El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebajas de condena, en medio de los cuestionamientos por los beneficios concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos.
La cartera también informó que impulsará cambios legales con discusión inmediata.
El anuncio llega después de una férrea defensa del ministro Fernando Rabat, quien presentó las rebajas como una obligación respaldada por la jurisprudencia de la Suprema. Esa explicación fue cuestionada por parlamentarios, abogados y el exministro Jaime Gajardo.
Ahora, según el comunicado emanado desde la institución, un análisis de la normativa permitió identificar un “vacío legal” relacionado con las restricciones para personas sentenciadas antes de 2022, en el caso de delitos sexuales contra niños.
El documento no precisa el fundamento jurídico de la suspensión ni anuncia que se dejarán sin efecto las rebajas ya concedidas.
“Vacío legal”: Justicia suspende tramitación de rebajas de condena
Según el comunicado, el Ejecutivo buscará ahora impedir que condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estas reducciones.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló el ministro Rabat en el documento.
“Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”, añadió.
La cartera no detalló cuánto durará la suspensión ni cómo se procederá frente a solicitudes que cuenten con órdenes judiciales. Aunque el anuncio está centrado en delitos sexuales contra menores, tampoco aclara si la medida alcanzará a otros condenados.
La polémica detrás del anuncio
La controversia comenzó tras conocerse que Justicia dictó 56 decretos de rebaja por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Los antecedentes, revelados inicialmente por Interferencia, provocaron críticas parlamentarias y el anuncio del PC de reunir firmas para interpelar a Rabat.
La explicación ministerial apuntaba a la reforma de 2022 que incorporó exclusiones al beneficio. Según Justicia, la interpretación mayoritaria y reiterada de la Suprema impedía aplicar esa restricción a delitos cometidos antes del 9 de febrero de ese año.
Sin embargo, BioBioChile revisó cuatro causas en que el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma, tres resueltas durante el actual gobierno. Esos fallos no demuestran que las 56 rebajas sean ilegales, pero cuestionan que concederlas fuera una respuesta jurídicamente inevitable.
La discusión también se extendió a los condenados por crímenes de la dictadura.
Justicia informó tres decretos por secuestro calificado y tortura, dos correspondientes a internos de Punta Peuco. Este medio, además, accedió al decreto que descontó 19 meses a César Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por los secuestros de cinco detenidos desaparecidos de 1987.
Qué propone modificar Justicia
Entre las medidas anunciadas figura un proyecto para cambiar el procedimiento de reducción de condena, sus causales de exclusión y las reglas que determinan qué requisitos deben exigirse a los postulantes según la fecha.
El ministerio también anunció normas para garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas, además de indicaciones e iniciativas destinadas a restringir estos beneficios.
En paralelo, el Ejecutivo impulsará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, que, según el comunicado, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
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