El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció que el Gobierno dará suma urgencia a proyectos de ley que buscan impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a beneficios de rebaja de condenas.
La decisión se conoce en medio de la controversia por los 56 decretos de rebaja de condenas cuestionados, que han generado críticas al Ejecutivo por beneficiar a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado adelantó que el Gobierno respaldará las iniciativas que actualmente se encuentran en el Congreso y presentará un proyecto propio para corregir los vacíos de la legislación vigente.
“No vamos a dejar que este asunto se vuelva a revisar por la Corte Suprema vía amparos porque vamos a iniciar la tramitación de proyectos legales con suma urgencia, a objeto de poder cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales”, aseguró Rabat.
Los cambios legales que impulsará el Gobierno
Según explicó el ministro, la propuesta del Ejecutivo apunta a modificar los requisitos para acceder a estos beneficios, de manera que sean evaluados conforme a la legislación vigente al momento de presentar la solicitud.
Con ello, se busca aplicar un criterio similar al que actualmente rige para la libertad condicional, establecido en el Decreto Ley N.º 321.
“Tomamos el problema, establecemos un diagnóstico y buscamos la forma de solución. Y no nos escudamos simplemente en las decisiones que toman los tribunales de justicia”, sostuvo.
Respecto de los 56 decretos cuestionados, Rabat recordó que desde febrero de 2022 la legislación excluye expresamente de estos beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, explicó que, para las condenas anteriores a esa modificación, se consideraron las disposiciones que impiden aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del condenado, además de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.
Finalmente, el titular de Justicia reiteró que el Ejecutivo respaldará las mociones parlamentarias presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
“Vamos a evitar que existan nuevos beneficios que se otorguen a estos condenados por delitos graves y, por tanto, vamos a abordar el problema y vamos a evitar que en el futuro se repita la situación”, concluyó.