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Chile se une al "Escudo de las Américas" impulsado por Trump para combatir el crimen organizado transnacional. No implica tratado ni operaciones militares en territorio chileno. Se enfocará en intercambio de información, análisis de datos y coordinación con países vecinos. La adhesión generó debate en el Congreso, con oposición pidiendo transparencia y explicaciones sobre compromisos y posibles implicaciones para soberanía y defensa. Aún falta clarificar detalles operativos y costos.
La decisión del Gobierno de incorporar a Chile al denominado “Escudo de las Américas” abrió una interrogante: ¿a qué se comprometió realmente el país al ingresar a la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump?
Según lo informado hasta ahora, Chile adhirió a un marco voluntario de coordinación entre gobiernos para combatir el crimen organizado transnacional, que contempla intercambio de información, análisis de datos, capacitación policial y coordinación entre países.
No se trata de un tratado internacional ni supone, según aseguró el presidente José Antonio Kast, autorizar operaciones militares en territorio nacional.
La decisión fue comunicada este martes, luego de que Kast participara en Nueva York en el segundo encuentro del Escudo de las Américas, encabezado por Trump, dejando atrás la condición de observador que Chile había mantenido hasta ahora.
El movimiento significó además un giro respecto de lo señalado apenas días antes. El 14 de septiembre, el propio Kast había confirmado que el país continuaría como observador, mientras los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad evaluaban una eventual incorporación.
¿Qué es el Escudo de las Américas?
La iniciativa nació formalmente el 7 de marzo pasado en Miami, durante una cumbre convocada por Trump con líderes de América Latina y el Caribe.
Desde su origen, Washington la presentó como una coalición destinada a aumentar la cooperación contra los carteles de droga, las organizaciones criminales y las redes calificadas por Estados Unidos como narcoterroristas.
El componente militar ha sido uno de los puntos que ha generado controversia. Durante el lanzamiento, Trump instó a los países participantes a endurecer la ofensiva contra los carteles y planteó el uso de capacidades militares como parte de la estrategia estadounidense.
Aquello, sin embargo, no significa automáticamente que los países integrantes hayan autorizado operaciones militares estadounidenses dentro de sus fronteras. Y es precisamente en ese punto donde el Gobierno chileno ha buscado marcar una diferencia.
¿A qué adhirió Chile?
Según la información entregada por Cancillería, el Escudo funciona para Chile como un “marco de coordinación voluntaria”. Cada país mantiene sus obligaciones legales nacionales e internacionales y la incorporación busca complementar el denominado Compromiso de Santiago, promovido anteriormente por La Moneda para enfrentar el crimen organizado en Sudamérica.
En términos prácticos, el Ejecutivo ha identificado cuatro áreas: intercambio de información sobre organizaciones criminales; utilización de sistemas de análisis inteligente de datos; capacitación para Carabineros y la PDI; y una mayor coordinación fronteriza, particularmente con Argentina, Bolivia y Perú.
El foco está puesto en organizaciones que operan en distintos países. Entre ellas aparecen el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
Lo que no se ha informado hasta ahora es un compromiso chileno para desplegar tropas en otros países o permitir el ingreso de fuerzas extranjeras para realizar operaciones militares en territorio nacional.
Tampoco se han detallado públicamente eventuales costos asociados a la incorporación, plazos específicos de implementación o nuevas obligaciones presupuestarias.
Kast descarta operaciones militares
Tras participar en la cita en Nueva York, Kast salió a despejar parte de esas dudas.
“Lo que hemos señalado es que adherimos a una coordinación conjunta de 15 países”, explicó el mandatario, quien enfatizó que “aquí no hay un tratado” y descartó que la decisión implique pasar por encima de la soberanía o institucionalidad chilena.
Según el jefe de Estado, la incorporación apunta a determinadas líneas de acción contra el crimen organizado y a compartir información entre los países integrantes.
“No hay que confundir los aspectos; acá no hablamos de operaciones militares en contra de crimen organizado o terrorismo”, sostuvo, señalando que el objetivo es la “coordinación, información y seguimiento del crimen organizado”.
Kast agregó que durante la reunión tampoco se abordaron eventuales intervenciones de un país dentro del territorio de otro para perseguir organizaciones vinculadas al narcotráfico o terrorismo.
Las dudas en el Congreso
Pese a las explicaciones de La Moneda, la adhesión generó cuestionamientos desde sectores de la oposición.
El diputado Ignacio Achurra sostuvo que una definición de este tipo debió ser discutida previamente en el Congreso.
“Creemos que es un error, que esta decisión debió haber sido consultada con el Congreso, debatida”, afirmó.
El parlamentario advirtió sobre eventuales consecuencias para la soberanía y apuntó a la falta de información disponible sobre los compromisos asumidos.
“Ese es precisamente el problema, que no lo conocemos”, señaló, agregando que habría sido “una buena oportunidad para debatir y dar una discusión más amplia respecto a una decisión que puede tener complicadas derivadas para nuestro país”.
Una postura distinta planteó el diputado RN Juan Carlos Beltrán, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
“Chile no está reemplazando su institucionalidad ni entregando sus atribuciones a otro país”, afirmó.
A su juicio, el país está “sumando unidad y cooperación internacional al trabajo que ya impulsa mediante el Compromiso de Santiago”, considerando que enfrentar redes criminales transnacionales requiere “compartir información y capacidades entre Estados”.
Parisi pide transparentar los alcances
Desde el Partido de la Gente, la diputada Zandra Parisi apuntó principalmente a la forma en que el Ejecutivo comunicó la decisión.
“Seguimos con los problemas de transparencia y de comunicación. Chile y los chilenos necesitan y merecen ser informados”, sostuvo.
Parisi respaldó que el país participe en mecanismos internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero pidió aclarar los compromisos que implica.
“Chile se tiene que adherir, por supuesto, pero con las cosas claras”, señaló.
La parlamentaria planteó algunas de las interrogantes que, a su juicio, debe responder el Gobierno: “¿Significa que vamos a prestar tropas? (…) ¿Qué cargo monetario significa esto?”.
Además, pidió al Ejecutivo ampliar el diálogo con especialistas, la ciudadanía y el Congreso antes de adoptar este tipo de decisiones.
Senadores PS pedirán explicaciones
A los cuestionamientos se sumó la bancada de senadores del Partido Socialista, que manifestó su “preocupación” por la adhesión y puso el foco en el cambio de posición del Ejecutivo.
“Hasta hace pocas semanas, el propio Gobierno señalaba que Chile no formaba parte de esta iniciativa y que sus alcances no estaban definidos. Hoy se anuncia la adhesión, sin que el país conozca con claridad qué cambió, qué se acordó y qué compromisos asumió Chile”, señalaron.
Los senadores anunciaron que solicitarán que la decisión sea explicada formalmente ante la Cámara Alta y que el canciller detalle los términos de la incorporación, particularmente sus eventuales implicancias en soberanía, seguridad y defensa.
“Chile puede y debe cooperar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero una cosa es cooperar y otra comprometer los intereses permanentes del país sin que exista claridad respecto de las condiciones y alcances de dicha decisión”, agregaron.
Lo que falta por conocer sobre el Escudo de las Américas
Así, la adhesión anunciada por el Gobierno tiene hasta ahora un alcance definido: Chile se incorpora a una estructura de cooperación internacional para compartir información, análisis y capacidades frente a organizaciones criminales transnacionales.
De acuerdo con el Ejecutivo, no equivale a un tratado internacional ni constituye por sí misma una autorización para desplegar fuerzas chilenas en el extranjero o permitir operaciones militares estadounidenses en territorio nacional.
Sin embargo, todavía quedan aspectos por precisar, entre ellos los mecanismos específicos para compartir inteligencia, qué organismos chilenos participarán permanentemente, los protocolos para acceder a información, eventuales costos para el Estado y cómo se materializará la cooperación operativa.
Son esas definiciones las que permitirán establecer, más allá del anuncio político, qué significará en la práctica para Chile formar parte del Escudo de las Américas.
