Enviando corrección, espere un momento...
Las acusaciones formuladas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pueden investigarse, pero la decisión del Gobierno es algo que lo transciende, que derechamente va en beneficio de toda la ciudadanía y no solo de un grupo selecto.
Eliminar la burocracia no significa eliminar la probidad, transparencia o la responsabilidad de las autoridades. Una cosa es investigar un eventual conflicto de interés y otra muy distinta es utilizarlo como pretexto para defender la paralización permanente del país.
Toda sociedad necesita autorizaciones para aquellas actividades que puedan afectar la seguridad, la salud o los derechos de terceros. El problema comienza cuando los permisos se duplican, cuando distintos organismos revisan una misma materia, cuando se exigen antecedentes que ya están en poder del Estado y, especialmente, cuando la autoridad incumple sin consecuencia alguna los plazos establecidos por la ley.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 439 trámites que inciden en la inversión y constató que algunos procedimientos exceden ampliamente sus plazos legales. Una concesión marítima que normativamente debía resolverse en cuatro meses tardaba, en promedio, 34 meses. En ciertas clases de proyectos, la ruta completa de autorizaciones podía extenderse hasta once años. Esto no es regulación razonable: es una forma administrativa de impedir que las personas puedan desarrollar actividades lícitas.
Además, no se trata únicamente de los grandes empresarios. La permisología la sufre el ciudadano común cuando intenta construir, subdividir un terreno, regularizar una vivienda, abrir un almacén, instalar un taller o comenzar una actividad comercial. Para hacerlo debe recorrer distintas ventanillas municipales, obtener pronunciamientos de Obras, Rentas, Salud y otros servicios, presentar varias veces los mismos documentos y esperar durante meses una respuesta que puede depender más de la voluntad del funcionario que de una regla objetiva.
Durante ese tiempo debe seguir pagando arriendo, intereses, remuneraciones y asesorías, aunque todavía no pueda producir ni vender. Las grandes empresas pueden contratar abogados y gestores especializados para recorrer ese laberinto. El pequeño emprendedor normalmente no puede hacerlo. La burocracia, que frecuentemente se presenta como una defensa de los débiles, termina protegiendo a quienes ya tienen recursos y expulsando a quienes intentan ingresar al mercado.
Para las actividades de menor riesgo, resulta perfectamente posible sustituir la autorización previa por una declaración responsable o una certificación emitida por un arquitecto, ingeniero u otro profesional competente. El ciudadano podría comenzar su actividad y el Estado conservaría íntegramente sus facultades de fiscalización. Si la declaración fuera falsa o el profesional certificara algo incorrecto, deberían aplicarse sanciones severas y hacerse efectivas las responsabilidades civiles, administrativas o penales correspondientes.
No tiene sentido que el Estado trate de examinar anticipadamente cada actuación posible y después carezca de funcionarios y recursos para fiscalizar aquello que verdaderamente importa.
¿Por qué, entonces, ciertos sectores de izquierda miran con tanta desconfianza cualquier intento de reducir la permisología? Porque una parte de esa tradición política identifica equivocadamente la cantidad de intervención estatal con el nivel de protección de las personas.
Bajo esa mirada, mientras más autorizaciones existan, más protegido estaría el interés general. Pero la experiencia demuestra lo contrario, un trámite extra no protege el derecho del ciudadano a emprender, solo lo dilata, enlentece y lo priva.
También existe una razón relacionada con el poder. Cada autorización entrega a un organismo la facultad de permitir, retrasar o impedir la actividad de otro. Y donde existe una decisión discrecional aparece también el gestor, el operador o el intermediario que conoce la ventanilla correcta. La excesiva burocracia no elimina el tráfico de influencias: muchas veces crea las condiciones que lo hacen rentable.
Por lo demás, la necesidad de reformar el sistema no es exclusivamente de derecha. La Ley Nº 21.770, sobre autorizaciones sectoriales, fue tramitada y promulgada durante el gobierno anterior. Al presentarla, se sostuvo que buscaba reducir los tiempos, las arbitrariedades y mecanismos destinados a evitar revisiones duplicadas. Y, donde está la misma razón, debe regir la misma disposición, por ser una exigencia de coherencia. Lo demás es solo oportunismo político.
El Estado está al servicio de las personas, no las personas al servicio de sus funcionarios. Su función no es obligar al ciudadano a pedir permiso para cada paso, sino otorgar la libertad necesaria y solo sancionar a quien abuse de ella.
Combatir la permisología significa quitarle poder a los burócratas para devolvérselo a los ciudadanos, de manera que puedan trabajar, emprender y levantarse sobre sus propios pies.
