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Denunciaron trabajo forzoso ante Estados Unidos y terminaron pidiendo protección en Chile. Fundación Libera y Ecoceanos acusan una campaña de “amedrentamiento e intimidación” tras la polémica por los aranceles, mientras más de 280 organizaciones y personas salieron a respaldarlas.
Más de 280 organizaciones y personas de distintos países salieron en defensa de Fundación Libera y Ecoceanos, las ONG chilenas que participaron ante autoridades de Estados Unidos exponiendo denuncias sobre trabajo forzoso en sectores exportadores del país.
En una declaración enviada a BioBioChile los firmantes acusaron una “campaña de amedrentamiento e intimidación” contra ambas organizaciones, desatada en redes sociales y que, aseguran, ha sido alentada por declaraciones de “figuras públicas del Estado y del empresariado”.
Por estos hechos están pidiendo protección.
ONG denuncian campaña de amedrentamiento
La polémica se arrastra desde que Libera y Ecoceanos participaron en las investigaciones desarrolladas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, donde expusieron cuestionamientos sobre las condiciones laborales en sectores como la agricultura y la salmonicultura.
La controversia escaló luego de que Estados Unidos aplicara nuevos aranceles a productos chilenos y ambas organizaciones fueran vinculadas públicamente con esa decisión.
Libera y Ecoceanos descartaron en todo caso haber solicitado la aplicación de aranceles contra Chile. Su postura es que recurrieron a mecanismos internacionales para denunciar situaciones de explotación laboral y presionar por cambios regulatorios que, aseguran, no han avanzado suficientemente en el país.
Ahora, las organizaciones que suscribieron la declaración cuestionaron que se responsabilice a las ONG por decisiones adoptadas por la administración estadounidense.
“Esto no es solo falaz y éticamente reprochable, sino que también alimenta un ambiente de desconfianzas y odiosidad hacia las organizaciones de la sociedad civil”, señalaron.
Las organizaciones aseguran el pasado 27 de julio activaron el protocolo de protección de defensores de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero afirman que, a un mes de esa solicitud, aún no han recibido respuesta.
Además, indicaron que pusieron los antecedentes en conocimiento de Naciones Unidas, específicamente del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Desde el organismo internacional respondieron que los antecedentes se encuentran en estudio.
Organizaciones piden medidas al Estado
La declaración cuenta con el respaldo de 166 organizaciones y 122 personas de distintos países.
Entre ellas aparecen Anti-Slavery International, Greenpeace USA, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Law Centre y Worker Rights Consortium.
En Chile figuran, entre otras, ANEF, CODEPU, Corporación Humanas y Serpaj.
Los firmantes pidieron terminar con cualquier campaña de hostigamiento contra Libera y Ecoceanos y llamaron a autoridades y representantes empresariales a evitar declaraciones que, a su juicio, estigmaticen a quienes denuncian vulneraciones laborales.
También solicitaron al Estado chileno adoptar medidas “concretas y verificables” de protección para defensores de derechos humanos y avanzar hacia una política obligatoria de debida diligencia en derechos humanos para sectores exportadores, poniendo especial énfasis en la agricultura y la salmonicultura.
“La labor de quienes documentan y denuncian violaciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial no es un obstáculo al desarrollo económico del país”, concluye la declaración. “Es una condición necesaria para que ese desarrollo sea compatible con la dignidad humana”.
Revisa aquí la declaración completa:
