“Ahora, hay que ver qué implica para atrás”, escribió Francisco Amenábar, ejecutivo de Casa Matriz de ENAP, en una conversación interna sostenida el 29 de enero de 2025 con Lyllian Valdenegro, jefa del Departamento Legal de Refinería Aconcagua. El mensaje fue por whatsapp, y que la Unidad de Investigación de Bio Bio tuvo a la vista.
Para entonces, dentro de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ya se discutía un problema que más de un año después terminaría convertido en una investigación interna, una denuncia ante el Ministerio Público y diligencias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Los mensajes, correos electrónicos y documentos a los que accedió la Unidad de Investigación permiten ahora retroceder la historia.
Y fijan una fecha.
El 29 de enero de 2025, personal de ENAP ya sabía que la metodología utilizada para calcular el balance de azufre no correspondía a la aprobada por la autoridad ambiental.
“Me llamó recién Fabián y hablamos con Cristian Ruiz, porque la metodología aplicada no ha sido la correcta estos años”, escribió Valdenegro, en referencia a Fabián Guerrero Leiva, ejecutivo de Casa Matriz de ENAP, y a Cristián Ruiz Araneda, abogado del estudio GTR Abogados que asesoraba a la estatal en materias legales ambientales.
La conversación continúa: “Atendido que se conoció el error, la recomendación es que se aclare a la SMA, y no se mantenga a sabiendas información que ya se conoce no es”.
La respuesta de Francisco Amenábar fue breve: “De acuerdo con la recomendación”.
Y luego el mismo Amenábar agregó: “Ahora, hay que ver qué implica para atrás”.
Los nuevos antecedentes complementan el reportaje publicado este viernes por BioBioChile, que reveló la existencia de un informe interno de ENAP sobre inconsistencias en los balances de azufre de Refinería Aconcagua, documento cuyo contenido íntegro ha sido requerido por el Ministerio de Energía y que tampoco estaría completo en manos del Ministerio Público.
La petrolera estatal ha reconocido que durante años se utilizó una fórmula distinta de la establecida en el PPDA de Concón, Quintero y Puchuncaví y que, al recalcular los antecedentes, la eficiencia de recuperación de azufre quedaba sobre el 90%, pero bajo el 98% exigido por la norma.
La diferencia ahora es que correos y declaraciones recopiladas dentro de la propia investigación permiten reconstruir con mayor precisión cuándo se supo, quiénes participaron en las discusiones y cómo el problema fue escalando dentro de ENAP.
“Desde el minuto 1”
Una cadena de correos electrónicos fechada entre el 30 y 31 de enero de 2025 resulta particularmente reveladora.
En uno de ellos, Sebastián Chaparro, del departamento de ingeniería, división de procesos de Enap Aconcagua, hizo una síntesis de cómo se había construido la metodología utilizada para determinar la recuperación de azufre.
El documento recuerda que el PPDA fue aprobado en 2019 y que, después de distintas observaciones de la SMA, la metodología para realizar el balance fue finalmente aprobada mediante la Resolución N°75 de 2021.
Pero inmediatamente después aparece una afirmación de especial relevancia, lo escribió en esta cadena de correos Claudio Galarce, jefe División Estudios y Cumplimiento del departamento Medio Ambiente ERA de la petrolera estatal.
“Respecto a la introducción de precisiones y ‘mejoras’ a la metodología aprobada, éstas fueron incorporadas desde el minuto 1, ya que para el primer balance se observó que los resultados no daban”, escribió Galarce.
Según el mismo correo, la metodología aprobada no consideraba todas las corrientes, entradas o salidas que posteriormente fueron incorporadas cada vez que se realizaba un nuevo balance.
Ese antecedente amplía la ventana temporal conocida hasta ahora.
ENAP ha situado los hechos que deben ser revisados entre 2021 y 2025. Los correos muestran que, según quienes participaban técnicamente del proceso, las modificaciones respecto de la metodología autorizada comenzaron desde el primer balance realizado después de su aprobación.
La pregunta que queda abierta es cuándo esas modificaciones dejaron de ser consideradas simples “mejoras” internas y comenzaron a ser reconocidas como una desviación respecto del procedimiento autorizado por la SMA. Dudas que tendrá que responder la investigación interna y penal.
Enero de 2025
Una minuta elaborada por EY en el marco de la investigación interna solicitada por el Directorio de ENAP ayuda a responder parte de esa interrogante.
El documento corresponde a una entrevista realizada el 4 de marzo de 2026 a Lyllian Valdenegro, por ese entonces jefa del Departamento Legal de Refinería Aconcagua. El objetivo de la diligencia fue reconstruir los procesos relacionados con la medición y reportabilidad de emisiones de SO₂ y del balance de azufre.
En su declaración, Valdenegro señaló que el 29 de enero de 2025 tomó conocimiento de un aviso de Fabián Guerrero Leiva, ejecutivo de Casa Matriz de ENAP, sobre “hallazgos en la aplicación de la metodología de azufre”.
La conclusión fue concreta, no se estaba utilizando la metodología aprobada por la autoridad, sino una alternativa.
De acuerdo con su versión, Guerrero llegó hasta su oficina y solicitó apoyo debido a que quien normalmente intervenía en el área se encontraba de vacaciones.
Valdenegro contactó entonces a Cristián Ruiz Araneda, abogado de GTR Abogados y asesor legal de la Subdirección Legal de Medio Ambiente, para preparar un documento destinado a informar a la autoridad sobre la situación y la metodología que efectivamente se estaba utilizando.
La actuación no quedó limitada a una conversación interna.
La SMA
El 30 de enero de 2025, Susana Muñoz Mercado, jefa del Departamento de Medio Ambiente de Refinería Aconcagua, envió un correo después de una reunión con la Superintendencia del Medio Ambiente y otra reunión interna en la que participaron Gerencia, Medio Ambiente y Legal.
“Se acordó que vamos a presentar un escrito aclarando ciertos aspectos del Balance de azufre 2024”, señaló.
Para ello pidió con carácter urgente los antecedentes sobre las “mejoras y precisiones en la metodología actual respecto de la metodología aprobada por la SMA”, debido a que los abogados debían preparar una carta para ser presentada al día siguiente.
La correspondencia muestra que en las horas siguientes participaron funcionarios y ejecutivos tanto de Refinería Aconcagua como de Casa Matriz.
Entre ellos aparecen Fabián Guerrero Leiva, de Casa Matriz; Jorge Lobato Urrutia, también de Casa Matriz; Francisco Javier Amenábar Riumallo, de Casa Matriz; Juan Pablo Fuenzalida Peñaloza, de ENAP Refinerías; Christian González Carrasco, de Casa Matriz; Edmundo Piraino, de ENAP Refinerías; María Paz Gutiérrez Rojas, de Casa Matriz; Claudio Galarce Páez, entonces jefe de la División Estudios y Cumplimiento del Departamento de Medio Ambiente de Refinería Aconcagua; Rodrigo Vargas García, de ENAP Refinerías; y Susana Muñoz Mercado, jefa del Departamento de Medio Ambiente de Refinería Aconcagua, además de personal del área jurídica.
La documentación fue revisada además por Cristián Ruiz Araneda, socio de GTR Abogados y asesor jurídico externo en materias ambientales.
El 31 de enero, Fabián Guerrero Leiva formuló una observación que hoy adquiere especial relevancia.
“Es fundamental confirmar lo que solicita Lyllian respecto a la no incidencia y cumplimiento de los límites de emisión”, escribió en la cadena de correos.
Susana Muñoz Mercado respondió que revisarían precisamente “los comentarios respecto de la incidencia o no en las emisiones”.
Es decir, en enero de 2025 la eventual incidencia que las modificaciones metodológicas podían tener en los resultados ambientales era una materia expresamente discutida dentro de ENAP antes de presentar información a la autoridad.
“No había impactos”
Según la declaración recogida posteriormente por EY, la presentación fue efectuada el 31 de enero y durante los primeros días de febrero se sostuvo una reunión con la SMA.
Valdenegro relató que en esa instancia se informó la actualización de la metodología y que se recomendó contratar a un tercero independiente —INERCO— para revisarla.
Sin embargo, otro pasaje de la entrevista abre una diferencia relevante entre lo que ENAP manejaba en 2025 y lo que terminaría descubriendo en 2026.
Valdenegro declaró que, al revisar los borradores elaborados un año antes, el área de Medio Ambiente había señalado que los cambios no tenían impactos en las emisiones de azufre.
En 2026, en cambio, fue convocada a una reunión en la que se informó que sí se había identificado un posible impacto. “Por eso la sorpresa de que después apareciera lo contrario”, declaró ante EY.
Ese punto coincide con lo reconocido actualmente por la propia ENAP. La empresa informó que al revisar los antecedentes correspondientes al reporte de 2025 encontró inconsistencias en las emisiones totales de SO₂ y en el cálculo de recuperación de azufre. Entre otras cosas, constató que el flaring de antorchas y otras fuentes menores no habían sido incorporados anteriormente y que la eficiencia recalculada quedaba bajo el 98% requerido por el PPDA.
Sin certeza sobre los datos
La minuta de la consultora EY consigna que, durante una reunión efectuada en enero de 2026, se informó nuevamente que la metodología aprobada por la SMA no estaba siendo aplicada.
Pero esta vez la advertencia fue más lejos. Según el documento, se planteó que la metodología utilizada “podría afectar los resultados de emisiones” y que “no había certeza respecto de la exactitud de los datos que estaban siendo reportados”.
El asunto ya había alcanzado a las gerencias corporativas. En sus observaciones posteriores a la minuta, Valdenegro precisó que existieron dos reuniones distintas: una en enero de 2025, motivada por el hallazgo de la aplicación de una metodología alternativa, y otra en enero de 2026, cuando el caso comenzó a ser manejado desde las gerencias corporativas.
De lo ambiental a lo penal
Los correos de enero de 2026 muestran que ENAP comenzó a convocar asesoría jurídica especializada. El 16 de enero, el estudio GTR Abogados remitió a ejecutivos de la compañía una “versión preliminar del análisis de riesgo” y anunció que continuaría trabajando en un plan de acciones y recomendaciones.
Un día después, Daniela Silva Graves, de la Gerencia Legal de Casa Matriz de ENAP, respondió que el documento contenía una mirada detallada de “lo que ha pasado históricamente en ERA”.
Pero añadió algo más, al sostener que compartiría los antecedentes con otro equipo jurídico que estaba abordando el caso desde una perspectiva “más penal/estratégica que medioambiental dura”, planteando incluso que ambos equipos de abogados trabajaran en conjunto.
El 23 de enero, GTR envió un informe complementario destinado a describir el “plan de acción asociado a los riesgos identificados”. Los documentos disponibles no permiten sostener que los abogados hubieran concluido que existía un delito. Sí permiten establecer que, a esa altura, ENAP ya no trataba el problema exclusivamente como una controversia técnica o administrativa ambiental.
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