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El Escudo de las Américas llega ahora a Contraloría, con diputados de la oposición que acusan que el Gobierno lo presentó como una coordinación voluntaria, pese a que contiene compromisos sobre soberanía, minerales críticos, inteligencia y seguridad que debieron pasar por el Congreso.
Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC) recurrieron a la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de la incorporación de Chile al denominado “Escudo de las Américas”.
La tesis de los parlamentarios es directa: sostienen que el Gobierno presentó la iniciativa como un mecanismo voluntario para combatir el crimen organizado, pero que los compromisos suscritos por Chile van bastante más allá. A su juicio, se trataría de un “tratado internacional” que debió pasar por el Congreso.
Por eso acusan que el presidente José Antonio Kast habría excedido sus atribuciones y piden que el organismo liderado por Dorothy Pérez revise tanto la forma en que Chile ingresó al acuerdo como su contenido.
Escudo de las Américas: lo que informó Chile y lo que publicó Estados Unidos
Uno de los puntos centrales del requerimiento está en la diferencia que los diputados advierten entre la forma en que el Gobierno chileno comunicó la adhesión y la declaración conjunta publicada en Estados Unidos.
El 22 de septiembre, Cancillería informó que Chile se incorporaba a un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos” para combatir el crimen organizado transnacional. Destacó beneficios como intercambio de información, análisis inteligente de datos, capacitación policial y coordinación fronteriza.
Pero ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la denominada “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, suscrita por los 15 países participantes.
Y ahí, dicen los diputados, aparece una foto más amplia.
La declaración establece tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral. Incluye materias como cadenas de suministro de minerales críticos, intercambio de inteligencia y una solicitud ante la OEA para estudiar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas en el marco del TIAR.
Para los requirentes, esa diferencia es clave: sostienen que el acuerdo no se limita a cooperación policial contra el crimen organizado. Ese es el corazón de la presentación.
“Tratado internacional encubierto”
Los diputados recurren a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y plantean que lo importante no es cómo se llame un acuerdo, sino los compromisos que genera entre los Estados.
Aunque la declaración habla de la “intención” de adoptar determinadas medidas y de acciones que los países “se proponen” realizar, los parlamentarios sostienen que varias de ellas están definidas con suficiente precisión y ya tendrían efectos concretos.
“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmó el diputado Luis Cuello.
Según el parlamentario, “el gobierno ha engañado a los chilenos, poniendo en riesgo el cobre y el litio ante una potencia extranjera que ya se ha apropiado ilegalmente de las reservas de petróleo de otro país”.
La discusión por la “soberanía hemisférica”
Los diputados también cuestionan el concepto que da nombre a la declaración: “soberanía hemisférica”.
En su presentación sostienen que aquella expresión sería incompatible con el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación.
Según su interpretación, hablar de soberanía hemisférica supondría una suerte de soberanía colectiva o compartida entre Estados, algo que consideran contrario a la definición constitucional chilena. Por eso incluso piden que Contraloría solicite a Cancillería el texto original de la declaración y sus respectivas firmas.
El requerimiento identifica además dos áreas donde, según los diputados, los compromisos asumidos tocarían materias reguladas por ley.
La primera son los minerales críticos. La declaración plantea salvaguardar sus cadenas de suministro mediante fuentes “diversificadas y confiables”.
Los requirentes sostienen que aquello podría entrar en terrenos regulados por la Constitución y las leyes chilenas, particularmente en el caso del litio, y llegar a requerir cambios en su actual régimen jurídico.
El segundo punto es la seguridad. La declaración contempla mayor intercambio de inteligencia y cooperación tecnológica, pero además propone activar mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para estudiar una resolución que facilite una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas.
Los diputados interpretan que aquello podría facilitar operaciones de fuerzas extranjeras en Chile y chocar con las normas nacionales que regulan el ingreso de tropas.
“El acuerdo suscrito por Chile busca la implementación de un mecanismo que facilita la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional”, acusó Cuello.
Diputados recurren a Contraloría por Escudo de las Américas
Para los parlamentarios, el Ejecutivo habría asumido compromisos propios de un tratado internacional y sobre materias de ley sin seguir el procedimiento constitucional correspondiente.
Cuello apuntó directamente a La Moneda: “El presidente Kast ha excedido sus atribuciones, se ha excedido de las competencias que la Constitución y las leyes le reconocen, con la gravedad que lo hace para beneficiar el interés de Estados Unidos y perjudicar el interés de Chile”.
Por eso piden que Contraloría requiera a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums que formen parte del Escudo, además de los actos administrativos adoptados a partir de él.
Y, finalmente, que determine si fue legal la incorporación de Chile y las disposiciones contenidas en los instrumentos que conforman el acuerdo.
