El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión de conceder 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores, respaldándose en lo que, a su juicio, es “una jurisprudencia bastante generalizada” que ha acogido ese tipo de recursos.
Consultado al respecto, el secretario de Estado recordó que “en 2022 se efectuó una reforma legal que excluye a todos aquellos que se encuentren condenados por delitos sexuales de obtener este tipo de beneficios. Y, por lo tanto, desde esa fecha no se concede ninguno de esos beneficios”.
No obstante, advirtió que “existe un principio de orden constitucional y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado”, razón por la que, a su juicio, “hay una jurisprudencia, bastante generalizada, que ha recogido recursos de amparo respecto a aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado“.
En esa línea, respecto a las rebajas concedidas por su cartera, explicó que “lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es recoger el principio constitucional que está establecido en el artículo 19, número 3, y también se ha fundado en la jurisprudencia existente. Y ello ha quedado expresamente recogido en cada una de las resoluciones que se han dictado, señalando expresamente la gravedad de estos delitos”.
Así, insistió en que existe jurisprudencia sobre estos casos y destacó que, por lo mismo, “nos parecen también muy relevantes los proyectos de ley que parlamentarios, tanto diputados como senadores (…), puesto que, evidentemente, van a servir para evitar este vacío que arrastra la modificación de 2022”.
Rabat responde por resoluciones de gobiernos anteriores
Consultado sobre por qué en gobiernos anteriores, a diferencia de lo ocurrido ahora, se rechazó conceder este tipo de rebajas desde el Ministerio de Justicia, Rabat replicó: “Creo que el resultado es el mismo. Durante el Gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas, en que se acogieron estos beneficios“. Así, apuntó al resultado final de los recursos ante la justicia.
“Son de la misma materia esos 275 casos, y lo importante, como les digo, es entender que acá hay un problema legal de irretroactividad de la ley penal que se dictó en 2022. Y por eso celebro que los parlamentarios hayan presentado proyectos de ley para superar este problema, que evidentemente no podemos sino estar de acuerdo con esos parlamentarios, de cerrar un espacio que quedó en la legislación de 2022”, profundizó.
El ministro también fue insistido sobre por qué no se rechazaron los recursos con el objetivo de que pudieran ser resueltos posteriormente por un tribunal. Al respecto, respondió: “Eso debiera ser una reforma legal y, por lo tanto, bienvenidos los proyectos de ley que están presentando los parlamentarios”.
Finalmente, ante una nueva pregunta sobre las decisiones de gobiernos anteriores de rechazar las rebajas, concluyó: “Ese es un problema de aplicación de la ley. Eso es: aplicación de la Constitución y de la ley, que fue aquello respecto a lo cual un ministerio debe actuar. Asentado, además, en una jurisprudencia mayoritaria sobre la materia“.
Chevesich evita zanjar que exista la jurisprudencia aludida por Rabat
Sobre la jurisprudencia en la que se respaldó el ministro, fue consultada la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
Al respecto, en primer lugar, replicó que “sobre la materia no me voy a pronunciar. Ya lo dije ayer, que fue el ministro de Justicia el que dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene. Y no voy a pronunciarme tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque cada caso se analiza, cada caso concreto“.
No obstante, ante la insistencia sobre si existe o no un criterio de la Suprema en estos casos, agregó: “Es que en realidad yo para ese efecto tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia, y esa labor le corresponde a los doctrinarios, los estudiosos de la sentencia de la Suprema”.
Así, la ministra evitó zanjar si existe o no la jurisprudencia a la que aludió Rabat.
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