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En la Región Metropolitana, el Servicio Médico Legal (SML) tiene 170 cuerpos sin retirar, algunos sin identificar. Dos contenedores refrigerados albergan este triste panorama desde 2024 debido a la acumulación de fallecidos. En otras regiones, como Los Ríos, un cuerpo NN estuvo una década almacenado por falta de autorización fiscal. Casos como el de Ramón Pacheco y Sergio Mardoff evidencian la problemática de la identificación de restos en el SML. El Senador Iván Flores calificó la situación de "vergonzosa" y exigió acciones inmediatas para resolver este dilema humanitario que deja a las familias en espera indefinida.
Hay cuerpos que esperan días. Otros, meses. Y algunos han esperado años. Esa es una de las imágenes más difíciles de asimilar que deja la situación que atraviesa el Servicio Médico Legal (SML): cadáveres almacenados durante largos períodos, algunos sin identificar y otros cuyos nombres ya se conocen, pero que permanecen en dependencias del organismo porque nadie concreta su retiro o porque aún existen diligencias pendientes.
En la Región Metropolitana, el SML contabiliza actualmente 170 cuerpos que no han sido retirados. De ellos, 138 corresponden a personas identificadas y otros 32 permanecen como NN.
Parte de esos fallecidos está almacenada en dos contenedores refrigerados instalados en el patio del recinto de avenida La Paz, en Recoleta. Cada uno mantiene cerca de 40 cuerpos.
Lo que inicialmente fue una solución de emergencia terminó transformándose en una postal permanente de un problema que se arrastra desde los años posteriores a la pandemia.
El organismo comenzó a utilizar estos contenedores en 2024, ante la acumulación de fallecidos. Originalmente eran tres. Uno de ellos ya fue desocupado y los 12 cuerpos que permanecían allí fueron sepultados individualmente en el Cementerio General. Los otros dos continúan funcionando.
El director nacional (s) del SML, Jaime Téllez, ha señalado que la institución pretende terminar con el uso de estos contenedores durante los próximos meses y que uno de los objetivos de su gestión es precisamente reducir la acumulación.
Pero el problema no termina en Santiago.
Un cuerpo durante casi una década en La Unión
En la región de Los Ríos, un caso recientemente resuelto vuelve a poner una dimensión humana sobre un problema que fácilmente puede transformarse en una estadística.
Un cadáver sin identificar permaneció durante una década en las dependencias del SML de La Unión. Finalmente, durante el primer trimestre de este año, pudo ser inhumado.
Según explicó el director regional del organismo, Hans Lungenstrans, el procedimiento no pudo concretarse antes porque el fiscal jefe de la época no había autorizado la entrega del cuerpo al SML para que este pudiera gestionar su sepultación.
Afortunadamente, con la llegada del nuevo jefe regional del Ministerio Público, se autorizó al organismo forense su inhumación.
Antes de la inhumación se tomó una muestra genética, se incorporó el perfil al Registro Nacional de ADN, se realizaron búsquedas para encontrar posibles familiares y se efectuaron tres exámenes comparativos, todos negativos.
El cuerpo finalmente fue sepultado en un cementerio de La Unión, mediante una coordinación con una iglesia evangélica.
Hoy, según el SML regional, la capacidad de conservación en cámaras refrigeradas es de 12 cuerpos en Valdivia y seis en La Unión.
De hecho, en Valdivia permanecen actualmente dos fallecidos pendientes de retiro e inhumación: uno sin identificar, correspondiente a 2024, y otro identificado, de 2025. En ambos casos, al estar vinculados a investigaciones del Ministerio Público, se requiere que Fiscalía entregue los cuerpos al SML para poder avanzar con la sepultación.
Es decir, nuevamente aparece la misma palabra que se repite en esta historia: coordinación.
Cuando la espera en el SML se convierte en años
El problema adquiere otra dimensión cuando se revisan casos anteriores.
En 2020, BioBioChile reveló que los restos de Ramón Pacheco Giacomozzi, joven desaparecido en Talcahuano en 2008, habían permanecido durante 11 años en el SML.
Pacheco tenía 23 años cuando desapareció. Un año después fueron encontrados restos óseos en San Vicente de Talcahuano. Sin embargo, inicialmente fueron considerados correspondientes a una mujer.
Solo después de que el caso de Sergio Mardoff volviera a poner en cuestión la identificación de personas desaparecidas, se tomó contacto con la familia de Pacheco y se realizaron nuevos análisis de ADN.
Los resultados confirmaron que aquellos restos correspondían al joven desaparecido.
El caso dejó una pregunta incómoda: ¿cuántas veces un cuerpo puede permanecer almacenado mientras, al otro lado, una familia continúa esperando una respuesta?
Algo parecido ocurrió con Sergio Mardoff. En 2015 fueron encontradas osamentas en un sector de la Ruta de la Madera. Los restos fueron trasladados al SML de Concepción y permanecieron allí como NN.
Recordemos que Mardoff desapareció en 2005. Su familia continuó buscándolo durante años, sin saber que sus restos se encontraban en el propio Servicio Médico Legal. No fue hasta 2018, luego de una llamada anónima, que sus familiares conocieron que aquel cuerpo podía corresponder a Sergio.
El padre de Sergio, Sergio Mardoff Silva, resumió entonces el impacto de esa experiencia: “Uno cuando tiene un ser querido, no deja nunca, pero nunca de buscarlo, y nunca de sufrir”.
Esa frase adquiere hoy una nueva dimensión, porque un cuerpo almacenado durante años no es solamente un número dentro de la capacidad de una cámara frigorífica. Es también una historia familiar que puede permanecer suspendida indefinidamente.
Flores: “Me parece vergonzoso”
La denuncia llegó al Congreso de la mano del senador Iván Flores (DC), quien ofició a la Contraloría para solicitar una fiscalización y conocer cuántos cuerpos permanecen en estas condiciones, cuántos están identificados y cuánto le cuesta al Estado mantenerlos refrigerados.
En conversación con BioBioChile, el parlamentario calificó la situación como “vergonzosa” y cuestionó que una solución implementada durante la pandemia se haya extendido por años.
“Han debido contratar contenedores para poder ir guardando cuerpos”, afirmó Flores, quien aseguró que uno de los principales problemas es que “hay dos tercios que están identificados, pero nadie los retira”.
El senador también puso el foco en las condiciones sanitarias y en la falta de coordinación entre las instituciones involucradas. “El Estado es uno solo y las instituciones deberían conversar”, sostuvo.
A su juicio, el problema no puede prolongarse indefinidamente. “Esto no puede estar en un vacío en la norma”, planteó, cuestionando qué ocurre cuando un cuerpo ya fue identificado, pero ningún familiar lo reclama: “Si nadie lo reclamó, tienen que meterlo en la fosa común, punto”.
Flores aseguró que ha reiterado sus solicitudes ante la Contraloría y que también ofició a los ministerios de Justicia y Salud, sin obtener respuestas. “Me parece escandaloso, me parece vergonzoso que los cuerpos se acumulen en el Servicio Médico Legal”, insistió.
Un problema que se reparte entre instituciones
La propia explicación del SML muestra que la solución no depende únicamente de abrir espacio en una cámara frigorífica.
En el caso de los cuerpos NN, primero deben realizarse diligencias para obtener un perfil genético e incorporarlo al Registro Nacional de ADN. Esto permite que, si posteriormente aparece un familiar, pueda realizarse una comparación.
Luego, dependiendo del caso, se requiere la intervención del Ministerio Público para autorizar o instruir el procedimiento correspondiente.
El problema aparece cuando esas etapas se prolongan. Eso es lo que ocurrió, según el director regional del SML en Los Ríos, con el cuerpo que permaneció durante años en La Unión: el organismo sostenía que necesitaba la autorización de Fiscalía para poder proceder con la inhumación.
La situación cambió cuando hubo un cambio de fiscal. Así, la consecuencia de esta cadena de trámites es que un procedimiento concebido como transitorio puede terminar extendiéndose durante años.
Y allí aparece una de las principales preguntas que Flores ha puesto sobre la mesa: quién debe tomar finalmente la decisión cuando una persona está identificada o ya se agotaron las diligencias para intentar identificarla, pero nadie reclama sus restos.
Un servicio en medio de otras dificultades
La controversia ocurre, además, mientras el SML enfrenta cuestionamientos por su funcionamiento institucional.
En marzo, una auditoría de Contraloría detectó debilidades de control interno relacionadas con la gestión de contratos, supervisión y pagos a proveedores. Y en septiembre, un oficio parlamentario solicitó conocer el estado de seguimiento de esas observaciones y pidió evaluar una fiscalización específica sobre la acumulación de cuerpos y el uso de contenedores. A la fecha de ese oficio, no registraba respuesta.
El SML, por su parte, asegura que trabaja para reducir progresivamente la cantidad de cuerpos pendientes y terminar con el uso de los contenedores durante los próximos meses.
Pero mientras las instituciones coordinan, ofician, responden o esperan autorizaciones, los cuerpos siguen allí. Algunos tienen nombre, otros todavía no.
Y detrás de cada uno existe, al menos potencialmente, una familia que alguna vez buscó una respuesta, alguien que espera cerrar una historia o, simplemente, una persona que murió y cuyo último destino no debería quedar atrapado indefinidamente entre una cámara frigorífica, un trámite pendiente y una oficina que todavía no responde.
La experiencia de Ramón Pacheco y Sergio Mardoff demuestra que el tiempo no es un detalle menor cuando se trata de identificar a un fallecido. En ambos casos, los años transcurridos hicieron más dolorosa una espera que sus familias nunca decidieron aceptar.
Hoy, casi una década después de que comenzaran a utilizarse soluciones extraordinarias para enfrentar la acumulación, la pregunta vuelve a ser básica: ¿cuánto tiempo puede esperar un muerto para que el Estado termine de hacer su parte?
