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Hace algunos días leí la entrevista de Daniel Hopenhayn a Nicolás Eyzaguirre publicada por Democracia UDP. Con Nicolás compartimos gabinete y comité político durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y, debo decirlo, tuvimos importantes diferencias respecto de varias decisiones que nos correspondió adoptar.
Precisamente por eso me llamó la atención encontrar varias coincidencias con algunas ideas que he venido planteando sobre los desafíos de la izquierda chilena, a partir de la discusión abierta por Abundance, el libro de Ezra Klein y Derek Thompson.
Se trata de aproximaciones distintas. Eyzaguirre pone el acento en las transformaciones de la economía mundial y en el agotamiento del ciclo de crecimiento que acompañó a Chile durante varias décadas. Mi reflexión parte de otro lugar: de la necesidad de que la izquierda complemente su preocupación por distribuir, regular y proteger con una nueva capacidad para producir, construir, innovar y generar prosperidad.
Pero ambas terminan encontrándose en una pregunta fundamental: ¿De dónde provendrá la riqueza que queremos distribuir?.
Eyzaguirre lo plantea provocativamente cuando afirma que la historia de los fracasos de la izquierda está marcada por los intentos de “redistribuir sin motor”. No existe una política redistributiva sostenible si no somos capaces de aumentar simultáneamente la productividad, la inversión y la creación de riqueza.
Ahí aparece nuestra primera coincidencia: la izquierda necesita reconciliarse con el crecimiento. Y eso significa algo más que agregar un capítulo económico a nuestros programas. Supone recuperar una valoración positiva de la inversión, la innovación, el emprendimiento, la tecnología y la creación de riqueza, y establecer una nueva relación con el mundo productivo.
También coincidimos en la necesidad de un Estado más capaz. Durante demasiado tiempo hemos medido su vocación transformadora por los recursos que administra, las leyes que aprueba o los organismos que crea. Pero un Estado progresista debe ser evaluado también por su capacidad de producir resultados. Como he afirmado, la eficacia estatal no constituye una concesión ideológica a la derecha. Por el contrario, es una condición de la justicia social pues la ineficiencia estatal termina convirtiéndose en otra forma de desigualdad.
Hasta aquí las coincidencias son importantes. Pero también existen matices que vale la pena considerar porque, más que debilitar este argumento, pueden enriquecerlo.
La primera tiene que ver con por qué Chile dejó de crecer.
La tesis de la abundancia pone especial atención en las restricciones internas que dificultan construir: sistemas de permisos extraordinariamente lentos, fragmentación regulatoria, entre otras. Muchas veces sabemos lo que queremos hacer, incluso disponemos de los recursos, pero hemos construido instituciones que hacen extraordinariamente difícil materializarlo.
Eyzaguirre observa el problema desde una perspectiva macroeconómica e internacional: Chile aprovechó durante décadas un ciclo excepcional de globalización, expansión del comercio mundial y demanda por materias primas que perdió fuerza y que no hemos sido capaces de reemplazar.
Ambas explicaciones me parecen complementarias: Chile perdió parte del motor externo que impulsó su crecimiento y, al mismo tiempo, acumuló restricciones internas que dificultan construir uno nuevo.
Si aquel escenario internacional no volverá en las mismas condiciones, nuestro crecimiento dependerá mucho más de nuestra capacidad para elevar la productividad, innovar, atraer inversión y desarrollar nuevas industrias. Y, como correctamente enfatiza Eyzaguirre, una economía pequeña como la chilena necesita hacerlo con vocación exportadora. Cobre, litio e hidrógeno verde pueden ser plataformas para desarrollar cadenas productivas más sofisticadas, pero también necesitamos ciencia, tecnología, inteligencia artificial, servicios globales y empresas capaces de competir internacionalmente.
Tomarse en serio el crecimiento exige además revisar algunas de nuestras propias certezas. Esto no significa abrazar una desregulación indiscriminada: no toda inversión genera bienestar ni todo crecimiento es sustentable. Pero tampoco toda regulación es progresista por el solo hecho de haber nacido de una finalidad legítima. La pregunta debería ser más exigente: ¿Protege eficazmente el interés público y, al mismo tiempo, permite que las cosas ocurran?
Hay, sin embargo, otra coincidencia con Eyzaguirre que quisiera destacar. Así como tuvimos diferencias importantes cuando compartimos responsabilidades de gobierno, hubo un punto en el que siempre estuvimos de acuerdo: el régimen político chileno dificulta la construcción y permanencia de los acuerdos estratégicos que el país necesita.
Por eso comparto su mirada respecto de la conveniencia de un régimen parlamentario para Chile. Lamentablemente, el fracaso del proceso constituyente parece haber condenado al ostracismo, al menos por un buen tiempo, cualquier discusión sobre una transformación de esa magnitud en nuestro régimen político.
No es una discusión institucional desconectada del desarrollo. Si Chile necesita construir un nuevo motor de crecimiento, necesita también un sistema político capaz de sostener una estrategia durante veinte o treinta años y no solamente durante los cuatro que dura un gobierno.
Nuestro hiperpresidencialismo convierte cada elección en una disputa por la totalidad del poder e incentiva a cada nuevo gobierno a inaugurar un ciclo distinto al anterior. El riesgo es una permanente oscilación política sin construir nunca acuerdos estables sobre el rumbo del país.
Una estrategia de desarrollo debe sobrevivir a la alternancia. Elevar sostenidamente la productividad, modernizar el Estado, reformar el sistema de permisos, desarrollar infraestructura y capital humano y aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías no es un programa de cuatro años. Es una tarea generacional y exige acuerdos capaces de trascender a un gobierno.
Sigo creyendo que un régimen parlamentario ofrece mejores condiciones para construirlos. No porque elimine las diferencias entre izquierda y derecha, sino porque obliga a procesarlas mediante coaliciones, programas compartidos y compromisos entre fuerzas distintas.
No se trata de reconstruir artificialmente los consensos de otra época. Seguirán existiendo diferencias legítimas sobre impuestos, relaciones laborales, medio ambiente, distribución del ingreso o el papel del Estado. Pero necesitamos ciertos mínimos compartidos entre izquierda, centro y derecha: que Chile debe crecer y elevar su productividad; que requiere inversión e innovación; que necesita un Estado capaz de ejecutar; que debe insertarse inteligentemente en el mundo; y que los frutos del progreso deben alcanzar a las grandes mayorías.
Ese debería ser el fundamento de un nuevo acuerdo de desarrollo.
Por eso creo que la reflexión de Eyzaguirre y la discusión sobre la abundancia confluyen finalmente en una misma conclusión: la izquierda del próximo ciclo no puede limitarse a decidir cómo distribuir mejor la riqueza existente. Tiene que contribuir a construir un nuevo motor para producirla.
La tarea es, entonces, doble: necesitamos una estrategia de desarrollo basada en productividad, innovación, inversión, capacidad estatal e inserción exportadora; y necesitamos una institucionalidad política que permita transformarla en un acuerdo suficientemente amplio y duradero.
No se trata de abandonar la promesa histórica de la izquierda, sino de actualizarla. Porque la igualdad no consiste solamente en distribuir de manera más justa aquello que existe. También consiste en ampliar aquello que una sociedad es capaz de hacer y construir las condiciones políticas para sostenerlo en el tiempo.
