Karin Salgado dedicó 14 años a cuidar pacientes en el Hospital Herminda Martin de Chillán. Su muerte, el 12 de noviembre de 2019, abrió una discusión sobre el acoso laboral que terminó dando origen a la ley que lleva su nombre. Siete años después, la deuda sigue pendiente: conseguir que las instituciones no solo investiguen y sancionen los malos tratos, sino que sean capaces de prevenirlos y proteger a los trabajadores antes de que las consecuencias sean irreversibles.
A los niños de Pediatría les decía sus “pacientitos”. También se preocupaba de dos perros que vivían en el hospital y a los que había bautizado Martín y Herminda. Son algunos de los recuerdos que sus compañeros conservan de Karin Salgado, técnica en enfermería que llevaba 14 años trabajando en el principal recinto asistencial del Ñuble.
Había dedicado buena parte de su vida a cuidar a otros. Pero sus últimos años de trabajo estuvieron marcados por conflictos que terminaron afectando profundamente su vida.
Su historia dejó al descubierto un problema que va más allá de un caso particular: la dificultad de muchas instituciones para reconocer los malos tratos, intervenir oportunamente y ofrecer protección a quienes los denuncian. Esa es precisamente la deuda que persiste siete años después, pese a los avances legales: evitar que los trabajadores deban enfrentar situaciones de acoso sin recibir una respuesta adecuada.
Todo partió en enero de 2018, cuando una denuncia por hurto de insumos dio origen a una investigación administrativa. Karin fue llamada inicialmente como testigo, pero terminó sancionada. Posteriormente, fue trasladada a la bodega de farmacia, una decisión que también redujo sus ingresos.
En una presentación ante Contraloría, explicó que su sueldo era su única fuente de recursos y que tenía dificultades para cubrir sus gastos básicos. A los problemas laborales se sumó así la preocupación por llegar a fin de mes.
Finalmente, el 12 de noviembre de 2019, Karin murió por suicidio. Tenía 40 años.
Su muerte conmocionó a sus compañeros, que se movilizaron y exigieron explicaciones. El caso comenzó a conocerse fuera del hospital y puso sobre la mesa una realidad que durante años había permanecido normalizada: los malos tratos, el temor a denunciar a una jefatura y la sensación de desprotección que pueden experimentar los trabajadores.
En 2021, una investigación de BioBioChile reconstruyó el sumario, las dificultades que atravesó y los testimonios de quienes la conocieron. Entre esos relatos también apareció una Karin preocupada por los demás, que incluso ayudó a encontrar una familia adoptiva para una niña abandonada en el recinto asistencial.
De una tragedia en Chillán a una ley nacional
La familia de Karin Salgado y quienes acompañaron su causa buscaron que lo ocurrido impulsara cambios para proteger a otros trabajadores.
Casi cinco años después, el 1 de agosto de 2024, comenzó a regir la Ley 21.643, conocida como Ley Karin.
La normativa obliga a empleadores e instituciones públicas a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. También exige protocolos de prevención y procedimientos para recibir denuncias, además de reconocer que una sola conducta puede constituir acoso laboral si cumple los requisitos legales.
El cambio fue significativo en ambientes donde expresiones como “así es el jefe” o “siempre se ha trabajado de esta manera” podían utilizarse para justificar humillaciones y malos tratos.
La legislación estableció nuevas responsabilidades para las organizaciones, pero su aplicación también dejó en evidencia las dificultades para transformar prácticas profundamente arraigadas.
Miles de denuncias y los desafíos de la implementación
Entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de 2026, la Dirección del Trabajo registró 92.643 ingresos asociados a posibles situaciones contempladas en la Ley Karin.
De ellos, 32.565 fueron clasificados para continuar su tramitación bajo esta normativa y 14.658 avanzaron a investigación. En ese período, 8.528 investigaciones habían concluido y en 1.551 se constató administrativamente la existencia de hechos vulneratorios.
El 66,7% de las denuncias que llegaron a investigación fueron presentadas por mujeres, mientras que el acoso laboral concentró el 86,7% de las materias investigadas.
Sin embargo, las cifras requieren algunas precisiones. Los ingresos no equivalen a casos acreditados ni necesariamente a personas distintas. Asimismo, que una investigación no logre acreditar los hechos denunciados no significa que la denuncia haya sido falsa.
De todas maneras, los datos permiten dimensionar el funcionamiento del sistema, aunque no establecen por sí solos cuánto acoso se ha logrado prevenir.
A más de dos años de su entrada en vigencia, la aplicación de la normativa también enfrenta cuestionamientos por las demoras en las investigaciones, las dificultades para reunir antecedentes y las dudas sobre determinados procedimientos.
En ese contexto, el Gobierno impulsó modificaciones reglamentarias y el 29 de octubre reingresó a Contraloría el reglamento que busca precisar, entre otras materias, el tratamiento de denuncias incompletas y de investigaciones pendientes cuando termina una relación laboral.
Sin embargo, los cambios administrativos no resuelven por sí solos lo que ocurre dentro de los lugares de trabajo.
Un protocolo puede establecer dónde denunciar, pero no garantiza que una persona se sienta segura para hacerlo. Una capacitación puede explicar qué constituye acoso, pero no asegura que una jefatura cambie su comportamiento.
Ahí aparece uno de los mayores desafíos de la Ley Karin: conseguir que la prevención forme parte de las relaciones laborales cotidianas y no se limite al cumplimiento de una obligación.
Siete años después, la deuda que permanece con Karin Salgado
Karin nunca alcanzó a conocer la ley que hoy lleva su nombre. Tampoco pudo imaginar que su historia llegaría al Congreso y que, años después, miles de trabajadores encontrarían en ella una herramienta para denunciar situaciones de acoso.
Quienes la conocieron, sin embargo, guardan recuerdos que van mucho más allá de una ley: los niños a quienes llamaba sus “pacientitos”, los perros que cuidaba en el hospital y esa preocupación por los demás que marcó buena parte de su vida.
Son esos pequeños gestos los que permiten recordar a Karin como algo más que el rostro de una tragedia. Detrás de su nombre había una mujer, una compañera de trabajo y una persona que también merecía ser escuchada y protegida.
Siete años después, Chile cuenta con una legislación que nació del dolor y de la perseverancia de quienes no quisieron que su historia quedara en el olvido.
Pero todavía queda una deuda. Porque el verdadero legado de Karin Salgado no debería medirse solamente por las denuncias que se investigan o las sanciones que se aplican, sino por las personas que logran volver a sus hogares sin cargar con el miedo, la angustia o las humillaciones de una jornada laboral.
Quizás ese sea el homenaje más importante que Chile todavía le debe: conseguir que nadie más tenga que perder la vida para que su voz sea escuchada.
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