El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) advirtió que la judicialización de órdenes de expulsión de extranjeros genera situaciones de “irregularidad perpetua”, al impedir su salida de Chile sin ofrecerles una vía para regularizar su situación migratoria.
La institución salió a precisar los alcances de la cifra de 3.738 deportaciones frenadas por recursos judiciales presentados ante las Cortes de Apelaciones del país durante 2026.
Según explicó el organismo, el número corresponde a acciones constitucionales interpuestas por ciudadanos extranjeros que buscan dejar sin efecto sus órdenes administrativas de expulsión.
La admisión a trámite de estos recursos paraliza de manera precautoria los procedimientos de deportación mientras se resuelve la acción judicial. Esta situación incluso ha frustrado salidas del país cuando los afectados ya se encontraban a bordo de aeronaves.
Sermig advierte efectos en la seguridad y el empleo
En ese contexto, el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, sostuvo que un 19% de los recursos son acogidos por los tribunales, lo que deja a las personas involucradas en una situación migratoria que, según advirtió, no tiene una solución definitiva.
Sauerbaum precisó que dejar sin efecto una orden de expulsión mediante una resolución judicial no equivale a conceder una visa ni una residencia legal en Chile.
En esa línea, afirmó que las personas afectadas quedan en condición irregular, sin poder ser expulsadas, pero tampoco con alternativas para regularizar su permanencia en el país.
“Al mantener un estatus irregular perpetuo, quedan atrapadas sin opciones de acceder a un trabajo formal ni acceder a beneficios sociales”, manifestó el director nacional.
Resoluciones
Como ejemplo del impacto operativo de estas resoluciones, el servicio indicó que durante este año 73 extranjeros que se encontraban en situación irregular fueron bajados de los aviones en los que se disponían a abandonar el territorio nacional.
Desde el organismo también alertaron sobre las consecuencias que, a su juicio, tiene la extensión de estos procesos judiciales para la fiscalización migratoria.
Según plantearon, los plazos de resolución pueden prolongarse durante semanas o meses, especialmente cuando las causas llegan a la Corte Suprema. Esto, advirtieron, puede dificultar la ubicación de las personas involucradas y mantenerlas fuera del radar de las autoridades policiales.
El Sermig sostuvo que esta situación no solo dificulta la aplicación de las medidas sancionatorias del Estado, sino que también plantea problemas para el control migratorio y el orden público.
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