Esta mañana de miércoles se confirmó que finalmente el gobierno retirará la reforma constitucional en materia de seguridad que había ingresado al Congreso y que generó cuestionamientos entre distintos sectores, luego de alcanzar un acuerdo para trabajar en un nuevo texto.
Así lo confirmó el senador Pedro Araya (PPD), tras participar en una reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo, instancia en la que se abordó la agenda de seguridad y la tramitación de distintas iniciativas legislativas.
Según contó el parlamentario de oposición, durante el encuentro existió un “buen clima” y un consenso respecto de la necesidad de alcanzar acuerdos para avanzar en los proyectos vinculados a la seguridad.
En ese contexto, Araya sostuvo que el Ejecutivo manifestó su disposición a retirar la actual reforma constitucional una vez que exista una propuesta alternativa que permita abordar los problemas que motivaron su presentación.
“En cuanto a la reforma constitucional en materia de seguridad, el gobierno ha manifestado su disposición a retirar la reforma una vez que se presente un texto alternativo que se haga cargo de resolver los problemas que estaban planteados originalmente en la reforma”, dijo el senador.
El senador detalló que se estableció una línea de trabajo para elaborar una nueva iniciativa, la que esperan que sea presentada durante la próxima semana.
“Esperamos que la próxima semana se presente un nuevo proyecto de ley en materia de reforma constitucional en materia de seguridad pública y el Gobierno en ese instante retiraría la reforma que presentó originalmente”, afirmó.
De esta manera, el Ejecutivo busca reemplazar la propuesta actualmente en el Congreso por un nuevo texto, en medio de las conversaciones con los distintos sectores para destrabar la agenda legislativa en materia de seguridad.
Los ítems clave de lo que sería la nueva reforma de seguridad
De acuerdo a información de Radio Bío Bío, el acuerdo contempla que la nueva reforma constitucional se estructure sobre tres ejes principales.
El primero apunta a establecer a nivel constitucional una condena al crimen organizado, considerándolo como un fenómeno que afecta las bases de la institucionalidad y la convivencia democrática, con un tratamiento similar al que actualmente recibe el terrorismo.
El segundo eje busca otorgar nuevas facultades a Gendarmería para segregar a las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad, con el objetivo de evitar que internos de alta peligrosidad sean trasladados o agrupados junto a otros reclusos, como ocurrió, por ejemplo, en el marco de la denominada Operación Cancerbero.
El tercer punto se relaciona con los estados de excepción constitucional. La propuesta mantendría los actuales estados de excepción y realizaría precisiones conceptuales respecto del estado de emergencia, de manera que quede expresamente establecido que puede operar frente a situaciones vinculadas con la seguridad pública.
De acuerdo con lo conversado en la reunión, estas modificaciones no implicarían cambios en las atribuciones que actualmente tiene el Presidente de la República ni incorporarían nuevas restricciones a los derechos fundamentales. En ese sentido, medidas como la interceptación de comunicaciones telefónicas continuarían requiriendo una orden judicial.
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