La ofensiva legislativa del Gobierno: 10 proyectos de seguridad tendrán discusión inmediata

El Gobierno informó que ingresará urgencia de discusión inmediata para 10 proyectos de ley vinculados a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), con el objetivo de acelerar su tramitación en el Congreso.

Según se detalló desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cinco de estas iniciativas se encuentran en segundo trámite constitucional en el Senado, mientras que las otras cinco están en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A ello se suman otros 10 proyectos que recibirán suma urgencia y tres iniciativas con urgencia simple. De esta forma, el Ejecutivo buscará dar prioridad legislativa a un total de 23 proyectos relacionados con la agenda de seguridad.

Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, dijo que el Gobierno busca avanzar durante esta semana en distintas iniciativas vinculadas al combate contra la delincuencia y el crimen organizado.

“El Gobierno tiene la decisión de avanzar con urgencia en la agenda de seguridad, que es la agenda de los chilenos. En esta semana, vamos a empujar distintas iniciativas que son muy importantes para entregar mayores herramientas al Estado y combatir el crimen organizado”, señaló.

Los proyectos con discusión inmediata

1. Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta.

2. Legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, o de los de un tercero, encontrándose en calidad de franco.

3. Reforma la Constitución Política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas.

4. Amplía las hipótesis de tráfico de migrantes y modifica los textos legales correspondientes.

5. Modifica el código penal, con el objeto de tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.

6. Faculta el control de identidad de las FF.AA en Estados de Excepción Constitucional.

7. Ley corta que modifica y fortalece la Seguridad Municipal.

8. Modifica diversos cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de Carabineros.

9. Modifica el Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte (Antibarricadas 2.0).

10. Modifica el Código Procesal Penal y la ley N°19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN, para agilizar las investigaciones penales.

Proyectos con suma urgencia

1. Reglas del Uso de la Fuerza.

2. Aumenta sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

3. Para la protección de la infraestructura crítica del país.

4. Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia.

5. Modifica la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

6. Continuidad de juicio oral en ausencia.

7. Tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

8. Modifica la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.

9. Tipifica el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos, por parte de asociaciones delictivas o criminales.

10. Modifica cuerpos legales que indica para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.

Proyectos con urgencia simple

1. Reforma Constitucional que fortalece el sistema nacional de Seguridad Pública.

2. Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la seguridad portuaria ante acciones promovidas por el crimen organizado.

3. Modifica el Código Penal para delimitar la aplicación del tipo penal de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a conductas cometidas por empleados públicos respecto de personas bajo su custodia.