"Pronta libertad total": la inquietante certeza de Krassnoff que alerta a sobrevivientes y familiares

No manifiesta arrepentimiento. Por el contrario, defiende su actuación en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desacredita las condenas dictadas por la justicia y califica como “supuestas víctimas” a quienes sufrieron violaciones de sus derechos humanos durante la dictadura. Aun así, Miguel Krassnoff Martchenko afirmó desde la cárcel que mantiene intacta su “certeza de una más que pronta libertad total”.

La expresión forma parte de la desafiante carta que envió al senador Iván Flores (DC), luego de que el parlamentario declarara que no estaba disponible para respaldar una normativa que permitiera al exagente abandonar la prisión.

El documento comenzó a circular públicamente después de ser difundido por una cuenta vinculada a los internos de Punta Peuco. Su contenido provocó una dura respuesta entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes ven en sus palabras algo más que una provocación: una señal de la impunidad que, aseguran, aún amenaza con imponerse.

“Lo conocí en Londres 38”

Erika Hennings tenía 23 años cuando fue detenida junto a su esposo, Alfonso Chanfreau, en julio de 1974. Ambos militaban en el MIR y fueron trasladados a Londres 38, uno de los principales centros de detención y tortura de la DINA. Ella sobrevivió pero Alfonso permanece desaparecido hasta hoy.

Hennings, actual integrante de la Mesa de Trabajo de Londres 38, recuerda haber conocido allí a Krassnoff, a quien posteriormente enfrentó en numerosos careos judiciales.

“Conocí a Miguel Krassnoff Martchenko en Londres 38 cuando fui detenida junto a mi marido y estuvimos con alrededor de 100 personas más, todas siendo torturadas; mujeres que eran violadas, vejadas sexualmente, y hombres que eran golpeados y torturados horriblemente”, relató.

Según la sobreviviente, el entonces oficial tenía un papel protagónico dentro del recinto clandestino. “Se hacía llamar el capitán Miguel mientras llegaba a ese lugar, muchas veces cantando, con la soberbia que lo caracteriza”, recordó.

Para Hennings, la carta retrata al mismo hombre con el que se encontró durante su cautiverio: alguien que reivindica lo ocurrido, pero evita reconocer su responsabilidad.

“La carta dirigida al senador Flores lo retrata, aunque no reconoce, porque la soberbia no le da para decir: ‘Sí, hicimos esto’. Le da para reconocer, como él dice, que las personas de izquierda merecíamos ese trato tan deshumanizado”, afirmó.

Indultos y conmutación de penas

La abogada especialista en derechos humanos Karinna Fernández, querellante en causas contra Miguel Krassnoff, puso el foco en la seguridad con la que el condenado habla de su eventual salida.

“Que un agente estatal que acumula más de mil años de presidio, en más de 80 condenas por crímenes de lesa humanidad, escriba desde la cárcel con la certeza de una pronta libertad total no es una opinión: es un mensaje”, sostuvo.

A juicio de Fernández, esa seguridad abre interrogantes sobre la existencia de señales políticas que las víctimas y sus representantes desconocen.

“Evidencia que existen compromisos políticos que él conoce y que las víctimas y sus representantes desconocen”, afirmó.

La frase aparece en un escenario político marcado por dos discusiones. La primera es el proyecto que permite sustituir la cárcel por reclusión domiciliaria total para determinados condenados de avanzada edad, con enfermedades graves o en otras condiciones de vulnerabilidad. La iniciativa no excluye expresamente a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La segunda discusión está radicada directamente en La Moneda. Durante la campaña, José Antonio Kast manifestó que utilizaría la facultad presidencial del indulto tras analizar las solicitudes caso a caso. Ya como presidente, ha precisado que nunca prometió liberar automáticamente a todos los internos.

Ambas vías mantienen abierta la discusión sobre una eventual salida de prisión de condenados por delitos de lesa humanidad. En ese escenario, Fernández recordó que la obligación internacional asumida por Chile no termina con la dictación de una sentencia.

“La obligación internacional que vincula a Chile radica en prohibir la impunidad, que alcanza la ejecución efectiva de las condenas por las graves violaciones de derechos humanos en todo tiempo y lugar”, señaló Fernández.

Fuentes del Ministerio de Justicia comentaron a BioBioChile que actualmente existen múltiples solicitudes de indulto correspondientes a distintos tipos de casos y que todas deben ser analizadas individualmente.

Consultadas específicamente sobre si Miguel Krassnoff presentó una solicitud o si existe algún análisis del Gobierno que pudiera beneficiarlo, las mismas fuentes evitaron confirmarlo o descartarlo, argumentando que el ministro de Justicia no se refiere a casos particulares. De esta forma, la cartera no aclaró si el exagente de la DINA se encuentra entre las personas que actualmente han solicitado un indulto presidencial.

Familiares y sobrevivientes exigen cumplimiento de condenas

Para Erika Hennings, la posibilidad de que Krassnoff abandone la cárcel resulta especialmente grave debido a que no ha colaborado para esclarecer el destino de las personas desaparecidas.

“No han entregado absolutamente ninguna información respecto de las personas detenidas desaparecidas. No reconoce su participación, no reconoce la desaparición de esas personas, no reconoce dónde están y se mantiene en ese pacto horrible de silencio”, sostuvo.

“Con las fuerzas que nos quedan no dejaremos que personajes como Miguel Krassnoff Martchenko puedan salir en libertad”, agregó.

Valquiria Jorquera Iturrieta, expresionera política, fue detenida por la DINA en 1975, en su casa de la región de Valparaíso, junto a otras 20 personas. El grupo fue trasladado hasta Villa Grimaldi, en Santiago. Ocho de esos detenidos y detenidas permanecen desaparecidos. En conversación con BioBioChile, Jorquera prefirió no detenerse en el contenido de la carta. En cambio, recordó que Krassnoff ha sido condenado en más de 80 causas en las que la justicia acreditó su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

“Entre los crímenes de lesa humanidad que cometió, quiero recordar a Diana Arón, periodista y militante del MIR, de 24 años, embarazada, detenida, torturada y cuyo paradero se desconoce hasta el día de hoy. También quiero recordar a Mónica Pacheco, una mujer embarazada de tres meses, quemada con agua y aceite hirviendo, como lo corroboró la justicia”, señaló.

Desde esa experiencia, Jorquera sostuvo que “los crímenes de lesa humanidad deben cumplir condena porque sus actos atentan contra los valores fundamentales y la vida del ser humano”. “Los perpetradores como Krassnoff no han colaborado con la justicia, puesto que nunca han entregado información sobre lo que pasó y el destino final de quienes ellos hicieron desaparecer”, añadió.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), comparte esa preocupación y sostiene que el documento vuelve a herir a quienes llevan más de cinco décadas esperando respuestas.

“Miguel Krassnoff vuelve a ofender la memoria de las víctimas y de sus familiares. Pero no solo los violenta a ellos, sino también a la sociedad en su conjunto”, afirmó.

Lira insistió en que los familiares buscan verdad, justicia y cumplimiento efectivo de las condenas. Sobre los eventuales indultos, llamó a la sociedad chilena a abrir los ojos: “La posibilidad de indultar a criminales que no muestran arrepentimiento alguno y que, por el contrario, reivindican lo que hicieron, entrega una señal sobre el camino que está siguiendo el Gobierno de José Antonio Kast”.

“Si les pesan los horrores que saben que se cometieron durante la dictadura, que hagan un gesto por dignidad y por principios, y entreguen la información que los familiares siguen necesitando después de 53 años de lucha”, cerró.

BioBioChile consultó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, por el contenido de la carta y los emplazamientos dirigidos al Congreso. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.