Las diputadas del PDG Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt, junto a Catalina Del Real y Macarena Santelices de Republicanos y Francesca Muñoz del Partido Cristiano, cuestionaron a la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, tras la polémica generada por supuestas diferencias en costos de obras y licitaciones.
A juicio de las parlamentarias, las cifras deben ser respaldadas con antecedentes técnicos y si existieron irregularidades, se determinen responsabilidades.
Fue una minuta interna del Gobierno la que alertó sobre eventuales sobrecostos en procesos de licitación en el ministerio. A raíz de ello, las diputadas señalaron que el debate no puede quedar reducido a declaraciones políticas y que corresponde revisar los documentos financieros, auditorías y antecedentes técnicos para determinar si existió un perjuicio fiscal.
Las PDG Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt coincidieron en que la discusión debe resolverse con información verificable. Contreras afirmó que “ante acusaciones de esta gravedad no podemos quedarnos en un debate de declaraciones cruzadas”. Además, advirtió que “en el contexto de déficit fiscal que atraviesa el país, cada recurso público cuenta”.
Ramírez, en tanto, dijo que “la ciudadanía exige claridad y transparencia absoluta cuando se habla de recursos del Estado. Hacemos un llamado a ambas partes a presentar los respaldos y auditorías correspondientes para contrastar las cifras con total objetividad”.
Mientras que Betancurt planteó que la bancada del PDG mantendrá una postura basada en antecedentes técnicos ya que “no se puede jugar con los recursos de la nación; las platas de todos los chilenos se defienden”, afirmó.
Desde el Partido Republicano, las diputadas Catalina Del Real y Macarena Santelices apuntaron a la necesidad de resguardar los recursos públicos y establecer responsabilidades si se confirman irregularidades.
Del Real sostuvo que “es inaceptable que se intente normalizar un sobrecosto, cuando miles de familias chilenas lo están pasando mal”. Santelices en tanto, afirmó que la Cámara debe utilizar sus herramientas fiscalizadoras para esclarecer el caso. “No nos interesa si para la exministra un 5% es poco, lo concreto es que ni un solo peso de todos los chilenos puede ser malgastado en burocracia ni en obras cuestionadas”.
Finalmente, la diputada Francesca Muñoz (PCCH) señaló que los hechos corresponden a obras ejecutadas durante la administración anterior y puntualizó que “los recursos públicos deben utilizarse de forma eficiente, sobre todo cuando tantas mujeres necesitan apoyo del Estado”.
Muñoz destacó que el Ministerio de la Mujer haya remitido los antecedentes a Contraloría, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, señalando que serán esas instituciones las encargadas de determinar eventuales responsabilidades.
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