La acusación constitucional contra el todavía ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría quedar en suspenso si se confirma su salida del Gobierno antes de la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados. La Democracia Cristiana asumiría la redacción del libelo, aunque el Partido de la Gente podría jugar el papel decisivo, al contar con los votos necesarios para inclinar la balanza en la Cámara Baja.
La permanencia de Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia es la principal interrogante que enfrenta la oposición antes de concretar el ingreso de una acusación constitucional contra el secretario de Estado. La ofensiva se ha intensificado tras la revelación de nuevos antecedentes sobre los beneficiados con rebajas de condena, individualizados en un reportaje de BioBioChile.
La redacción del libelo quedará en manos de la bancada de la Democracia Cristiana, aunque fuentes de Radio Bío Bío aseguran que el jefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva, será el encargado de supervisar todo el proceso.
La principal disyuntiva en la oposición es que la acusación tendría más sustento político que jurídico, por lo que una eventual salida de Rabat podría desactivar la ofensiva, pese a que existe un plazo de tres meses para presentar el libelo desde que un ministro deja su cargo.
El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, sostuvo que los antecedentes revelados por BioBioChile agravan la situación del secretario de Estado y que la controversia ya escaló desde el ámbito político al institucional.
“Cuando uno empieza a ver el detalle de todas las personas que estaban condenadas y que hoy 33 de ellos ya están en libertad, uno entiende que la situación que se ha provocado es más grave y que ha provocado realmente una crisis, no solamente en el gobierno, sino que también en la forma en como se manejan este tipo de instituciones”, apuntó.
Oposición suma antecedentes para acusar a Rabat
En paralelo, la Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de tres proyectos de ley que buscan restringir el beneficio de rebaja de condenas para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse. Una de las iniciativas fue presentada por el Gobierno, mientras que las otras dos corresponden a propuestas de parlamentarios.
El presidente de la Comisión de Constitución, el senador liberal Vlado Mirosevic, cuestionó que el Ejecutivo no haya mostrado señales de arrepentimiento ni voluntad de reparar el daño, aunque aseguró que buscarán avanzar en la tramitación de las iniciativas con la mayor rapidez posible.
“No hemos visto empatía de parte del gobierno. En este caso, tampoco hemos visto ánimo de reparar el daño. Lo que vamos a hacer es legislar lo antes posible. Estas iniciativas que son de izquierda a derecha, da lo mismo; lo importante es que esto se legisle y que nunca más un ministro o un gobierno cometa esta atrocidad”, sentenció.
A estos antecedentes se suman los casos de tres ciudadanos venezolanos condenados por extorsión y vinculados al Tren de Aragua, quienes también fueron beneficiados con rebajas de condena. Parlamentarios de oposición advierten que estos hechos podrían aportar nuevos argumentos para sustentar el libelo acusatorio.
La información, revelada por Interferencia, abrió un nuevo flanco para el Gobierno. A la controversia por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad, ahora se agregan casos relacionados con el crimen organizado.
El diputado socialista Daniel Manouchehri fue más allá y planteó interrogantes sobre una eventual infiltración de organizaciones criminales en el Gobierno, cuestión que, a su juicio, debe investigarse.
“Nosotros creemos que se debe investigar a fondo. Yo no sé qué es lo que está pasando con el gobierno; el gobierno tiene que explicar esto. No sabemos quizás si el crimen organizado ya penetró en el gobierno; eso son preguntas que están sobre la mesa”, enfatizó.
Por su parte, Fernando Rabat defendió la legalidad de las rebajas de condena, argumentando que los beneficios se ajustan al marco normativo vigente. El ministro sostuvo que la legislación no establece una exclusión general para condenados por delitos asociados al crimen organizado y que personas sentenciadas por ilícitos de distinta gravedad han accedido a este mecanismo.
“Esta es una ley que se encuentra vigente desde el año 2023. Y salvo casos muy específicos, no excluye a tipos de delitos. Han recibido beneficios carcelarios condenados por delitos de distinta gravedad”, explicó.
El PDG asoma como clave para el futuro de la acusación
De concretarse el ingreso del libelo, previsto para el próximo martes, los diputados del Partido de la Gente podrían convertirse en actores decisivos para determinar si la acusación avanza al Senado. Sin embargo, la bancada permanece dividida y, hasta ahora, no existe una postura oficial: mientras algunos parlamentarios estarían dispuestos a respaldarla, otros se inclinan por rechazarla.
Entre quienes se oponen figura la diputada Zandra Parisi, quien valoró la gestión de Rabat en otras iniciativas legislativas y sostuvo que la decisión de mantenerlo o removerlo del cargo corresponde exclusivamente al presidente de la República.
“Si el ministro sale o no sale, es una decisión al fin y al cabo del presidente. Debo reconocer que el trabajo que ha hecho el ministro frente a otros proyectos de ley ha sido muy bueno. Dentro de los equipos de los distintos ministros, faltan personas con una mirada política”, cuestionó.
Así, la oposición enfrenta horas decisivas para definir el futuro de la acusación constitucional. El anuncio se concretaría este miércoles por la tarde, una vez concluida la sesión especial por las rebajas de condena, siempre que La Moneda no se adelante con un eventual cambio de gabinete que incluya la salida de Fernando Rabat.
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