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La Ley Antibarricadas 2.0 avanzó en la Cámara con una excepción para las protestas pacíficas que la oposición celebra como una derrota del Gobierno. En el oficialismo, en cambio, lamentan que el cambio pueda dejar fuera de la sanción los cortes parciales de tránsito que el proyecto buscaba castigar.
La Ley Antibarricadas 2.0 avanzó en la Cámara, pero el Gobierno perdió una votación que toca uno de los puntos centrales de su propuesta: sancionar también las obstaculizaciones parciales del tránsito.
La Sala aprobó una indicación del diputado Raúl Leiva (PS) que excluye de la norma a quienes ejerzan legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
La oposición lo considera una derrota para el Ejecutivo y, desde el oficialismo, advierten que el cambio desnaturaliza el proyecto.
La ley se aprobó y recibió 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. Pero la indicación de Leiva también se impuso por 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención. Ahora, el texto continuará su tramitación en el Senado.
Ley Antibarricadas 2.0: ¿Qué cambia con la indicación de Leiva?
La iniciativa busca modificar la Ley 21.208, conocida como Ley Antibarricadas, vigente desde 2020 y que incorporó al Código Penal sanciones para quienes interrumpan completamente la libre circulación en la vía pública mediante violencia, intimidación u obstáculos.
La denominada Ley Antibarricadas 2.0 amplía ese ámbito. El proyecto propone que sea delito no solo interrumpir, sino también obstaculizar total o parcialmente la circulación de personas y vehículos, además de afectar el funcionamiento regular de servicios de transporte público o privado.
Pero la indicación aprobada cambió el panorama al introducir la siguiente excepción: «Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica».
En simple, si una protesta pacífica ocupa parte de una calle, no bastaría con constatar que dificultó el tránsito para aplicar la sanción propuesta. También habría que determinar si las personas estaban ejerciendo legítimamente su derecho a manifestarse.
Ese es el punto que celebra la oposición y que preocupa al oficialismo.
“Yo creo que esta es una de las principales derrotas que ha tenido el gobierno, porque insistieron y siguen confundiendo el orden público con la seguridad pública”, afirmó el diputado Raúl Leiva. Para el socialista, la prioridad debe estar en el crimen organizado y no en “criminalizar o penalizar la protesta pacífica de peatones que obstaculizan parcialmente el tránsito de manera pacífica”.
Leiva sostuvo, además, que la indicación fue acordada con el subsecretario Guerrero en la Comisión de Seguridad y que luego el gabinete del ministro Martín Arrau intentó revertirla. “El derecho a manifestarse es consustancial al ejercicio de la democracia y no se puede criminalizar”, remarcó.
La decepción del oficialismo
El diputado UDI Eduardo Cretton valoró que el proyecto avanzara, pero lamentó la aprobación de la indicación. Explicó que él y el diputado Mauro González no concurrieron al acuerdo mencionado por Leiva porque existían discrepancias sobre qué se entiende por manifestación pacífica.
“Nosotros le consultamos, de hecho, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Pública, y ambos dijeron que las manifestaciones pacíficas consideraban el hecho de poder cortar las calles, de poder cortar el tránsito aunque sea parcialmente”, afirmó Cretton.
Ese es, a su juicio, el problema: el proyecto buscaba sancionar precisamente las obstaculizaciones parciales, aunque fuera con una multa y no con cárcel.
“Creemos que esta indicación viene a desnaturalizar por completo el proyecto que había presentado el Ejecutivo en esta materia”, sostuvo.
Desde Renovación Nacional, Diego Schalper también valoró la aprobación de la iniciativa, pero puso el acento en las personas afectadas por los cortes.
“Manifestarse pacíficamente tiene que ver con eso, con ser capaz de plantear los puntos de vista de uno, pero no por eso sentirse con el derecho de interrumpirle la vida a los demás”, señaló.
La discusión que pasa al Senado
El diputado independiente Jaime Araya defendió la indicación de Leiva porque, según dijo, “hace una diferenciación clarísima en que las manifestaciones pacíficas tienen que estar permitidas”. Cuestionó, además, que el proyecto “homologa conductas violentas con no violentas”.
La indicación no significa que cualquier bloqueo quede protegido por llamarse protesta, tampoco elimina toda la reforma. Pero sí instala una pregunta decisiva para su aplicación: cuándo una ocupación de la vía forma parte de una manifestación pacífica y cuándo corresponde sancionarla.
Esa discusión continuará en el Senado, que podrá mantener, modificar o rechazar la excepción aprobada por la Cámara.
