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Fundación Libera y Ecoceanos expusieron ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) cuestionamientos sobre las condiciones laborales en sectores como la salmonicultura y la agricultura en Chile.
Mientras el Gobierno chileno defendía ante Estados Unidos que Chile cuenta con una institucionalidad robusta para prevenir el trabajo forzoso, Fundación Libera y Ecoceanos expusieron ante la autoridad comercial estadounidense sus cuestionamientos sobre las condiciones laborales en sectores como la salmonicultura y la agricultura.
Ambas organizaciones participaron en las audiencias de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde plantearon que la legislación chilena no cumpliría con los estándares internacionales para abordar esta materia, denunciando además casos de explotación laboral en ambos sectores productivos.
La participación de ambas organizaciones adquirió mayor relevancia luego de que Estados Unidos confirmara un arancel de 12,5% para parte de las exportaciones chilenas, medida que justificó por las diferencias en la evaluación de los mecanismos para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.
El Gobierno chileno rechazó esa conclusión y comenzó una negociación para intentar excluir productos nacionales de la sobretasa. Mientras, las ONGs descartaron que su participación ante la autoridad estadounidense haya tenido como objetivo solicitar la aplicación de nuevos aranceles contra Chile, sino impulsar cambios regulatorios en el país.
Aranceles: ONG chilenas expusieron denuncias laborales ante EEUU
Las organizaciones sostienen que recurrieron a la instancia estadounidense luego de, según plantean, no haber logrado avances suficientes a nivel nacional.
La presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, dijo a BioBioChile que utilizaron un mecanismo institucional abierto por Estados Unidos para exponer denuncias que han sido planteadas durante años:
“Lo que nosotros hicimos fue utilizar un mecanismo institucional existente, transparente y público, para dar a conocer situaciones gravísimas de vulneración de derechos laborales que sindicatos, agrupaciones de trabajadores y la sociedad civil llevamos décadas denunciando, sin avances significativos”, señaló.
Rudnick aseguró que la solicitud presentada ante la USTR no apuntaba a castigar las exportaciones chilenas, sino a impulsar cambios regulatorios en el país.
“Lo que nosotros solicitamos no fue la aplicación de aranceles, fue el reemplazo de esos aranceles por un plan de implementación gradual de medidas estructurales”, afirmó a este medio, defendiendo la presión internacional como un mecanismo para impulsar cambios regulatorios.
En la misma línea, el director ejecutivo del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, en conversación con BioBioChile, sostuvo que la participación ante la USTR responde a lo que calificó como un ejercicio de “ciudadanía global”:
“Cobrarle la palabra al gobierno de Chile y a las empresas transnacionales que operan en nuestro país en los mercados internacionales, para exigirles que avancen e implementen estándares laborales globales”, afirmó.
Cárdenas también cuestionó la legislación chilena, apuntando a que el trabajo forzado no estaría tipificado como delito autónomo y que existen pendientes regulatorios en sectores como la agricultura y la salmonicultura.
“La existencia de trata con fines de trabajo forzado de personas migrantes en la agricultura y la salmonicultura es un problema gravísimo que existe invisibilizado en Chile desde hace varios años”, afirmó.
Denuncias por trabajo forzoso y el vínculo con nuevos aranceles
La participación de las ONG ocurrió durante el proceso que terminó con la aplicación de una sobretasa de 12,5% para Chile, medida que comienza a regir este viernes y que afecta a cerca del 40,3% de los productos exportados al mercado estadounidense.
La administración de Donald Trump justificó la decisión señalando que responde al “fracaso” de distintos países para prohibir importaciones producidas con mano de obra forzosa. Sin embargo, desde el Gobierno chileno han descartado que exista una relación entre las exportaciones nacionales y productos elaborados bajo esa condición.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, aseguró que Chile cuenta con “una sólida institucionalidad laboral” y un marco regulatorio que permite prevenir y combatir el trabajo forzoso.
Además, afirmó que la resolución estadounidense “no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso”, sino que responde a una evaluación sobre los mecanismos regulatorios de cada país.
A diferencia del Ejecutivo, Ecoceanos valoró la medida como una herramienta de presión internacional:
“La historia demuestra que tanto el Estado como el sector empresarial en Chile solo modifican sus malas prácticas ambientales, laborales y sociales cuando existe presión de las organizaciones de la sociedad civil o se implementan medidas de presión desde los mercados”, sostuvo Cárdenas.
A su juicio, la sobretasa de 12,5% “constituye una poderosa medida” para impulsar cambios en las prácticas laborales de las empresas exportadoras.
Nuevas negociaciones entre Chile y EEUU
Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales señalaron que Chile continuará negociando con Estados Unidos para buscar excepciones y lograr que sus principales productos exportados queden fuera de la aplicación del arancel.
En paralelo, Ecoceanos y Fundación Libera plantearon que estas conversaciones debieran incorporar medidas estructurales para abordar el trabajo forzado, entre ellas la tipificación de esta práctica como delito, el fortalecimiento de la regulación laboral en sectores considerados de mayor riesgo —como la agricultura y la salmonicultura—, una prohibición de importar productos elaborados bajo estas condiciones, mayores herramientas de fiscalización y una participación más activa de sindicatos, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.
Entre los productos chilenos alcanzados por la sobretasa se encuentran el salmón y el vino, mientras que otros bienes como el cobre refinado, la plata, el litio, los kiwis y las paltas quedaron excluidos de la medida.
Revisa aquí parte de la documentación expuesta por las ONGs en EEUU:
