Las responsabilidades por las rebajas de condena no se agotan en Fernando Rabat. Así lo planteó el exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien cuestionó la mirada “pro reo” de los tribunales, calificó como un error político la decisión del actual ministro y propuso revisar el sistema para evitar que estas evaluaciones terminen convertidas en un simple trámite.
Sus declaraciones se dan en medio de la polémica abierta por las revelaciones de Interferencia y el reportaje de BioBioChile que expuso los nombres y las historias detrás de los 56 condenados por delitos sexuales que recibieron rebajas de sus penas.
Mientras aumentan las peticiones de salida de Rabat, el presidente José Antonio Kast lo ratificó y anunció cambios legales y gestiones para intentar revertir los decretos. Gómez, sin embargo, puso dudas sobre la eficacia del camino que podría tomar el Ejecutivo y apuntó también al papel de las cortes.
A su juicio, existe “una mirada pro reo que no tiene ninguna lógica porque hay que también preocuparse de qué pasa con las víctimas”.
Gómez critica rebajas de condena y la mirada “pro reo”
Para el exministro Gómez, una parte del problema está en cómo se determina que un condenado está en condiciones de recibir una rebaja. Su crítica es que la evaluación termine centrada en comprobar asistencia a clases, trabajo y buena conducta, sin resolver la pregunta de fondo: si existen antecedentes de una rehabilitación efectiva.
“Finalmente se transformó en un acto burocrático de checklist”, sostuvo en El Mostrador.
También cuestionó las interpretaciones judiciales que, a su juicio, han favorecido a los internos. Por eso advirtió que otra ley podría volver a abrir la misma disputa ante los tribunales.
“Teniendo una mirada pro reo, lo más probable es que tengan fallos también muy favorables a los internos”, señaló.
“Es un error grave y es un error político”
Gómez también fue consultado por los antecedentes publicados por Interferencia sobre solicitudes que Rabat rechazó inicialmente, antes de comenzar a conceder rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores cometidos antes de 2022.
“No tengo explicación”, respondió.
El exministro dijo que habría mantenido el rechazo y cuestionó la explicación de que los fallos favorables a los condenados hicieran innecesario seguir disputando estos casos.
“No lo entiendo porque es un error grave y es un error político”, afirmó.
Desde su experiencia en el cargo, insistió en que estas decisiones requieren considerar sus consecuencias, más allá de la discusión jurídica. Recordó que durante su gestión también se opuso a rebajas y enfrentó controversias judiciales por esas decisiones.
Según explicó, le resultaba difícil aceptar que se considerara rehabilitada a una persona que no había reconocido sus delitos ni se había sometido a tratamiento.
Frente a los anuncios del Gobierno, Gómez aclaró que no conoce la estructura jurídica de la propuesta, pero anticipó que podría terminar en una ley interpretativa que vuelva a quedar sujeta al criterio de los tribunales.
“Creo yo que hay que buscar soluciones mucho más radicales y prácticas”, planteó.
Derogar la ley
Su primera propuesta es modificar el reglamento penitenciario para exigir que quienes aprueben las rebajas fundamenten sus decisiones, las firmen y se pronuncien de manera unánime.
“Que ponga su firma, que ponga su responsabilidad, que voten unánimemente y que digan por qué”, expresó.
También abrió la posibilidad de derogar la ley, aunque condicionó esa alternativa a una evaluación previa: determinar si cumplió sus objetivos y si es posible corregir su funcionamiento.
“No es simplemente derogar, hay que analizar bien cómo opera el sistema”, advirtió.
El exministro recordó que existen otros mecanismos de salida y que, incluso sin una rebaja, las penas llegan a su término. Por eso, sostuvo que la discusión debe abordar qué condiciones se exigen para salir antes y cómo se prepara a los internos para volver a la sociedad.
Como otra alternativa, propuso poner en vigencia un tribunal de cumplimiento de penas que se encargue de estas materias y permita conducir la rehabilitación y la reinserción. “Para eso se necesitan recursos”, recalcó.
Respecto de la ratificación de Rabat, Gómez sostuvo que todavía queda por delante el proceso político. Mencionó tres caminos para hacer efectiva una responsabilidad: una decisión del presidente, que el propio ministro dé un paso al costado o una acusación constitucional.
Pero insistió en que esa discusión debe avanzar junto con cambios que eviten repetir el problema. Para el exministro, además de resolver quién responde por las rebajas, hay que revisar cómo se conceden y qué antecedentes permiten sostener que una persona está preparada para salir antes de la cárcel.
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