El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó el sobreseimiento definitivo del alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, y de su jefe de Gabinete, Leonardo Jorquera, tras acoger la solicitud de cierre de la investigación denominada “caso audios de San Pedro”, en la que se indagaba una eventual comisión del delito de cohecho.
De acuerdo con lo informado por nuestro medio asociado Atacama Noticias, la causa se originó tras la difusión de material en el que se cuestionó el eventual uso de ayudas sociales con fines electorales.
La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada el pasado miércoles 19 de agosto, luego de que la Fiscalía Local de Copiapó solicitara el sobreseimiento de ambos.
En la instancia, el fiscal adjunto Luis Miranda Flores presentó y sostuvo la petición del Ministerio Público, la que fue acogida por el tribunal, poniendo fin al procedimiento judicial que los involucraba.
Caso audios de San Pedro
Todo se originó tras la difusión, en 2025, de una serie de audios en los que se escuchaba a Jorquera hablando con dirigentes sociales en el contexto de gestiones relacionadas con proyectos habitacionales y ayudas sociales.
En este escenario, surgieron cuestionamientos sobre un presunto vínculo entre gestiones municipales y solicitudes de apoyo electoral a favor de la hija del alcalde Cicardini y entonces diputada por la región de Atacama.
Otro de los audios hacía referencia a las gestiones para destrabar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de San Pedro, una iniciativa vinculada al avance de diversos proyectos habitacionales.
Los registros fueron difundidos públicamente por Reportajes T13, lo que dio paso a una investigación destinada a determinar si los hechos podían configurar algún ilícito.
En otro de los audios, el jefe de Gabinete hizo referencia a su rol dentro de la administración y a la confianza que tendría del alcalde para lograr ciertas gestiones.
Dentro de estos registros también figuró el alcalde de Copiapó, refiriéndose al escenario electoral y a la continuidad de las políticas habitacionales impulsadas en el gobierno de Gabriel Boric, agregando que la próxima administración debería mantener una línea similar para asegurar la continuidad de dichas políticas.
Tras la decisión del tribunal, la causa fue sobreseída de manera definitiva.
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