Enviando corrección, espere un momento...
El Gobierno parte de un diagnóstico correcto: Chile enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad económica, territorial y operativa que hace una década. El Estado necesita herramientas eficaces para enfrentarlas.
La discusión, entonces, no es si debemos fortalecer al Estado. La pregunta es otra: qué debemos fortalecer y hasta dónde estamos dispuestos a ampliar el poder presidencial para hacerlo.
La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo propone crear un nuevo Estado de Excepción frente a amenazas graves a la seguridad pública, con facultades para restringir derechos fundamentales y una duración que podría extenderse durante meses. No es una modificación menor.
Antes de crear una nueva figura constitucional, el Gobierno debería responder algo básico: ¿qué facultad indispensable para combatir al crimen organizado no posee hoy el Estado y por qué las herramientas vigentes resultan insuficientes?
No basta con demostrar que existe una amenaza. También hay que demostrar que la solución propuesta es necesaria, proporcional y mejor que las alternativas disponibles.
Chile ya cuenta con estados de excepción, legislación especial contra el crimen organizado, herramientas investigativas sometidas a control judicial y mecanismos para perseguir el lavado de activos.
Por eso, antes de ampliar facultades, corresponde determinar si el déficit es efectivamente constitucional o si seguimos intentando resolver problemas de gestión, coordinación y capacidad estatal mediante nuevas normas.
La advertencia de la Macrozona Sur
Chile tiene experiencia suficiente para discutir la excepcionalidad sin abstracciones.
El Estado de Emergencia decretado en 2022 para La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío se ha prolongado durante años.
Eso no significa que haya sido inútil. Puede haber permitido mayor despliegue operativo y contener determinadas expresiones de violencia.
Pero deja una pregunta inevitable: cuando una herramienta excepcional debe mantenerse durante años, ¿seguimos enfrentando una emergencia o estamos compensando con excepcionalidad capacidades permanentes que el Estado no desarrolló?
Una medida extraordinaria puede ayudar a recuperar el control de un territorio. No reemplaza inteligencia criminal, persecución patrimonial, coordinación institucional, control penitenciario ni presencia estatal permanente.
La verdadera medida del éxito de una excepción debería ser que, en algún momento, deje de ser necesaria.
El problema también está en cómo funciona el Estado
Chile tiene una tendencia conocida: frente a cada crisis buscamos una nueva ley. Pero más normas no significan necesariamente más capacidad pública.
El crimen organizado prospera donde las instituciones trabajan fragmentadas, donde la información policial, financiera y penitenciaria no circula oportunamente, donde las investigaciones llegan tarde y donde existen enormes diferencias entre territorios.
Por eso debemos cambiar parcialmente la pregunta.En vez de discutir solamente qué nueva facultad entregar, deberíamos preguntarnos por qué las herramientas y recursos existentes no funcionan con la misma eficacia en todo Chile.
Ahí aparece una dimensión central de este debate: la justicia territorial.
Una municipalidad con mayores ingresos puede financiar cámaras, sistemas de monitoreo, vehículos, iluminación y recuperación de espacios públicos. Otra puede enfrentar una realidad delictual igual o más compleja con capacidades mucho menores.
Eso significa que personas sometidas a las mismas leyes reciben niveles distintos de prevención y protección dependiendo del lugar donde viven. Y eso no es aceptable.
La seguridad pública sigue siendo responsabilidad del Estado. Los municipios no reemplazan a Carabineros ni a la PDI. Pero la prevención, la iluminación, la recuperación urbana y el conocimiento del territorio también son parte de una estrategia moderna de seguridad.
Si el crimen organizado se instala territorialmente, el Estado también debe responder territorialmente.
Una respuesta con autoridad y justicia territorial
La respuesta no pasa por escoger entre autoridad y garantías. Pasa por construir un Estado eficaz y democrático.
Primero, debemos integrar mejor la inteligencia criminal y patrimonial. Las organizaciones criminales no son solo estructuras violentas; también son estructuras económicas. Hay que perseguir patrimonio, financistas, sociedades, testaferros y capacidad logística.
Segundo, Chile necesita corregir la desigualdad territorial mediante un Fondo Nacional de Seguridad Territorial, distribuido según criterios objetivos como delitos violentos, población, vulnerabilidad, extensión territorial y capacidad financiera municipal.
Los recursos deben llegar con mayor intensidad allí donde coinciden mayores riesgos y menores capacidades públicas.
Tercero, debemos superar la política del operativo. Cuando el Estado recupera un barrio debe permanecer: seguridad, iluminación, educación, prevención, tratamiento de adicciones, recuperación de espacios públicos y apoyo a niños y jóvenes forman parte de una misma estrategia.
Y cuarto, si el Congreso concluye que una nueva herramienta excepcional es indispensable, sus controles deben ser igualmente exigentes: territorio definido, plazos acotados, control judicial y parlamentario, indicadores públicos de resultado y una justificación concreta para cada prórroga.
La excepcionalidad necesita condiciones para comenzar, pero también condiciones claras para terminar.
Un Estado fuerte no necesita vivir en emergencia
El Gobierno tiene razón en una cuestión fundamental: Chile necesita recuperar autoridad frente al crimen organizado. Pero autoridad no significa concentración de poder.
Las instituciones no pueden diseñarse pensando solo en quien gobierna hoy. Deben funcionar también cuando gobierne alguien en quien no confiamos.
Ese es el sentido de los contrapesos democráticos.
Chile necesita mejores policías, inteligencia sofisticada, persecución financiera, cárceles bajo control efectivo del Estado y gobiernos locales con capacidades suficientes. Necesita autoridad, ejecución y presencia territorial.
Pero un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que necesita ampliar permanentemente la excepción para funcionar. Es aquel cuyas instituciones ordinarias son suficientemente eficaces para proteger a la población sin acostumbrarse a gobernar mediante facultades extraordinarias.
Y esa capacidad debe llegar con la misma fuerza a todos los territorios. Porque mientras la protección del Estado dependa de la capacidad financiera de cada comuna, seguirá existiendo una desigualdad que también es de seguridad.
La verdadera fortaleza del Estado no está en vivir bajo la excepción, sino en hacer que la excepción deje de ser necesaria. Eso es autoridad democrática. Eso es justicia territorial.
