrito, el chofer fue protagonista de una colisión con otro automóvil en calle Barros Luco de Arica, siendo retenido por testigos del hecho. Además, de acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo de control, el alcotest practicado al conductor registraría 1,44 g/l de alcohol en la sangre.

Contraloría observa procedimiento tras el accidente

Asimismo, la CGR observó que, una vez finalizado el procedimiento policial, el vehículo habría sido trasladado por personal de Carabineros a dependencias de la Tercera Comisaría de Arica, lo que, según el informe, no se ajustaría a los procedimientos institucionales vigentes.

A raíz de ello, la Prefectura de Carabineros Arica N.° 1 instruyó una investigación administrativa, cuyos resultados deberán ser informados a Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.

A lo anterior se suma que el ente contralor también identificó eventuales deficiencias en el resguardo y control del vehículo tras el accidente. En particular, la Municipalidad de Arica no habría acreditado documentalmente su retiro, traslado y custodia, ni quién recibió las llaves, quién retiró el automóvil desde dependencias policiales o bajo qué autorización pudo ser conducido posteriormente.

Del mismo modo, según la CGR, el municipio no habría proporcionado antecedentes técnicos ni administrativos respecto de los daños que pudo haber sufrido el vehículo.

Y, según la investigación, las reparaciones fueron presuntamente financiadas por el funcionario involucrado, pese a que correspondía al municipio verificar los daños, autorizar formalmente los trabajos y mantener la documentación de respaldo, con el objeto de resguardar la trazabilidad de las actuaciones y el patrimonio municipal.

Protocolo de seguridad

Finalmente, otro de los hallazgos señala que el municipio de Arica mantendría vigente el “Protocolo de Operación Departamento de Seguridad y Operaciones V4.0”, sin contar con un acto administrativo que aprobara formalmente dicho instrumento.

Además, este no contemplaría los antecedentes mínimos que deberían reportarse ante accidentes de tránsito o situaciones de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

Por ello, según Contraloría, el municipio deberá formalizar el protocolo e incorporar procedimientos específicos para el reporte y registro de accidentes de tránsito, casos asociados a la conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, hechos relevantes para la comunicación institucional, los mecanismos destinados al envío de esa información y las responsabilidades asociadas a su elaboración, revisión, supervisión y seguimiento.

Además, y sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella por los hechos investigados, la CGR informó que remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Revisa el informe de Contraloría en detalle a continuación: