El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) presentó una querella por el presunto delito de fraude de subvenciones en contra de cinco prestadores de salud, a quienes acusa de haber generado un perjuicio cercano a los $8.000 millones mediante la emisión de bonos de atención y exámenes que no contarían con justificación médica.
La situación fue detectada luego de una investigación que se inició tras una anomalía advertida por la Contraloría General de la República: los exámenes diagnósticos estaban aumentando al doble de velocidad que las consultas médicas.
A partir de ello, Fonasa focalizó sus pesquisas en cinco prestadores, entre laboratorios y servicios de consulta, los que en conjunto registran más de 71 mil beneficiarios, cerca de 330 mil bonos de atención y alrededor de 1,94 millones de prestaciones.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, el mecanismo investigado habría utilizado los denominados “operativos de salud comunitarios”, los que eran ofrecidos como actividades gratuitas y que habitualmente se realizaban en sedes vecinales.
25 exámenes por persona
La convocatoria estaba dirigida principalmente a beneficiarios de Fonasa de los tramos B, C y D. En estos encuentros, las personas entregaban sus datos personales y registraban su huella digital para acceder a supuestos exámenes preventivos.
Sin embargo, Fonasa acusa que esa información habría sido posteriormente utilizada para emitir bonos a nombre de los beneficiarios por prestaciones que no habían solicitado o que desconocían.
Según explicó el director de Fonasa, César Oyarzo, en algunos de estos operativos se llegó a emitir un promedio de 25 exámenes por persona, sin que existiera una evaluación médica previa que justificara esa cantidad de prestaciones.
Acusan engaño a los beneficiarios
Desde Fonasa sostienen que uno de los elementos centrales de la investigación es el presunto engaño a los usuarios, quienes habrían creído que estaban participando de una actividad de carácter social y gratuito.
El jefe de la División Jurídica de Fonasa, Juan Fuentes Díaz, dijo que “se les hace creer que hay una prestación gratuita, un otorgamiento de un beneficio asociado a cuestiones y motivaciones sociales, y lo que ocurre por debajo es que aprovechan esa instancia para rescatar sus datos”, afirmó.
La institución sostiene que este mecanismo habría permitido generar una demanda de prestaciones inducida por los propios prestadores, utilizando recursos públicos para financiar exámenes que no necesariamente fueron requeridos ni realizados bajo una indicación médica.
Diputados cuestionan uso de recursos públicos
La denuncia también generó reacciones en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El diputado Matías Ramírez cuestionó que, mientras se discuten restricciones presupuestarias para la atención primaria, se estén destinando recursos públicos a prestaciones que eventualmente no habrían correspondido.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo calificó los antecedentes como “gravísimos”, considerando el monto involucrado.
“Estamos hablando de cerca de $8.000 millones y de recursos públicos que debieron destinarse a la salud de los chilenos”, sostuvo.
Uno de los antecedentes que reforzó las sospechas surgió de una muestra realizada en uno de estos operativos. El 85,7% de los encuestados aseguró no conocer a los laboratorios involucrados, mientras que un 64,3% desconocía que Fonasa pagaría al prestador por un bono emitido a su nombre.
Además, un 42,9% afirmó que no autorizó expresamente la emisión del bono.
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