La crisis por las rebajas de condena abrió diferencias en el oficialismo. Mientras algunos sectores piden la salida de Fernando Rabat y otros no descartan respaldar una acusación constitucional, distintas voces han puesto el foco en el gobierno anterior.
Una defensa que deja en segundo plano una diferencia central: rechazar las solicitudes y disputar las rebajas ante los tribunales no es lo mismo que concederlas directamente.
Ramírez: “No son solo de este gobierno”
Las rebajas de condena están reguladas por la Ley 19.856, modificada en 2022 por la Ley 21.421 para excluir delitos sexuales contra personas menores. La discusión jurídica se concentra en la aplicación de esa exclusión a hechos anteriores a la reforma.
En la administración anterior, Justicia rechazó solicitudes y defendió esas negativas ante los tribunales. Los decretos ahora cuestionados, en cambio, aprobaron los beneficios por vía administrativa, sin una orden judicial que ordenara a aprobar.
En ese contexto, y tras las revelaciones de Interferencia y el reportaje de BioBioChile sobre los antecedentes de los condenados beneficiados, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció la gravedad de los casos, pero insistió en concentrarse en una reforma legal.
“Acá lo que importa es lo que ocurra hacia el futuro”, sostuvo. Sobre la continuidad de Rabat, se remitió a su ratificación: “Ayer el Presidente fijó una posición”.
Pero consultado por los informes publicados por BioBioChile sobre riesgo de reincidencia de los condenados, su falta de reconocimiento de los delitos y ausencia de empatía con las víctimas, Ramírez llevó la respuesta hacia la administración anterior.
“Lo que usted me menciona respecto de personas que no entienden lo que hicieron o no están arrepentidas o no ven la gravedad o que pueden reincidir, no son casos de este gobierno, son casos que también ocurrieron en el gobierno del presidente Boric con las órdenes judiciales que estas personas tenían que obtener este beneficio,”, afirmó.
Ramírez calificó lo expuesto en los últimos días como algo “francamente perturbador”, pero apuntó al funcionamiento del sistema: “Eso significa que la institucionalidad no funciona”.
Moreno apunta a lo que no se hizo antes
El diputado republicano Benjamín Moreno reconoció que “esto se trata de un error político y no jurídico” y defendió la actuación del ministro. También atribuyó a los cuestionamientos una intención de perjudicar al Ejecutivo: “Lo que están persiguiendo es más que nada generar un daño al gobierno”.
Su argumento apuntó a los rechazos del gobierno anterior y a los fallos que, según expuso, obligaron a conceder las rebajas. Cuestionó por qué esas autoridades no impulsaron antes un cambio legal.
“Cuando tú ibas en el caso 89, no le saltó ninguna alarma. Y cuando iban en el caso 128, tampoco le saltó ninguna alarma”, planteó.
Los reproches a Gajardo, Cordero y Ríos
En redes sociales, el diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del presidente Kast, sostuvo que los fallos adversos demostraban un error de las autoridades anteriores.
“El exministro tuvo 276 sentencias judiciales que lo contradicen y le ordenaron hacer algo que no hizo. Y acusa de error jurídico a otro”, escribió.
El diputado republicano Luis Sánchez responsabilizó directamente a los anteriores titulares de Justicia: “Los ministros Gajardo, Cordero y Rios liberaron a 276”.
“Se justifican con que presentaron recursos en tribunales, pero siempre supieron que esos recursos se rechazaban”, agregó. Luego preguntó: “¿Por qué no presentaron un proyecgto de ley? ¿Que esconden?”.
Rechazar y disputar no es lo mismo que conceder
Esa defensa, sin embargo, pasa por alto una diferencia central. En los casos judicializados que invocan, el gobierno anterior rechazó las solicitudes y defendió esas negativas ante los tribunales, incluida la Corte Suprema. Las rebajas que debió conceder después respondieron a resoluciones judiciales que lo obligaron a hacerlo.
En cambio, los decretos ahora cuestionados concedieron directamente los beneficios. Aunque ambos caminos pudieran terminar en una reducción de pena, la actuación del Ejecutivo fue distinta: en uno se opuso y sostuvo esa posición ante la justicia; en el otro aprobó las rebajas sin esa disputa previa. A eso, entre otras cosas, apuntan las críticas que cayeron sobre Rabat.
La mirada hacia atrás tampoco representa a todo el sector. Hay voces oficialistas que no descartan sumarse a una eventual acusación constitucional y parlamentarios que han pedido derechamente la renuncia de Rabat, entre ellos María José Gatica, Rojo Edwards y Marlene Pérez. Sobre una eventual AC, Durán evitó anticipar su posición y Pérez expresó que espera que no sea necesario llegar a esa instancia, porque considera que el Gobierno debe asumir antes la responsabilidad política.
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