El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por presunto fraude al fisco en el caso Junaeb, sin individualizar a los políticos investigados en la causa. Abogados advierten que la Fiscalía puede perseguir nuevas responsabilidades y que la acción judicial podría ampliarse mientras se desarrolla la investigación.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por presunto fraude al fisco en el caso Junaeb, que investiga irregularidades en contratos de alimentación escolar. Sin embargo, la acción no individualiza a los políticos vinculados a la indagatoria y, según conoció La Radio, fue dirigida contra todos quienes resulten responsables.
La causa, a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, apunta a pagos a la empresa Soser por servicios que no se habrían entregado. El CDE cuestiona desembolsos superiores a 14 mil millones de pesos por onces escolares no ejecutadas, además de modificaciones contractuales que habrían favorecido a proveedores.
En la investigación figuran los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el abogado y lobista Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro” y defendido por Samuel Donoso. Sin embargo, sus nombres no aparecen como querellados, lo que abre interrogantes sobre las consecuencias judiciales.
El académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, explicó que esta omisión no impide a la Fiscalía investigar ni imputar a personas determinadas, ya que es el Ministerio Público quien dirige la persecución penal.
“El Consejo de Defensa del Estado tiene la facultad solo de un querellante que, como quien dice, es la de ayudar al fiscal. Por lo tanto, más allá de lo que diga el Consejo o no diga, el fiscal puede tomar las medidas que correspondan, imputar a quien le parezca”, apuntó.
La querella también permite al CDE participar activamente en la investigación y solicitar diligencias para esclarecer el eventual perjuicio fiscal. Además, plantea investigar posibles delitos de soborno y cohecho.
El abogado y académico de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, señaló que el Consejo podría ampliar su acción contra otras personas si aparecen nuevos antecedentes durante la investigación.
“Según se vaya desarrollando la investigación por parte del ente persecutor, esto podría eventualmente cambiar en el futuro. Es más, el propio Consejo de Defensa del Estado puede el día de mañana ampliar la querella deducida”, explicó.
Entre las diligencias de la causa figura el análisis de dispositivos electrónicos incautados a algunos investigados. La Corte de Apelaciones de Santiago estableció límites para revisar comunicaciones privadas ajenas a los hechos, sin impedir el examen de información pertinente.
Por su parte, el docente de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, destacó que la acción también busca determinar los montos comprometidos y podría permitir recuperar recursos públicos. Asimismo, advirtió que una eventual condena por fraude al fisco podría significar penas de cárcel.
“Estamos hablando de cerca de 14.000 millones de pesos que, según los informes de Contraloría, no se habrían integrado. Pero eso convierte al caso en un fraude al fisco agravado. Obviamente, las sanciones en su caso estamos hablando de penas que parten de 5 años y un día a 10 años”, sentenció.
Por ahora, no existen responsabilidades penales establecidas. La investigación deberá determinar el destino de los recursos, las eventuales gestiones irregulares y si aparecen nuevos antecedentes que involucren a otros participantes de esta trama.
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