El senador Matías Walker (Demócratas) pidió al gobierno retirar el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, argumentando que la iniciativa ha recibido críticas transversales y que, antes de avanzar en su tramitación, La Moneda debería realizar un trabajo prelegislativo para alcanzar acuerdos.
El parlamentario sostuvo que el objetivo de enfrentar al crimen organizado requiere herramientas eficaces, pero cuestionó que estas sean incorporadas directamente a la Constitución sin un respaldo amplio.
“Yo creo que, después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado”, aseguró Walker.
En esa línea, el senador advirtió sobre los riesgos de modificar la Carta Fundamental sin un acuerdo político amplio, apuntando directamente al eventual uso de estas facultades por futuras administraciones.
“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución requiere un amplio consenso porque esta herramienta en manos de un mal gobierno puede llevar al quebrantamiento del orden democrático”, complementó.
Recordemos que, previamente, Walker ya había cuestionado públicamente algunos aspectos de la propuesta. La semana pasada, el parlamentario protagonizó un cruce con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, a raíz de una disposición del borrador que contemplaba inhabilitar a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales.
La controvertida reforma de seguridad
La reforma constitucional forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El proyecto busca incorporar nuevas herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales, entre ellas un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, regímenes penitenciarios diferenciados, un registro de organizaciones criminales y terroristas y mayores facultades para incautar y disponer de bienes vinculados a estas actividades.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido precisamente el nuevo Estado de Excepción, que permitiría al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias en territorios afectados gravemente por organizaciones criminales. La propuesta ha despertado reparos por el alcance de las facultades presidenciales y por las restricciones que podría implicar para determinados derechos y libertades.
Los cuestionamientos no se han limitado a la oposición. La discusión sobre las prestaciones sociales para condenados por crimen organizado también generó reparos dentro del propio oficialismo y abrió un debate respecto de los límites de la reforma y su eventual impacto sobre derechos fundamentales.
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