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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía recurrirá a la Corte Suprema para revertir los límites que la Corte de Apelaciones de Santiago impuso al análisis de teléfonos incautados en el caso Junaeb. El fallo permitió seguir revisando los dispositivos, pero estableció controles, plazos y la eliminación de información ajena a la investigación. El máximo tribunal deberá definir las condiciones para acceder y utilizar los datos. La causa indaga pagos a Soser por servicios presuntamente no prestados.

La Fiscalía recurrirá ante la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que estableció límites a la revisión de información extraída de teléfonos incautados en la investigación del caso Junaeb.

Entre los involucrados está Darío Calderón, cuya defensa, encabezada por el abogado Samuel Donoso, presentó un recurso de amparo para cuestionar el acceso a sus chats.

La Corte de Apelaciones acogió parcialmente los recursos y fijó mecanismos de control judicial para resguardar información privada que no estuviera relacionada con los hechos investigados.

La resolución no prohibió, eso sí, que el Ministerio Público continuara con la extracción y análisis de los dispositivos, pero estableció plazos y condiciones para identificar los antecedentes pertinentes y eliminar aquellos ajenos a la causa. Los amparos fueron agrupados para su revisión ante el máximo tribunal.

El académico de la Universidad Central, Neftali Carabantes, recordó que el fallo no impidió que la Fiscalía siguiera adelante con el análisis de los teléfonos.

La Suprema deberá revisar los cuestionamientos del Ministerio Público y resolver si mantiene las medidas de resguardo establecidas por la Corte de Apelaciones o modifica las condiciones para examinar y utilizar la información.

En la antesala de los alegatos, Hugo Gutiérrez, uno de los investigados, fue consultado por la posibilidad de que la Fiscalía busque revertir la resolución, pero evitó profundizar en el asunto.

“Hagan lo que tengan que hacer y yo haré lo mío”, afirmó escuetamente.

Será el máximo tribunal el que zanje si el Ministerio Público puede acceder a los chats y demás información extraída de los dispositivos incautados, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control judicial.

La causa, a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, apunta a pagos a la empresa Soser por servicios que no se habrían entregado.