La defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, terminó abriendo un problema que va mucho más allá de su permanencia en el gabinete. Lo que comenzó como una controversia por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores derivó en un enfrentamiento entre la UDI y Republicanos, dos de los principales partidos que sostienen al Gobierno de José Antonio Kast.
La discusión ya no se limita a las responsabilidades del secretario de Estado. Ahora también enfrenta distintas interpretaciones sobre lo que significa ser parte del oficialismo, los límites de la lealtad presidencial y el espacio que tienen los partidos para cuestionar decisiones de La Moneda.
El conflicto se arrastra desde que se conocieron 56 reducciones de condena autorizadas entre marzo y septiembre. La Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, mientras sectores de la oposición avanzan en una eventual acusación constitucional.
Pese a las presiones, Kast ha mantenido su respaldo al ministro. Una decisión con la que busca reafirmar su autoridad, pero que también ha profundizado las diferencias con sectores de sus propios aliados.
La UDI marca distancia y rechaza guardar silencio
Una de las señales más claras del malestar provino de la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, quien cuestionó abiertamente los reproches de Republicanos contra los parlamentarios que han criticado la continuidad de Rabat.
En entrevista con La Tercera, la diputada acusó que sus aliados “confunden lealtad con ceguera política”, instalando una discusión sobre la autonomía que deben mantener los partidos frente a las decisiones del Presidente.
Weisse también defendió el derecho de su bancada a evaluar una eventual acusación constitucional sin comprometer anticipadamente sus votos, aunque manifestó reparos respecto de los fundamentos jurídicos conocidos hasta ahora.
El enfrentamiento escaló cuando los diputados gremialistas Marco Antonio Sulantay, Mario Olavarría y Natalia Romero respondieron a las críticas republicanas, argumentando que advertir al mandatario sobre los costos de una controversia también constituye una forma de lealtad.
Incluso emplazaron a sus aliados a aclarar si quieren que la UDI abandone el oficialismo, dejando en evidencia que las diferencias comenzaron a trascender el caso particular del ministro.
Sin embargo, la postura gremialista tampoco es uniforme. El presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, ha optado por una posición más cautelosa, planteando que antes de resolver sobre la continuidad del secretario de Estado, corresponde escuchar sus explicaciones.
“Lo mínimo es escucharlo, darle la oportunidad de que se defienda”, sostuvo.
Republicanos endurece el tono y cuestiona a sus aliados
Desde Republicanos, las críticas han apuntado precisamente a esa distancia que algunos parlamentarios de Chile Vamos han buscado establecer con el Ejecutivo.
El diputado Alejandro Riquelme cuestionó a quienes exigen públicamente la salida de Rabat, acusando falta de lealtad política entre los aliados que, a su juicio, deberían respaldar las decisiones del presidente.
En la misma línea, Agustín Romero defendió la determinación de Kast y llamó a los partidos oficialistas a cerrar filas con el Gobierno en medio de la controversia.
Las diferencias también llegaron a las conversaciones internas de Republicanos. Según informó BioBioChile, durante un almuerzo de bancada surgieron cuestionamientos hacia Chile Vamos por supuestos cálculos electorales, además de dudas respecto de la posibilidad de construir una coalición más amplia en el futuro.
El jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno, también cuestionó la rapidez con que algunos aliados fijaron posición frente a la continuidad del ministro.
Así, mientras en la UDI sostienen que respaldar al Gobierno no implica renunciar a las críticas, en Republicanos consideran que las diferencias públicas debilitan al Ejecutivo en momentos en que enfrenta una ofensiva opositora.
Se trata de dos visiones que, aunque no necesariamente incompatibles, están tensionando la convivencia oficialista y evidenciando las dificultades para establecer una estrategia común frente a las crisis.
Una disputa que va más allá de Rabat
Para la académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, María Pía Méndez, las críticas de sectores de la UDI responden a una intención de diferenciarse de una decisión cuyos costos políticos no están dispuestos a asumir.
La especialista observa que, históricamente, los partidos oficialistas han mostrado altos niveles de disciplina y suelen cerrar filas frente a las controversias que afectan a sus autoridades.
Sin embargo, considera que el caso Rabat presenta características distintas, precisamente porque las diferencias se han expresado públicamente.
“En este caso, se ve una tensión que se hace pública y parece reflejar un quiebre frente a lo que seguramente la UDI interpreta como una permanente pérdida de apoyo de la ciudadanía a Republicanos”, sostuvo.
Una interpretación que apunta a un eventual cálculo político detrás del distanciamiento gremialista: evitar que el desgaste del Ejecutivo termine afectando también la posición del partido frente a la ciudadanía.
El decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, introduce un matiz y considera que todavía resulta prematuro hablar de una fractura dentro del oficialismo.
“Más que un quiebre, lo que comienza a observarse en la UDI es una estrategia de diferenciación política. El partido necesita evitar que la lealtad al Presidente se transforme en corresponsabilidad por decisiones sobre las que tiene escasa influencia”, explicó.
Para Moreno, el conflicto revela un problema más profundo, relacionado con la distribución del poder y la participación de los aliados en las decisiones de La Moneda.
“El caso Rabat está revelando un problema más profundo: la disputa por quién participa realmente del poder. La disciplina oficialista funciona mientras los aliados sienten que son parte de las decisiones, no cuando solo deben asumir sus costos”, advirtió.
Desde esa perspectiva, las diferencias no responderían exclusivamente a la permanencia del ministro, sino también a una tensión sobre el papel que deben desempeñar los partidos que respaldan al Ejecutivo.
El dilema de Kast: autoridad presidencial o unidad oficialista
En medio de este escenario, Kast enfrenta una decisión que tiene consecuencias más allá del futuro de Rabat.
Por una parte, mantener al ministro permite reafirmar su autoridad frente a las presiones de la oposición y de sus propios aliados. Por otra, prolonga una controversia que está afectando la relación entre los partidos oficialistas.
La diputada Macarena Santelices, independiente de bancada UDI, incluso anticipó una eventual salida del secretario de Estado, calificando la crisis como un “incendio sin vuelta atrás”, aunque aclaró que no había conversado directamente con él.
A ello se sumó la información publicada por BioBioChile respecto de que Rabat habría ofrecido su renuncia, la que no habría sido aceptada por el Presidente.
Para Méndez, la decisión de Kast supone asumir directamente los costos de la controversia, sin conseguir reducir las tensiones entre sus aliados.
“El presidente Kast está asumiendo los costos políticos de la decisión al blindar al ministro, pero con ello no consigue aminorar las tensiones al interior de la coalición”, afirmó.
La académica considera que mantener una imagen de unidad y gobernabilidad ante la ciudadanía debería convertirse en una preocupación relevante para el Ejecutivo.
Moreno, en tanto, identifica una contradicción en la estrategia presidencial: el mandatario puede fortalecer su autoridad sobre el gabinete y, al mismo tiempo, debilitar su capacidad de conducción sobre los partidos.
“Aquí aparece una paradoja del presidencialismo de Kast: puede ganar una disputa de autoridad y, al mismo tiempo, perder capacidad de conducción política”, explicó.
“Al ratificar a Rabat, reafirma que la última palabra es suya, pero tensiona la coalición que necesita para gobernar”, agregó.
El riesgo de confundir obediencia con gobernabilidad
El episodio deja instalada una interrogante sobre la capacidad del Gobierno para mantener cohesionados a sus aliados frente a futuras controversias.
La relación entre la UDI y Republicanos no solo resulta relevante para contener el desgaste político del caso Rabat, sino también para sostener los acuerdos parlamentarios que requiere la agenda legislativa del Ejecutivo.
En ese escenario, una dificultad persistente para procesar las diferencias podría trasladarse a otras discusiones, especialmente cuando los partidos deban respaldar decisiones presidenciales que no compartan plenamente.
Para Moreno, el problema de fondo está en la diferencia entre ejercer autoridad y construir una conducción política capaz de mantener unidos a los aliados.
“El riesgo para La Moneda es confundir obediencia con gobernabilidad y descubrir que tener autoridad sobre los ministros no garantiza influencia sobre los partidos”, concluyó.
Por ahora, las diferencias no representan necesariamente una ruptura entre la UDI y Republicanos. Sin embargo, el caso Rabat dejó al descubierto una tensión que podría reaparecer ante nuevas crisis: cuánto margen tendrán los partidos para disentir del Presidente sin que sus cuestionamientos sean interpretados como una falta de lealtad.
Mientras Kast mantiene su respaldo al ministro, la controversia continúa poniendo a prueba no solo su autoridad, sino también su capacidad para administrar las diferencias dentro de una coalición que necesita mantener unida para gobernar.
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