Casa de tortura sin sobrevivientes y la agente DINA que niega todo: el inminente retorno de "la Chany"

—Nunca tomé un detenido, nunca estuve al lado de uno, no tuve la oportunidad de ver nada… no sé.

Adriana Rivas lo ha negado durante años. Dice que no secuestró, no torturó y que ignoraba el horror de Simón Bolívar 8800. Pero “el Mocito” declaró que la vio llegar con prisioneros y torturar hasta dejar a una persona moribunda. Otros agentes —de acuerdo a los expedientes vistos por BioBioChile— la sitúan en los interrogatorios. Los querellantes la describen como una agente operativa de la Brigada Lautaro, parte de la maquinaria de la DINA que detenía, interrogaba bajo tormento, asesinaba y hacía desaparecer opositores.

Chile la requiere formalmente como coautora de siete secuestros calificados de dirigentes y militantes del Partido Comunista, delitos considerados crímenes de lesa humanidad. Todos ellos pasaron por el cuartel de exterminio de Simón Bolívar y ninguno salió con vida. Se trata de los casos conocidos como Conferencia I y II.

Exagente de la DINA y secretaria de Manuel Contreras —jefe de ese aparato represor—, Rivas permanece privada de libertad en Sídney desde febrero de 2019.

Tras años de recursos para evitar su entrega, el camino comienza a estrecharse: el próximo 19 de noviembre, el Pleno de la Corte Federal de Australia revisará una apelación que podría dejar a “la Chany”, hoy de 73 años, más cerca que nunca de volver a Chile y enfrentar el juicio que su fuga dejó a medias.

—De las veces que realicé guardia en este cuartel, siempre me correspondió ver ingresar a varios detenidos, los que eran trasladados por los agentes Daza, Escalona, Radulovich, Ferrán, Saavedra, Adriana Rivas, Berta Jiménez y la teniente Calderón” —atestiguó Jorgelino Vergara en contra de ella.

Retorno inminente de Adriana Rivas, la secretaria de Manuel Contreras

Durante años, Adriana Rivas encontró maneras para mantenerse miles de kilómetros de Chile. Apeló, impugnó y volvió a apelar. Con cada recurso ganó tiempo. Y cada demora alarga la espera de las familias.

Pero ahora hay una fecha concreta. El jueves 19 de noviembre, a las 10:15 de la mañana, el Pleno de la Corte Federal de Australia escuchará la apelación presentada contra la sentencia del juez Michael Lee, quien en abril de este año rechazó el último intento de Adriana por echar abajo la orden de entrega.

Si pierde, el margen para seguir postergando su regreso podría achicarse considerablemente. Aunque todavía podría intentar llegar a la Alta Corte australiana, para eso necesitaría una autorización especial.

Alberto Espinoza, abogado de la familia de Víctor Díaz (víctima caso Conferencia I) admite que ya no se atreve a anunciar cuándo terminará el proceso. Han sido demasiadas audiencias, recursos e impugnaciones.

—La señora Rivas ha obstaculizado al máximo la tramitación. Eso ha impedido que la extradición pueda materializarse y que ella sea juzgada acá, en Chile —dijo a BioBioChile.

Han pasado más de siete años desde que la Chany (como le decían sus cercanos) fue detenida en Australia y quince desde que dejó de presentarse ante la justicia chilena. Para las familias, sin embargo, la espera comenzó mucho antes: en 1976, cuando siete personas fueron desaparecidas por el aparato represivo de la dictadura de Pinochet.

Siete fotografías y la misma respuesta

Antes de fugarse a Australia, Adriana tuvo delante los rostros de quienes hoy sostienen su extradición. Ocurrió el 2 de abril de 2009, en una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal le mostró fotos de personas secuestradas por la DINA. Una tras otra. La Chany miró las imágenes y repitió casi siempre la misma respuesta:

Dijo no reconocer a Reinalda Pereira Plaza, una tecnóloga médica de 29 años secuestrada y asesinada cuando tenía tres meses de embarazo.

Dijo no conocer a Fernando Ortiz Letelier, el profesor universitario al que le quebraron las piernas durante las torturas.

Tampoco reconoció a Lincoyán Berríos Cataldo, visto con vida en los calabozos de Simón Bolívar, ni a Horacio Cepeda Marinkovic.

Negó conocer a Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, dos dirigentes comunistas cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados.

La séptima víctima era Víctor Díaz López, quien pasó más de ocho meses cautivo antes de ser asfixiado con una bolsa plástica.

Siete rostros. Siete secuestros calificados y desapariciones. Pero según Adriana, no los conocía, no los había visto, no sabía nada.

Los “mejores años” de la secretaria de Contreras

Cuando ocurrió el golpe de Estado de 1973, Adriana Rivas estudiaba secretariado ejecutivo bilingüe. Poco después llegó al Ministerio de Defensa y terminó trabajando para la recién creada Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.

No era cualquier puesto. Su jefe era Manuel Contreras, cabeza de uno de los aparatos represivos más feroces de la historia chilena.

—Como yo sabía inglés, me pusieron a traducir lo que llegaba en microfilm, todos los mensajes entre bandos comunistas que se pillaban en los allanamientos —contó Rivas en el documental El pacto de Adriana dirigido por su sobrina, Lissette Orozco.

Luego apareció una convocatoria interna para realizar un curso de agente de inteligencia. Rivas postuló y entró. Aprendió inteligencia y contrainteligencia, tiro, defensa personal, maquillaje y caracterización. Sabía manipular un arma y fue preparada para desenvolverse en tareas que iban mucho más allá de escribir cartas o contestar el teléfono. Años después intentaría resumir su paso por la DINA como si se tratara de una pega cualquiera.

—Para mí fue un trabajo más. Yo no hice nada malo, yo supe ahora… trabajé cuatro años ahí nomás.

Pero cuando hablaba de esos cuatro años, su memoria se llenaba de brillo. Rivas no recordaba la DINA desde el miedo ni desde el arrepentimiento. La recordaba como la institución que le abrió la puerta a un mundo al que, según ella, jamás habría podido entrar.

—Cuando llegué a la DINA, fue otro mundo para mí. Nos vestían de pies a cabeza cuatro veces al año. Una tenía ropa completa de las mejores casas de moda del país. O sea, todos andábamos de punta en blanco —relató en una entrevista de 2013 a SBS Australia.

En el documental que grabó su sobrina, fue todavía más lejos:

—Como yo, gracias a Dios, era bonita, tenía un buen cuerpo, un buen trato, buena modulación, entonces yo tenía clase. Sabía tratar, sabía comer, podía ir a cualquier parte e iba a pasar por uno de ellos.

Mientras la DINA perseguía opositores, allanaba casas, torturaba y hacía desaparecer personas, Adriana Rivas recuerda la ropa nueva, los restaurantes y los grandes salones. Mientras varias familias comenzaban una búsqueda que se extendería durante medio siglo, ella se codeaba con lo que llamó “la crème de la crème”.

Por lo mismo nunca ocultó el cariño que sentía por Manuel Contreras. Lo describió como un hombre capaz de ayudarla cuando estaba desesperada y aseguró que le estaría “agradecida por siempre”. Incluso defendió al jefe de la DINA de los crímenes atribuidos a su aparato represivo: —Pinochet y Contreras no dieron las órdenes. No lo creo.

Nadie salió vivo de Simón Bolívar

Simón Bolívar 8800 podía parecer una casa más de La Reina. Pero detrás de sus muros funcionaba uno de los secretos mejor guardados de la dictadura.

Las personas llegaban amarradas y vendadas. Eran encerradas en calabozos, interrogadas bajo tortura y finalmente asesinadas. Sus cuerpos eran envueltos en plástico, metidos en sacos y, en algunos casos, amarrados a trozos de riel. Los cadáveres salían ocultos en los maleteros de los vehículos. Algunos fueron llevados hasta minas, cuevas o quebradas. Otros llegaron a Peldehue, donde fueron subidos a helicópteros para arrojarlos al mar.

A diferencia de Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas o Venda Sexy, durante mucho tiempo casi nadie sabía qué había ocurrido en Simón Bolívar. La explicación era brutal: no había sobrevivientes que pudieran contarlo. Solo un pacto de silencio para ocultar las atrocidades que allí ocurrieron.

—Este era un cuartel de exterminio. De ahí no hubo sobrevivientes— explicó el abogado Espinoza.

En ese lugar operaba la Brigada Lautaro, unidad comandada por Juan Morales Salgado. La CHANY también “trabajó” allí. Su defensa sostiene que solo cumplía labores administrativas. Los querellantes, en cambio, la describen como una “secretaria operativa”: una agente preparada para cumplir tareas dentro del engranaje represivo.

—Era una secretaria operativa que participaba en las torturas y en todo el plan criminal que se articulaba desde la jefatura de la DINA —sostuvo el abogado de la familia de Víctor Díaz.

Pero Adriana siempre ha insistido que en ese momento no sabía lo que ocurría.

—Había rumores, pero yo no sabía nada. Ahora yo sé que sí y cuando leí mi caso casi caí muerta con lo que decían de mi—sostuvo.

Pero en una entrevista concedida a la radio australiana SBS no solo habló de la tortura: intentó explicarla.

Luego profundizó:

—Era necesario, esos mecanismos eran necesarios. Es la única manera de quebrar a la gente porque psicológicamente no hay un método. En todas partes del mundo lo hacen.

Su relato se sostiene sobre tres negaciones: no vio, no estuvo, no supo. El problema es que otro hombre, uno que también conoció Simón Bolívar desde dentro, contó algo completamente distinto.

Jorgelino Vergara, el Mocito

Durante décadas, el cuartel de Simón Bolívar permaneció cubierto por el silencio de sus propios agentes. —Ninguno de los miembros de la DINA aflojó nada, nunca habló —cuentan fuentes de este medio.

Hasta que apareció Jorgelino Vergara Bravo, “el Mocito”.

Vergara llegó siendo adolescente a trabajar en la casa de Manuel Contreras. Más tarde fue enviado al cuartel Simón Bolívar, donde hacía mucho más que el aseo: servía comida, cumplía encargos, montaba guardia y se movía entre los agentes y los calabozos. También debía limpiar los rastros que dejaban las sesiones de tortura, incluidas las pozas de sangre que quedaban en el suelo.

Durante años se quedó callado. Cuando la PDI dio con él, en medio de la investigación por el secuestro y asesinato de Víctor Díaz, comenzó a hablar.

Vergara describió los calabozos, las torturas y el mecanismo utilizado para hacer desaparecer los cuerpos. También habló ella, de Adriana Rivas, la secretaria, la Chany.

—Ella siempre estuvo ahí y fue muy operativa —afirmó.

Según su testimonio, Rivas no permanecía precisamente encerrada en una oficina:

Vergara también afirmó que, en una oportunidad, otros agentes tuvieron que quitarle un detenido a Rivas por la violencia con que lo golpeaba.

—Las agentes, cuando tenían que torturar, eran perras.

Esas acusaciones son rechazadas por ella y todavía no han sido examinadas en un juicio terminado con una sentencia en su contra. Sin embargo, los tribunales chilenos estimaron que existían presunciones fundadas para procesarla como coautora de siete secuestros calificados.

La imputación sostiene que formó parte de una operación colectiva dedicada a identificar, ubicar, seguir, detener, interrogar y mantener cautivas a personas consideradas enemigas de la dictadura.

Los nombres detrás de las fotografías

Víctor Manuel Díaz López era dirigente obrero y subsecretario general del Partido Comunista. Agentes de la DINA lo detuvieron cerca de la una de la madrugada del 12 de mayo de 1976. Primero fue llevado a Villa Grimaldi. Después lo trasladaron a Simón Bolívar, donde permaneció más de ocho meses encerrado, vigilado e interrogado.

En el cuartel lo llamaban “el Chino Díaz”. Durante la primera quincena de enero de 1977 llegó la orden de matarlo. Según la reconstrucción judicial, inicialmente intentaron hacerlo mediante una inyección. Como no murió, dos agentes le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y la amarraron alrededor de su cuello. Víctor Díaz murió asfixiado dentro del calabozo.

Luego envolvieron su cuerpo en polietileno, le amarraron un riel al tronco, lo metieron en sacos y lo trasladaron hasta Peldehue. Allí habría sido cargado, junto con otros cadáveres, en un helicóptero Puma para ser arrojado al océano. Sus restos nunca fueron recuperados.

El abogado de su familia sostiene que Rivas no fue una espectadora distante: —Está presente en la detención de Víctor Díaz, está presente en las situaciones de tortura de Víctor Díaz, que se extienden por varios meses—, afirmó Espinoza.

Fernando Navarro Allendes tenía 49 años, había sido dirigente de la Central Única de Trabajadores y formaba parte del Comité Central del Partido Comunista. Fue secuestrado cerca de las 14:00 del 13 de diciembre de 1976, en la esquina de avenida Grecia con Ramón Cruz. Antes de ser obligado a subir a uno de los vehículos, alcanzó a gritar su nombre y advertir que quienes se lo llevaban eran agentes de la DINA. Fue golpeado en plena calle, trasladado a Simón Bolívar, interrogado bajo tortura y hecho desaparecer. Su cuerpo todavía no ha sido encontrado.

Dos días después, durante la mañana del 15 de diciembre, la DINA detuvo a Lincoyán Berríos Cataldo. Tenía 48 años, era profesor de educación básica, militante comunista y había presidido la organización nacional de empleados municipales. Jorgelino Vergara declaró haberlo visto dentro de los calabozos.

Ese mismo día fue secuestrado Horacio Cepeda Marinkovic, de 54 años, militante comunista y exdirector de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. Ambos fueron llevados a Simón Bolívar, interrogados bajo apremios y hechos desaparecer. Décadas después, parte de sus restos fue identificada entre los encontrados en Cuesta Barriga.

Juan Fernando Ortiz Letelier también tenía 54 años, casado y padre de 3 hijos. Era profesor universitario y miembro del Comité Central del Partido Comunista. Vergara lo recordó como un hombre educado, pero destrozado por los golpes. Según su declaración, durante las sesiones de tortura le quebraron las piernas a palos. Él imploraba que lo mataran. “El Mocito” sostuvo que le amarraron un riel al cuerpo y lo metieron en un saco. Sus restos fueron encontrados posteriormente en Cuesta Barriga.

Héctor Véliz Ramírez tenía 43 años y funcionaba como enlace entre la dirección central y las estructuras regionales del Partido Comunista. Fue detenido alrededor de las nueve de la mañana del 15 de diciembre. En Simón Bolívar lo apodaban “el Pollo Véliz”. Vergara recordó que pedía insistentemente un cigarro. No presenció su muerte. Sus restos tampoco han sido encontrados.

Reinalda

La última de las siete víctimas era Reinalda Pereira Plaza. Tenía 29 años, era tecnóloga médica, militante comunista y estaba embarazada de aproximadamente tres meses. Fue secuestrada durante la tarde del 15 de diciembre, en la esquina de Exequiel Fernández con Rodrigo de Araya. Dos hombres la obligaron a subir a un automóvil y escaparon.

Distintos declarantes la situaron dentro de Simón Bolívar. María Angélica Guerrero, agente de la DINA, aseguró que la obligaron a presenciar uno de sus interrogatorios. Jorge Sagardía, también miembro de la Brigada Lautaro, señaló que la vio dentro de una oficina de la casona y posteriormente la reconoció mediante una fotografía.

Vergara entregó el relato más estremecedor: “A ella la reconozco perfectamente, estuvo detenida en Simón Bolívar 8800, Lawrence y Barriga se ensañaron con ella en las torturas, no obstante tener tres meses de embarazo”.

También afirmó que Reinalda fue golpeada, ensacada y amarrada a un riel. Primero pensó que había sido llevada a Peldehue. Después sostuvo que los planes habrían cambiado y que su cuerpo terminó en Cuesta Barriga.

Ninguna de esas dos destinaciones ha podido ser comprobada de manera definitiva. Reinalda y el hijo que esperaba continúan desaparecidos.

La fuga de la Chany

La secretaria Adriana Rivas fue procesada en 2007 por el secuestro calificado de Víctor Díaz y, dos años después, por otros seis casos de Conferencia II. Tras pasar por prisión preventiva, quedó en libertad bajo fianza, con arraigo nacional y la obligación de firmar mensualmente. La última vez que lo hizo fue el 11 de abril de 2011. Sin embargo, el tribunal tardó casi once meses en revisar el libro de firmas. Cuando reaccionó, Rivas ya se encontraba en Australia.

Francisco Ugás, abogado de víctimas de Conferencia II, responsabiliza al Poder Judicial por esa falla:

—La fuga de ella da cuenta de que la justicia no controló el régimen cautelar. Casi un año después de dejar de firmar, se advirtió que había dejado de hacerlo. Si la justicia no controla este régimen, ¿quién lo hace?

La justicia dictó una orden de captura internacional y en 2014 la Corte Suprema autorizó solicitar su extradición. Dos años después, Rivas fue declarada rebelde y el proceso quedó suspendido respecto de ella. No fue absuelta: la causa se paralizó porque estaba fuera del país y no podía ser juzgada.

Quince años estirando el regreso

Australia recibió la solicitud de extradición en 2018 y detuvo a Adriana Rivas en febrero de 2019. Desde entonces, su defensa ha presentado sucesivos recursos para evitar su entrega.

En 2020, un magistrado resolvió que podía ser extraditada. Tras nuevas impugnaciones, en agosto de 2024 la autoridad australiana ordenó enviarla a Chile. Rivas volvió a recurrir a los tribunales.

Su defensa alegó que Chile pedía su entrega por siete secuestros calificados, pero en realidad pretendía juzgarla por crímenes de lesa humanidad. El juez Michael Lee rechazó ese argumento el 7 de abril de 2026: concluyó que los delitos siempre estuvieron claramente identificados y que su contexto de lesa humanidad no los convierte en ilícitos diferentes.

La exagente apeló nuevamente. El Pleno de la Corte Federal australiana revisará ese recurso el próximo 19 de noviembre, en una audiencia que podría dejarla más cerca que nunca de regresar.

Consultada por BioBioChile sobre sus gestiones, Cancillería respondió que está “a la espera de que la justicia australiana resuelva el recurso presentado”. Familiares de las víctimas, en tanto, solicitaron a la cartera mantener las diligencias para acelerar el procedimiento.

Para María Luisa Ortiz (68), hija de Fernando Ortiz, el profesor universitario y dirigente del partido comunista asesinado en el cuartel, esto ha sido un proceso interminable, de toda una vida. En conversación con BioBioChile, recuerda a su padre y releva el valor de la justicia plena:

—Han sido casi 50 años desde que vio por última vez a su padre. ¿Cómo ha sido para usted y su familia vivir todo este tiempo esperando verdad y justicia?

“Van a hacer 50 años. Yo tenía 17 años. Y es toda una vida para todos nosotros. Ya varias de las madres y esposas han muerto… Mucho tiempo, toda una vida. Nosotros, como todos los familiares de desaparecidos y de ejecutados, hemos luchado incansablemente por saber la verdad y por obtener justicia plena.

Y entonces apenas supimos que Adriana Riva estaba en Australia empezamos inmediatamente a hacer las gestiones para pedir su extradición. Y no vamos a dejar de luchar ni un minuto porque haya justicia plena y porque ella sea extraditada y vuelva al país.”

—En este proceso también ha habido una responsabilidad del Estado. ¿Qué esperan hoy del Estado y el Gobierno de Chile?

Esperamos que en esta ocasión el gobierno de Chile también se haga presente y haga ver el interés que tiene el Estado porque ella sea traída al país. Hasta el momento siempre ha estado presente. Siempre estamos demandando que el Estado se haga cargo de hacer justicia y en este caso, además, porque tiene una responsabilidad, porque el Estado era el responsable de supervigilar que ella que estaba con medidas cautelares, no se arrancara. Y falló.

Lo vamos a pedir de nuevo, que el Estado tenga una presencia activa, que haga ver en el tribunal que es de interés, porque este no es un problema solo de la familia, este es un problema de la sociedad en su conjunto y también del Estado de Chile.

—Siempre han existido voces que relativizan o piden dejar atrás lo ocurrido en la dictadura. ¿Qué siente cuando escucha esos discursos?

“De alguna manera eso ha estado siempre presente en nuestra sociedad. No es que no hubieran antes voces negacionistas. Cuando Pinochet fue detenido en Londres, había manifestaciones a favor de él que gritaban cosas terribles, no gritaban cosas terribles las familias. Hoy día quizás hay un auge de eso. Pero yo creo que todo eso hay que debatirlo, hay que ponerlo en la conversación pública.

La justicia es importante porque es una señal que se da desde el Estado de lo que no es tolerable. Y más cuando todavía hay tanta oscuridad respecto al destino de cientos de detenidos desaparecidos, cuando todavía no han entregado ninguna información, ninguna colaboración con la justicia, porque todo lo que hemos avanzado ha sido por nuestra perseverancia, por la perseverancia de los organismos de derechos humanos, de los abogados, de la familia. Ellos no han entregado ninguna información.

Entonces yo creo que frente a esas voces, uno tiene que abrir conversaciones. Ojalá fuera una conversación pública en las escuelas, las familias, los barrios. Todavía falta mucho de eso.

—Usted tenía 17 años cuando vio a su padre por última vez. ¿Cómo lo recuerda hoy?

Nosotros lo vimos poco el último tiempo porque mi padre fue inmediatamente perseguido. Él era un dirigente del Partido Comunista, fue expulsado de la universidad, un académico además con cargo en el Consejo Nacional de Superior de la Universidad y él fue inmediatamente perseguido. Entonces, él vivió clandestino durante 3 años. Lo veíamos de vez en cuando en situaciones que a uno le daban un poco de miedo, ¿no? por los riesgos.

Creo que lo que más me ha costado en la vida, lo dije en el discurso del funeral, cuando pudimos identificar unos pequeños restos óseos después de tanto tiempo, agradecemos al final eso. Esos encuentros. Es lo que atesoramos de nuestro padre en esos tiempos.

Para él la familia era muy importante, así como su responsabilidad política también. Y él fue consecuente con sus convicciones hasta el final. Es muy difícil pensar que unos pequeños restos óseos entregados, identificados en el 2012, puedan integrar la figura y la presencia de un padre. Sigue existiendo ese vacío finalmente.

Nos ha hecho mucha falta, pero nos sentimos muy orgullosas de él también y hemos recibido tanto cariño de gente a las que le salvó la vida o gente con la que trabajó, gente de diversos sectores políticos o colegas en la universidad. Hubo siempre mucho respeto.

—¿Eso les ha permitido mantener presente a su padre dentro de la familia?

Por supuesto, sí, siempre está presente y además nosotros somos una familia que, al contrario de otras que les cuesta hablar de estas cosas porque la familia chilena todavía hay mucho silencio, somos una familia que a pesar de que tenemos varias pérdidas, hablamos mucho, recordamos mucho, repasamos mucho y eso nos ha servido, yo creo, para ir elaborando también el proceso de la ausencia. Porque todo nos ha costado como a todos los familiares de desaparecidos.

Todos fueron condenados, menos ella

Mientras Adriana Rivas evitaba su regreso desde Australia, las causas continuaron avanzando para los demás agentes en Chile. En febrero de 2025, la Corte Suprema condenó a 33 exintegrantes de la DINA por el secuestro calificado de Víctor Díaz.

Conferencia II terminó en junio de 2023 con 37 exagentes condenados por los crímenes contra Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz y Héctor Véliz. El episodio de Reinalda Pereira concluyó en octubre de 2024 con condenas contra otros 36 exagentes.

Todos esos capítulos llegaron a una sentencia definitiva. El de Rivas quedó congelado.

—Esta situación ha sido la prolongación de la impunidad y el consecuente daño a los familiares, por la falta de juzgamiento de Rivas. Eso genera desgaste, desazón, rabia —dijo el abogado Francisco Ugás.

Si finalmente es extraditada, explica el jurista, la Chany deberá levantarse la declaración de rebeldía y el sobreseimiento temporal dictado a su respecto. Luego se reactivará el sumario, podrán ordenarse nuevas diligencias y el juez deberá decidir si formula una acusación.

Entonces comenzaría el plenario, equivalente al juicio en el antiguo sistema penal. Al final vendrían la sentencia de primera instancia y las eventuales revisiones de los tribunales superiores.

Las condenas dictadas contra los demás integrantes de la Brigada Lautaro serán antecedentes importantes: ya establecieron la existencia de los secuestros, las torturas, las desapariciones y el funcionamiento del aparato represivo de Pinochet.

La familia de Víctor Díaz pedirá una condena como autora y espera la máxima sanción disponible. —No pensamos en una pena inferior a un presidio perpetuo, tratándose de crímenes de esta naturaleza —adelantó Espinoza.

Aun así, una condena no resolverá todo. Víctor Díaz continúa registrado como detenido desaparecido. También siguen desaparecidos Fernando Navarro, Héctor Véliz y Reinalda Pereira. Sus familias obtuvieron resoluciones judiciales, pero todavía no pueden enterrarlos.

—Esa es una deuda pendiente, más allá de que haya habido algunas condenas”— dijo el jurista.

Para esas familias, los años de la DINA fueron el comienzo de una espera que ya lleva medio siglo. La Chany en cambio, recuerda aquella época desde otro lugar:

—¿Por qué te digo que son los mejores días de mi vida? Porque esa parte estaba vetada para nosotros. Esa parte de la vida de los ricos estaba vetada para mí. ¿Tú crees que yo habría podido, si hubiese sido secretaria ejecutiva, haber ido a almorzar al Palacio Cousiño? Pero yo la viví, yo estuve ahí.