Un conjunto de organizaciones civiles pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija explicaciones al Estado de Chile por cambios regulatorios que permiten la construcción de data centers sin pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
De acuerdo con la misiva ingresada este jueves, durante el gobierno de Gabriel Boric se introdujeron modificaciones a la medida de los data centers. Así, un proyecto icónico que había sido desechado por Google —el data center de Cerrillos—, hoy encontró un nuevo aire, ya que con la nueva normativa ni siquiera tendrá que pasar por el SEIA:
—En resumen, se trata de un proyecto de US$ 200 millones, cuya aprobación ambiental fue anulada parcialmente en 2024 por no acreditar la ausencia de impactos significativos sobre un acuífero y por no considerar el cambio climático, puede hoy ejecutarse sin evaluación ambiental alguna, sin participación de la comunidad que litigó e impulsó el caso, y sin que ningún órgano del Estado examine el agua, la energía, el aire o los impactos socioambientales acumulativos sobre la vida de la comunidad y el territorio —señala la carta.
1.000 toneladas
La carta fue ingresada por las organizaciones Acción Cívica, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), el Centro para el Acceso a la Justicia e Inclusión de la Universidad Anglia Ruskin, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia y el abogado ambientalista Gonzalo Sánchez Sandoval. El documento se basó en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que faculta a la CIDH para solicitar información a los Estados.
En concreto, el escrito apunta a una decisión clave de la administración de Gabriel Boric, que permitió desarrollar los data centers en Chile saltándose el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se trata del Decreto Supremo 17/2025 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado el 21 de enero de 2026.
Esa norma lo único que hizo fue cambiar dos factores que hacían que los data centers tuvieran que entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: el almacenamiento de combustible y el trazado eléctrico.
Antiguamente, bastaba con que se almacenaran más de 80 toneladas de diésel y que el tendido tuviera una tensión que superara los 23 kV para que las iniciativas tuvieran que pasar por el SEIA. Desde enero el límite de combustible subió hasta las 1.000 toneladas (12,5 veces el límite anterior):
—Los umbrales de producción, disposición o reutilización permanecieron inalterados, mientras que los cuatro umbrales de capacidad de almacenamiento fueron multiplicados entre doce y ochenta y tres veces. Los centros de datos no producen, disponen ni reutilizan combustible; únicamente lo acopian, lo almacenan para sus generadores de respaldo. Así, el único parámetro por el cual esta industria ingresaba al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile es, precisamente, el único que fue modificado por vía reglamentaria —acusa la carta.
En cuanto al tendido eléctrico, aparte de superar los 23 kV ahora debe tener más de 2 kilómetros de extensión. Debido a esto, distintos proyectos se han estado ubicando cerca de subestaciones eléctricas, como el de Google en Cerrillos, que lleva su filial Dataluna Ltda.
Un simple aviso
Luego de emitir una declaración de impacto ambiental en 2019, Google obtuvo el visto bueno para su proyecto en Cerrillos en febrero de 2020. Pero el consumo de agua levantó la alarma entre los vecinos. El plan original contemplaba extraer 169 litros por segundo del Acuífero Santiago Central. Los cerrillanos y el municipio presentaron reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental.
Google intentó presentar un plan mejorado, con una modificación al sistema de enfriamiento con condensación por aire. La firma ingresó una consulta de pertinencia al SEA, que determinó que dicho cambio no debía ser evaluado ambientalmente. En el intertanto, tanto el municipio como trece vecinos se desistieron de la reclamación. Sólo quedó una vecina como impulsora.
Pero en 2024 el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la resolución de calificación ambiental, determinando que el proyecto no podía ser ejecutado hasta que se rehiciera la evaluación ambiental, incorporando los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico. En septiembre de ese año Google comunicó que no perseveraría con la iniciativa con su diseño original.
Eso hasta junio de este año. Ahora con las modificaciones introducidas no tendrá que pasar por el SEIA; simplemente se debe presentar una consulta de pertinencia para confirmar que no tiene que someterse al sistema.
Según denuncia la carta, a pesar de que el mismo Segundo Tribunal Ambiental había catalogado la consulta de pertinencia como insuficiente para la evaluación del proyecto original, ahora es el único trámite que la nueva iniciativa debe cumplir:
—El mismo titular, en el mismo predio y por el mismo monto, presentó una consulta de pertinencia […] que se resuelve exclusivamente con los antecedentes que ella aporta, que no contempla participación alguna, que se notifica únicamente a ella y respecto de la cual ningún tercero tiene legitimación para reclamar —critica.
Desde México
El tema del consumo de recursos de los data centers está en el centro del debate sobre la inteligencia artificial. Esta misma semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la posibilidad de que su país se convierta en uno de los mayores sostenedores de esta tecnología:
—No necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo, porque requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua —reflexionó la mandataria, según La Jornada.
La mandataria expresó que si bien los data centers atraen inversión lo hacen “con muy poco empleo y mucho consumo de recursos naturales”.
El 3 de agosto, la CIDH celebró en Washington D.C. una audiencia temática regional en la que abordó el desarrollo de data centers en la región. En ella expusieron firmantes de la carta, como Camilo Sánchez León, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia.
—El desafío es democrático: la capacidad estatal para regular, auditar y supervisar esos sistemas y sus infraestructuras físicas es sistemáticamente inferior a la capacidad técnica, financiera y jurídica de quienes los desarrollan y las operan —afirmó en la instancia.
Igualmente intervino Karinna Fernández, de Acción Cívica, quien aseguró que no estaban en contra de los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial como tales, sino en contra de que su “desarrollo precisamente no sea inteligente ni sea artificial y utilice los recursos naturales”.
En cuanto a las peticiones específicas, la carta requiere a la CIDH que exija al Estado explicaciones sobre el cambio reglamentario del Decreto Supremo 17/2025, con los fundamentos técnicos de la reforma.
También, se pide que remita la “nómina completa de consultas de pertinencia referidas a centros de datos presentadas ante el SEA desde el 21 de enero de 2026 a la fecha”, que explique las vías de impugnación efectivas de los proyectos ante las modificaciones normativas y cómo se concilia que se exima de responsabilidad penal a las empresas frente a su deber internacional respecto a los daños ambientales.
Por otro lado, se requieren datos específicos sobre el proyecto en Cerrillos y que se explicite si existen subsidios relacionados a la iniciativa en particular o a la industria.
Además, se le pide a la CIDH que incorpore los antecedentes a su informe anual y que recomiende al Estado de Chile reincorporar la evaluación ambiental obligatoria para este tipo de proyectos.
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