El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el levantamiento del secreto bancario de funcionarios sin una orden judicial, advirtiendo que una medida de ese tipo podría abrir una “puerta peligrosa” respecto de los límites entre las facultades del Estado y la privacidad de las personas.
Las declaraciones las realizó ante la comisión de Seguridad del Senado, en medio de la discusión del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y que contempla cambios al mecanismo para acceder a información bancaria.
Arrau sostuvo que, si bien considera positivo contar con más información para enfrentar el crimen organizado, manifestó reparos a que el secreto bancario pueda ser levantado sin intervención de un tribunal.
“Hoy en día estamos empecinados en esta discusión, que está muy bien tener más datos, pero el tema del alzamiento del secreto bancario de un funcionario sin orden judicial, creemos que no es apropiado”, dijo.
En esa línea, el ministro aseguró que no conoce investigaciones que hayan quedado truncadas debido a que no se autorizara judicialmente el acceso a información bancaria.
“No ha habido ninguna investigación que se haya truncado porque no se haya dado por orden judicial el alzamiento del secreto bancario”, planteó.
Arrau advierte sobre los límites a la privacidad
Igualmente, el secretario de Estado aseguró que eliminar el control judicial podría generar un precedente para ampliar las facultades del Estado sobre información privada de las personas.
“Creemos que también abre una puerta peligrosa”, sostuvo Arrau, quien utilizó como ejemplo el acceso a las comunicaciones.
“¿Por qué no alzamos las telecomunicaciones para saber bien lo que está pasando? Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad versus que tengamos un Estado que controle más”, complementó.
El ministro insistió en que, durante la discusión, no se le ha presentado un caso concreto en que una investigación haya tenido problemas por no contar con el levantamiento del secreto bancario. “Nunca nos ha traído un caso que haya tenido problemas por no alzarse”, planteó.
Finalmente, Arrau reiteró sus reparos a ampliar esta facultad bajo el argumento de combatir al crimen organizado, apuntando directamente al riesgo de que se termine accediendo a información privada sin autorización judicial.
“Pero abrir esa puerta, que con la justificación del crimen organizado podamos acceder a toda la información de las personas, empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”.
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