Regateos para bajar la cuenta de luz: una oportunidad para que La Moneda saque los dedos del enchufe

Producir electricidad en Chile es barato. Tan barato que incluso botamos energía a la basura. La última gran licitación de suministro para clientes regulados —usted— cerró en un promedio de US$23,78 por MWh, con ofertas que partieron en US$13,32. Todo esto hablando de energía 100% renovable para abastecer desde 2026. En horas de sol el costo marginal, es decir, el precio del último MWh que el sistema necesita, llega a cero. Para que me crea, en 2024 se vertió cerca del 15% de la generación solar y eólica porque había más oferta de la que se podía consumir.

Tenemos una matriz eléctrica barata que además ha alcanzado una descarbonización avanzada. Y si bien en los gráficos se ve todo muy bonito, el chileno de a pie está lejos de sentir un particular cariño por el medidor que vigila su consumo en casa.

Según GlobalPetrolPrices, el precio de la luz residencial en Chile equivale a cerca del 179% del promedio sudamericano (diciembre 2025). Además, según un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, nuestra larga y angosta faja de tierra tiene una de las boletas de electricidad más caras de América Latina, siendo superados solo por Guatemala, país donde los residentes pagan los costos del alumbrado público.

Por buen sueldo que tenga, cualquier chileno quisiera ver reducida su cuenta de fin de mes. Y sea del color político que sea, cualquier gobierno quisiera colgarse la medalla de la administración que pudo concretar un sistema energético más justo para los consumidores.

Es con esa intención que La Moneda se encuentra por estos días en un regateo que, de gestionarse de forma inteligente, podría terminar reduciendo las dolorosas boletas eléctricas.

¿De qué se tratan estas negociaciones? Con la puesta en marcha de la Ley de Protección Tarifaria Eléctrica despachada en julio, se fijaron mecanismos para pagar la millonaria deuda que se mantiene con empresas eléctricas, junto con extender subsidios. Y pese a que esa deuda también encarece la cuenta, lo más interesante no está ahí.

La misma norma, le entrega a la CNE una facultad excepcional y por una sola vez para establecer mecanismos voluntarios para modificar los actuales contratos de suministro eléctrico, con el objetivo explícito de rebajar lo que los usuarios del hervidor y el microondas pagan mes a mes. Pero el problema de esa anhelada facultad está escrita entrelíneas: “voluntario”.

El tema de los contratos es este: son firmados entre las generadoras eléctricas y las distribuidoras que abastecen a los hogares. Fueron firmados a largo plazo y consideran, por tanto, condiciones de mercado distintas a las que tenemos hoy. En simple, se firmaron cuando producir la energía era más costoso que hoy, y por lo tanto, seguimos pagando precios como si la luz aún fuera cara.

Chile, con su fama de país serio, no está disponible a realizar maniobras opacas para empujar a que se ponga fin a contratos de forma unilateral con el objetivo de dejar contenta a la gallada. Y en buena hora. Por el contrario, la ley ha fijado que la única posibilidad de que estos contratos modifiquen, accediendo por tanto a precios más bajos de electricidad, es que las empresas estén de acuerdo.

Haciendo contacto

Este tema ha sido parte del debate público durante los últimos días. De hecho, el propio subsecretario de Energía Hugo Briones afirmó que habría espacio para estas tratativas y que las conversaciones con las empresas van en “buen pie”, enfatizando en que el Gobierno apela a que la “racionalidad impere” y añadiendo además que esto podría ser un win-win para empresas y consumidores.

Pese a las buenas intenciones, lo cierto es que aún no se ha señalado cual podría ser el respectivo win de las empresas, ni tampoco ninguna de ellas se ha manifestado públicamente dispuesta a perder plata que legalmente les corresponde. Todo esto, considerando además que bajo el mecanismo voluntario anterior, impulsado por la CNE a instancias de Conadecus, Enel Generación y AES Andes se negaron a renegociar en agosto de 2023, y Engie y Generadora Metropolitana hicieron lo mismo en abril de 2025.

Cargas opuestas

Es difícil que las empresas, que en orden legítimo tienen como aspiración generar dinero, pongan la “racionalidad” a la que apela el Ejecutivo como un elemento para la toma de decisiones. Donde sí le apunta el subsecretario, es que esta renegociación debe aspirar a convertirse en una moneda de cambio.

Una de las vías más lógicas y de fácil implementación es negociar la rebaja de los montos a cambio de la extensión de los contratos. El académico de la Usach, Humberto Verdejo, ha abordado este tema señalando que una medida posible será tomar los contratos caros que serían “cuatro o cinco”, bajarles el precio y a cambio ampliar la duración. Esta lógica suena elegante; la generadora acepta menos dólares por cada ampolleta prendida, pero al mismo tiempo asegura más años de ingresos. Por otro lado, el estimado vecino alivia su carga mes a mes, sin considerar además los efectos en la inflación que podría generar una rebaja eléctrica.

Sin embargo, la ecuación no es tan simple. La conveniencia para las empresas será el resultado de diversos factores que podrían convertir la extensión del contrato en un buen o mal negocio. En este escenario, es de esperarse que el Gobierno formule esta y otras compensaciones que empujen a las compañías.

Si el objetivo es que el intercambio funcione, se podrían pensar opciones como la citada extensión de plazo o mayor volumen garantizado. Flexibilidad para vender en otros mercados la energía que hoy se vierte, refinanciamiento que baje el costo del proyecto. O, más ambicioso, un esquema de gain sharing en que la empresa retenga una fracción del ahorro que genera. Incluso un mecanismo competitivo, en que las generadoras compitan por ofrecer la mayor rebaja a cambio de ciertas ventajas contractuales, en vez de negociar una por una entre cuatro paredes.

Y pese a que el poder pareciera estar del lado de las empresas, el Estado también tiene algo que le permite pararse derecho: entre 2026 y 2028 se relicitarán cerca de 21mil GWh, lo que podría motivar a que ciertas generadoras prefieran asegurar una extensión de contrato antes que defender un precio alto que de todas formas caerá.

Enchúfese

Las empresas están en todo su derecho de hacer valer los contratos. Chile ha construido con este modelo una exitosa transformación del sistema eléctrico que nos ha permitido seguridad energética y al mismo tiempo dar pasos gigantes hacia la descarbonización. El tema es qué estrategia está diseñando el Gobierno para que este pujante modelo ahora se vuelva justo para el bolsillo de los ciudadanos.

No basta con voluntarismos, lo que se requiere es institucionalidad y plantear conversaciones serias que logren convencer a la empresas de rebajar los contratos y seguir operando. La renegociación voluntaria es una oportunidad que La Moneda no puede dejar pasar; en términos reales, aliviaría la carga económica de millones de familias y, en términos simbólicos, les permitirá anotarse un triunfo político que, mirando las últimas encuestas, le serviría para sacar los dedos del enchufe.

Existimos muchos interesados en la energía renovable, el impulso de nuevas tecnologías, la posibilidad de convertirnos en la tierra de los data centers, e incluso de activar el debate por la energía nuclear… todos temas abordados de amplia manera por el Ministerio de Energía. Sin embargo, estoy seguro que hay mucho más interesados en bajar la cuenta de la luz. El Gobierno tiene el interruptor a mano.