Senadores Squella y Longton proponen que nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde su primer día
Los senadores Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, sellaron un acuerdo para modificar dos de los puntos más controvertidos de la reforma constitucional en seguridad que el Ejecutivo envió al Congreso. La iniciativa generó fisuras dentro del oficialismo, especialmente por el diseño del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y por la facultad de intervenir comunicaciones.
Ambos legisladores difundieron este miércoles una declaración conjunta en sus cuentas de la red social X, en la que confirmaron la presentación de indicaciones durante la tramitación del proyecto. El anuncio ocurre luego de que Squella cuestionara abiertamente las críticas de sectores de Chile Vamos y emplazara a sus pares a definir su postura frente a la propuesta presidencial.
Longton, en tanto, había sido una de las voces oficialistas que solicitó revisar los alcances de la norma, lo que evidenció un quiebre interno que ahora busca recomponerse con este acercamiento de posiciones. La declaración conjunta intenta conciliar las visiones sin perder de vista la urgencia de la agenda de seguridad.
“Coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, señalaron los senadores en el texto difundido.
Revisión legislativa cada 30 días
El primer cambio sustancial apunta al mecanismo de vigencia del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. La propuesta original del gobierno generó reparos porque permitía mantener la medida excepcional hasta 240 días sin que el Parlamento interviniera, un plazo que diversos sectores consideraron excesivo.
Squella y Longton plantearon una fórmula alternativa que exige el acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el momento inicial del decreto. Además, propusieron que la medida se someta a revisión cada 30 días por parte del Poder Legislativo, lo que acorta drásticamente los períodos de vigencia ininterrumpida.
Esta postura recoge las observaciones que distintos parlamentarios de Chile Vamos habían expresado en las últimas semanas, especialmente aquellos que advertían sobre el riesgo de concentrar en el Ejecutivo una atribución tan extensa sin control periódico del Congreso. El nuevo diseño busca equilibrar la facultad presidencial con la fiscalización legislativa.
Exclusión de la interceptación de comunicaciones
El segundo punto de consenso entre ambos senadores aborda una de las herramientas que la reforma original contemplaba: la posibilidad de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones.
Esta facultad también generó inquietudes entre los parlamentarios oficialistas por su alcance y posibles efectos colaterales.
Squella y Longton afirmaron, en su declaración, que “es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo”. Con esta indicación, los autores buscan acotar el espectro de la medida excepcional y centrarla en otras materias de seguridad pública.
La exclusión de esta atribución representa un giro relevante respecto del texto ingresado por el Ejecutivo, y se suma a las modificaciones que otros sectores de Chile Vamos han comenzado a elaborar en paralelo. En la UDI, también se trabaja en propuestas para ajustar las disposiciones que han despertado mayores reparos.
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