No fue el Estado, fue su gobierno

“Jamás indultaría a ningún abusador de niños, jamás”. Lo dijo el presidente José Antonio Kast, con la seguridad de quien dice una frase que no le cuesta nada. Es de esas promesas que se aplauden solas.

El problema es lo que vino después. Entre marzo y septiembre, las autoridades del Ministerio de Justicia firmaron 56 decretos que rebajaron condenas a violadores y abusadores de niños, niñas y adolescentes a razón de uno cada tres días, sin que ningún juez los obligara. Y el nuevo vocero de Gobierno reconoce que, hasta donde sabe, están todos libres.

No es un indulto, dirán en La Moneda, es sólo una rebaja de la condena. Para las víctimas esa diferencia no existe: es el mismo agresor en la calle antes de tiempo.

Basta analizar los casos que se conocen. Un hombre detenido en flagrancia mientras agredía a un niño de 10 años en Los Andes recibió 18 meses de rebaja y salió apenas se firmó el decreto. Lo mismo un condenado por abusar de una joven de 16 años con discapacidad intelectual. En la lista aparece también un médico de O’Higgins denunciado por casi 20 mujeres.

Y esta semana supimos algo peor. Al revisar los expedientes, se encontraron informes donde, parte de los que fueron liberados, poseían pesquisas psicológicas de Gendarmería que señalaban un alto riesgo de volver a agredir sexualmente. Esa es la dura realidad que estamos evidenciando.

¿La respuesta del Presidente? Que no le correspondía evaluar ese riesgo, porque el ministro “no tiene competencias para ponderar esos antecedentes”. O sea, tenía atribuciones para firmar la libertad anticipada, pero no para leer el informe que advertía el peligro. Eso no es cumplir la ley. Es mirar para el lado.

Pero el relato que trata de encubrir esta aberración cambia cada día y empeora aún más las cosas. El miércoles, el vocero Gonzalo Arenas dijo que el procedimiento era “impecable” y que la polémica era “malintencionada”. El viernes mostró en cámara un decreto del gobierno anterior para decir que se hizo lo mismo, omitiendo que esa administración rechazaba estas solicitudes y solo las concedía cuando un tribunal lo ordenaba. Ese mismo día aseguró que lo firmado no se podía revertir. El lunes ya decía que “humanamente estamos en deuda” y que el ministro buscaba la forma de revertir los hechos. Y hoy habla de “errores humanos y políticos graves” y promete revocar “todas” las libertades, mientras sostiene que, a su juicio, se trata de una ley penal que no puede aplicarse hacia atrás. Realmente no se entiende.

El ministro Rabat es el principal responsable, pues señaló que solo cumplía sentencias de la Corte Suprema, y la presidenta de la Corte lo desmintió: “los decretos los dictó él, y llevan su firma”. Después dijo que estaba obligado a firmar, y al día siguiente suspendió las firmas. Lo obligatorio se volvió voluntario de un día para otro. En conclusión, nada ni nadie lo obligó. Fue una decisión política, una errada decisión.

Y no fue solo con abusadores. El mismo ministerio le rebajó 19 meses a un exagente de la CNI condenado por el secuestro de cinco jóvenes cuyos restos siguen desaparecidos.

Este lunes, el Presidente por fin habló y dijo que “el Estado les falló”. No, Presidente. No fue el Estado en abstracto. Fue su gobierno, con nombre, apellido y firma. Y la solución que ofrece es mantener en sus cargos a los mismos que firmaron, para que arreglen lo que ellos mismos hicieron, bien el mea culpa, pero no basta. Es hora de asumir responsabilidades por haber dado las espaldas a los niños y niñas de Chile.

Ni su propio sector se cree esa versión. Karla Rubilar habló de un “error gravísimo”, Evelyn Matthei dijo que habría hecho todo lo posible por no firmar y parlamentarios oficialistas le piden la renuncia al ministro Rabat.

“Faltó una mirada política”, admitió Rabat. No, ministro. Lo que faltó fue mirar a las víctimas: a las familias que pelearon años por una condena y que hoy se enteran por la prensa de que su agresor salió antes, por un decreto firmado por orden de quien recalcó que “con los niños no”.