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La situación del Pacífico
El gobierno del Japón reaccionó con dureza a la reciente visita de Vladimir Putin a las islas Kuriles, un archipiélago del Pacífico Noroeste compuesto por más de 50 islas, dispersas entre la Península de Kamchatka y la isla japonesa de Hokkaido. Japón considera que las cuatro más australes de las Kuriles son parte de su territorio (la más austral, Kunashir, se sitúa a apenas 15 kilómetros de Hokkaido).
En la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, los aliados (particularmente Estados Unidos) “ofrecieron” a la Unión Soviética esas islas a cambio de su incorporación a la guerra contra Japón en el Pacífico. Los soviéticos materializaron su compromiso a pocos días de la rendición del Japón, específicamente, luego de los ataques nucleares sobre Nagasaki e Hiroshima. Japón considera a las citadas islas permanecen “ilegalmente ocupadas” por Rusia.
La visita de Putin ameritó que la primera ministra Sanae Takaichi sentenciara que la presencia del líder ruso resultaba “absolutamente inaceptable” y que, por lo mismo, constituía un “hecho grave” para el futuro de las relaciones rusojaponesas. En respuesta, la Marina rusa inició un ejercicio militar en aguas de las Kuriles.
Ocurre que, además del “reclamo histórico” japonés, conforme con el Derecho Internacional del Mar, en torno a cada una de las islas en disputa corresponde no solo la proyección de la respectiva Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas (370,4 kilómetros), sino también, desde que está en vigor la normativa internacional sobre la plataforma continental extendida (1999), una proyección de hasta 350 millas náuticas (648,2 kilómetros) de suelo y subsuelo marino.
En la cartografía y -por extensión en la geopolítica- el dominio ruso de las islas Kuriles asegura no solo acceso privilegiado a los importantes recursos pesqueros de la región, sino también control del fondo marino, fundamental para el despliegue de la flota de submarinos con base en Vladivostok. Desde el punto de vista militar -en el “escenario del Pacífico”- para Rusia el archipiélago japonés y las Kuriles son, en la nomenclatura de la Segunda Guerra Mundial, su “primera línea de islas”.
El caso de la Kuriles no es el único diferendo marítimo “en curso” en el Pacífico. De una larga lista, el más complejo de ellos es, sin duda, el que resulta de la proyección china de Zona Económica Exclusiva plataforma continental más allá de las 200 millas, encapsulada en la versión en la más reciente en la tesis de la “línea de los nueve puntos”.
En terreno, se trata de un diseño geopolítico en “forma U” que engloba al conjunto del Mar de Sur de China, superponiéndose a las proyecciones marítimas de Taiwán, Vietnam, Malasia, Indonesia, Brunéi y Filipinas. Además de la columna de agua y la plataforma continental, la proyección china incluye, entre otras, a las islas Prata (disputadas con Taiwán), a las islas Paracel (disputadas con Vietnam y Taiwán), a las islas Spratly (situadas al centro del Mar de China y disputadas con Vietnam, Malasia, Brunéi y Filipinas) y al atolón de Scarborough (disputado con Taiwán y Filipinas).
En estos y varios otros sectores del Pacífico Occidental confluyen reclamos sobre territorios insulares que, en el caso de China, proyectan su presencia hacia el Pacífico Central, a miles de kilómetros de sus costas.
En ese marco, de particular preocupación resulta el enfrentamiento político, diplomático y crecientemente militar entre China y Filipinas, a propósito del control afianzado por la Armada china sobre el atolón Scarborough y sus pretensiones sobre las islas Spratly. Allí incidentes entre guardacostas chinos y guardacostas y pescadores filipinos son cada más frecuentes y graves.
Sobre la materia vale anotar que, pese a una sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje que en 2016 rechazó el alegato chino sobre supuestos “derechos históricos” sobre las islas disputadas con Filipinas (y adicionalmente, consideró ilegal el establecimiento de “islas artificiales” para proyectar su Zona Económica Exclusiva y su plataforma continental), el gobierno de Beijing hizo caso omiso de dicho dictamen, continundo una política de penetración geopolítica hacia una “segunda línea de islas del Pacífico”, esto es, hacia las islas Malucas, Papúa Nueva Guinea y las islas Salomón. Por extensión este avance se interpreta como una amenaza sobre Guam, que alberga una de las mayores bases estratégicas de Estados Unidos.
En materia de plataforma continental, en 2012 China presentó ante el organismo técnico-científico de la Convención del Mar un “reclamo” sobre el fondo marino que enfrenta el área sur del archipiélago japonés. Toda vez que la presentación china se sobrepuso a la proyección de 200 millas del Japón, el gobierno de Tokio pidió al citado organismo técnico no considerar el planteamiento chino.
Si bien después de 2012 China no formalizó ningún otro reclamo de plataforma continental, desde una perspectiva más amplia ya es claro su interés por “socializar” su propia interpretación de la implementación del Derecho del Mar. En ese contexto geopolítico debe interpretarse su candidatura para albergar en Xiamen la sede del acuerdo multilateral coloquialmente referido como “Tratado de Alta Mar” (sobre biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales). En perspectiva dicha candidatura es un componente de un concepto geopolítico mayor, que interpreta a “las islas” como instrumentos para la proyección del interés económico y la seguridad nacional.
El Atlántico Sur y el Mar Austral
Aunque menos en cantidad, en nuestro hemisferio las disputas por la soberanía sobre espacios insulares revisten potencial gravedad, particularmente aquellas en el Atlántico Sur y Mar Austral, que atañen directamente al interés de Chile.
La disputa más conocida es aquella que enfrenta a Argentina con el Reino Unido por el control del archipiélago Falkland/Malvinas que –y esto es medular- también incluye a las islas Georgia del Sur (a más de 720 kilómetros al sureste de Port Stanley) y a las islas Sándwich del Sur (a otros 300 kilómetros hacia el sureste).
En el concepto argentino, comprobar soberanía sobre esos archipiélagos es vital para otorgar “contenido geo-legal” a su reclamo antártico. Sin el “componente de Malvinas”, Argentina no tiene proyección directa ni hacia el Mar Austral, ni hacia la Antártica: mire Usted un mapa.
Adicionalmente, el mar que rodea a esos archipiélagos contiene algunos de los más importantes caladeros de pesca del mundo, y en su suelo se esconden grandes reservas de hidrocarburos. Esto último es un desarrollo reciente que ha agregado complejidad a una disputa que, hasta aquí, no tiene solución.
Para Chile todo este asunto tiene diversas complicaciones directas.
Complejidades para Chile
Primero, porque, como se ha dicho numerosas veces, el diseño geopolítico argentino incluye el control del estrecho de Magallanes (la tesis de la “Boca Oriental argentina del estrecho”) y, también, porque ese diseño se articula en torno a un intento de instrumentalizar el Derecho del Mar para modificar los pactado con el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA). Esto, proyectando, desde el extremo sureste de Tierra del Fuego, una “medialuna” de cerca de 9 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental más allá de las 200 millas.
Dicho ejercicio geo-legal supone un “sobrevuelo” de los espacios chilenos delimitados en 1984 (“el martillo”), para “reaparecer” en medio del Mar Austral y reivindicar el “principio bioceánico”. El resultado: Chile carece de proyección hacia y desde la Península Antártica.
Durante las últimas tres décadas, con la excepción de la Cancillería Piñera 2, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha preferido “postergar” hacerse cargo del diferendo que, primero de derecho (desde 2009), luego y de hecho, desde 2023 nos enfrenta con Argentina.
La situación de hecho ocurre desde que el anterior gobierno argentino invitó al Canciller chileno a discutir la superposición de proyecciones de plataforma continental al sur y sureste del Cabo de Hornos (más allá del “Punto F” del Tratado de 1984) y, habida cuenta que -todo indica- no hubo acuerdo, el vecino invocó el Procedimiento de Conciliación previsto en el Tratado de 1984.
Por lo que sabemos, hasta ahora Chile no tiene representante en dicha Comisión de Conciliación, por lo cual este nuevo diferendo marítimo (que en lo más inmediato afecta a la continuidad geográfica y legal hacia y desde el territorio Chileno Antártico) sigue sin atenderse. Gravísimo. Como diría un torero exnovio de la cantante Madonna, “en dos palabras: im-presionante”.
Ocurre que, en materia de plataforma continental proyectada desde nuestras islas y archipiélagos, para “simplificarse la vida”, nuestra Cancillería prefirió abocarse a, primero, Rapa Nui y, luego, al archipiélago de Juan Fernández.
Sí, por supuesto, la plataforma continental de ambos sectores tiene un valor geoeconómico y geopolítico incalculable (contribuyen a dar sustento legal al concepto de “Mar Presencial”), dado que ninguna de ellas es objeto de pretensiones por parte de un poder extranjero, ninguna de ellas tenía la urgencia y complejidad de la plataforma de las islas del Cabo de Hornos y Diego Ramírez.
Ello, especialmente después que en 2009 Argentina instrumentalizó normas de la Convención sobre el Derecho del Mar para “resucitar” el “principio bioceánico”, y retrotraer a mediados del siglo XX el escenario geopolítico en el Mar Austral (y por extensión en la Antártica).
La Cancillería chilena ha sido reacia a aceptar está circunstancia. Es recordada la frase de un excanciller que en 2016 calificó a este diferendo de “importancia ninguna”. Esa tesis avaló un silencio culpable que se extendió hasta 2021 y que, en la inevitable futura negociación con Argentina, costará discipar.
No solo eso. Si desde 1991 -con declaraciones presidenciales emitidas anualmente- Chile solidarizó con la “causa de Malvinas”, a partir de 2009 nuestra diplomacia no fue capaz de entender que el aval chileno al reclamo argentino sobre los “espacios marítimos adyacentes” a los archipiélagos de las Falkland/Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur era parte de la esencia del “nuevo reclamo antártico argentino”, cuya lógica es la misma que la empleada alterar el modus vivendi en el área delimitada con el TPA. Todo en función de una interpretación ad hoc del Derecho Internacional sobre plataforma continental que la Cancillería chilena no fue capaz de comprender. Probablemente, nuestro error geográfico, político y diplomático más grave de los últimos 100 años.
Y aunque es correcto que el organismo técnico científico respectivo (que no es Naciones Unidas ni un “tribunal internacional que otorga territorios” como sostiene Argentina) no pudo, por reglamento, avalar la pretensión argentina, para el relato de Buenos Aires en la relación con Chile la cuestión de la plataforma continental extendida proyectada desde el extremo de Tierra del Fuego sí es “sustativa”.
Eso, porque como indico, el método para “reclamar la plataforma continental de las Falkland/Malvinas” es el mismo que el empleado para generar un espacio submarino en territorio chileno al sur del “martillo” del TPA, cuya finalidad es, como queda dicho, bloquear nuestra proyección legal y geográfica más allá de lo que Argentina insiste en denominar “el meridiano del cabo de Hornos”.
Para quienes esperábamos que el gobierno del presidente Kast enfrentara desde el comienzo esta compleja y urgente materia, lo ocurrido durante los primeros meses de gobierno ha sido muy decepcionante.
Nos hemos encontrado con una Cancillería en la cual “las cosas han cambiado para que no cambiara nada”. Incluso, el gobierno ha nombrado embajadores a “funcionarios progresistas”, que en 2020 firmaron una declaración que pedía la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Otra vez: im-presionante.
En mi opinión, ya no es aceptable que el interés permanente de Chile en el Mar Austral y la Antártica siga desatendido.
Como resultado de los trabajos de la administración Piñera 2, en 2022 Chile presentó la primera parte de su plataforma continental extendida en la Antártica. Es urgente completar ese trabajo y, también, “aceptar el guante” lanzado en 2023 con Argentina para, ojalá al margen del resto del diálogo bilateral, en el marco del sistema de solución de controversias prescrito en el TPA, resolver este nuevo diferendo limítrofe, quizás más difícil que aquel por “las islas al sur del canal Beagle”.
No hacerlo implica fortalecer una sombra sobre la relación bilateral a largo plazo, y perjudica nuestros legítimos derechos sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de recursos naturales que no pertenecen ni a la Cancillería ni al gobierno de turno, sino a las futuras generaciones de chilenos.
Hoy en día islas y archipiélagos son herramientas de proyección de soberanía marítima. Por ello es urgente “poner en valor” a nuestras “islas más australes”. Para ello, y para terminar con la pasividad y la desidia imperantes, es urgente la intervención personal del Presidente de la República.
