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La discusión presupuestaria no debe reducirse únicamente a observar cuánto aumenta o disminuye el gasto público. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es indispensable examinar qué asignaciones cambian, por qué lo hacen y cuáles pueden ser sus efectos sobre la capacidad del Estado para garantizar derechos. Las decisiones presupuestarias no son neutras: pueden ampliar oportunidades, pero también afectar el acceso a prestaciones y apoyos esenciales para el desarrollo y bienestar de la niñez.
El Informe de Política Pública N°7, elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile, analizó 188 asignaciones dirigidas directamente a niños, niñas y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026, 86 disminuyeron, 54 registraron reducciones superiores al 3% y solo 12 aumentaron. Si se excluye el incremento asociado a los Servicios Locales de Educación Pública, el conjunto de programas e instituciones presenta una reducción de $83.654 millones, equivalente aproximadamente a un 0,8%.
Estas cifras requieren atención. Sin embargo, no se dispone de antecedentes suficientes y homogéneos para determinar, en cada caso, los fundamentos de las disminuciones, sus efectos esperados y las medidas adoptadas para resguardar la continuidad y calidad de las prestaciones.
Algunas reducciones pueden responder legítimamente a factores de ejecución, reasignación o eficiencia. Precisamente por ello, es indispensable que cuenten con una justificación técnica clara, basada en evidencia y compatible con el principio del interés superior del niño, junto con información que permita evaluar adecuadamente sus consecuencias.
La situación adquiere especial relevancia cuando las disminuciones alcanzan ámbitos como primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa. Se trata de áreas estrechamente vinculadas con la prevención temprana de riesgos y con la capacidad del Estado para responder oportunamente a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Si como país ya enfrentamos desafíos persistentes en salud mental, convivencia escolar y deterioro de infraestructura educativa, resulta difícil no proyectar que decisiones de esta naturaleza podrían contribuir a profundizarlos.
La Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia dispone que el Estado debe otorgar prioridad presupuestaria a las políticas y servicios destinados a niños, niñas y adolescentes, incluso en contextos económicos complejos. En la misma línea, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha señalado que los Estados deben emplear el máximo de los recursos disponibles para hacer efectivos estos derechos, justificar cuidadosamente los ajustes presupuestarios y evitar medidas regresivas que puedan afectarlos de manera desproporcionada.
De cara a la discusión del Presupuesto 2027, el desafío no es contraponer responsabilidad fiscal y derechos de la niñez. Por el contrario, consiste en asegurar que toda decisión que afecte programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes sea adoptada con criterios transparentes, evidencia suficiente y una evaluación pública de sus impactos. La sostenibilidad fiscal es un objetivo legítimo; garantizar los derechos de la niñez es una obligación ineludible.
Invertir en la niñez no constituye únicamente un mandato legal y ético; es también una de las decisiones más estratégicas que puede adoptar un país. Los recursos que se destinan oportunamente generan capacidades, bienestar y oportunidades; aquellos que se dejan de invertir pueden transformarse mañana en costos sociales mucho más difíciles de revertir.
De cara a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, el Congreso Nacional tiene la oportunidad de alcanzar un pacto transversal de no regresión en materia de niñez. Un acuerdo que asegure que los ajustes fiscales no se traduzcan en retrocesos en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que reafirme una convicción básica: las restricciones presupuestarias pueden exigir prioridades más claras, pero nunca una menor protección para la niñez.
