La UDI, RN y Evópoli rechazaron las conclusiones del informe sobre el estallido social de la comisión investigadora que acusan “excesivos incumplimientos” del gobierno de Sebastián Piñera y denunciaron un intento por enlodar su memoria y reescribir su actuación durante el 18-O.
El cuestionado documento aprobado fue impulsado por el Partido Nacional Libertario y aprobado por ocho votos contra cuatro en la comisión investigadora de la Cámara. Entre sus conclusiones, sostiene que zonas críticas fueron abandonadas por el Estado mientras ocurrían saqueos y destrucción, y cuestiona la falta de inteligencia y coordinación para contener la violencia.
La lectura, sin embargo, provocó una respuesta transversal entre los partidos de Chile Vamos que salieron a defender la actuación del fallecido expresidente. Aunque recurrieron a distintos tonos, los tres coincidieron en una idea: Piñera no abandonó su deber, sino que gobernó bajo condiciones extremas y defendió el Estado de derecho.
Informe del 18-O enfrenta a la derecha por legado de Piñera
La UDI lanzó la respuesta más dura. El partido cuestionó que la comisión no identificara instigadores ni rastros de financiamiento y, pese a ello, apuntara contra el exmandatario.
“Es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces presidente de Chile elegido democráticamente”.
La colectividad liderada hoy por Guillermo Ramirez, sostuvo que Piñera enfrentó “el momento más difícil de la democracia reciente” resguardando el Estado de derecho y buscando acuerdos políticos.
También calificó el documento como “vergonzoso” y anticipó que buscará derribarlo cuando sea sometido a votación en la Sala de la Cámara.
“No se puede responsabilizar a quienes lucharon por mantener el orden frente a quienes quemaban Chile y estamos seguros que este vergonzoso informe será rechazado en la sala de la Cámara de Diputados”.
RN acusa una conclusión “injusta y sin fundamentos”
Renovación Nacional también rechazó “categóricamente” el informe y aseguró que desconoce las condiciones extremas en las que debió actuar el Estado durante 2019.
Según RN, Piñera enfrentó la crisis con una convicción clara: restablecer el orden, pero dentro del Estado de derecho.
“Presentar esa conducta como una señal de fragilidad revela una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática”.
La tienda que preside Andrea Balladares, agregó que el expresidente tomó sus decisiones “con coraje”, pensando en el bien común y no en “pequeñas y mezquinas luchas ideológicas”.
“El legado del presidente Sebastián Piñera crece con el tiempo y haremos todo lo necesario para que su testimonio se mantenga vivo”, remató la declaración.
Para Katherine Martorell, exsubsecretaria de prevención del delito durante el segundo mandato de Piñera, el presidente fue “un valiente defensor de la democracia”: “Defenderemos con orgullo el legado de un gran hombre de nuestras filas, reconocido en Chile y en el mundo como estadista, demócrata y defensor de los derechos humanos”.
Evópoli acusa un intento por reescribir la historia
Evópoli completó el cerco defensivo y rechazó que se responsabilice a Piñera “por haber cumplido con su deber como jefe de Estado”.
El partido sostuvo que al exmandatario le correspondió gobernar durante uno de los episodios más duros de la historia reciente, marcado por incendios, saqueos, ataques contra Carabineros y destrucción de infraestructura.
“Desde Evópoli no vamos a permitir que hoy se pretenda transformar en una falta aquello que fue el cumplimiento de su deber”.
La colectividad defendió su legado democrático y acusó que las conclusiones buscan “reescribir esa historia a costa de quien tuvo la responsabilidad de conducir al país en tiempos extraordinariamente difíciles”.
El diputado Tomás Kast, añadió que “En vez de responsabilizar a quienes horadaron la institucionalidad y quemaron al país, el informe termina juzgando al que la protegió”.
¿Qué debía investigar la comisión?
La instancia encabezada por el diputado libertario, Hans Marowski, debía revisar cómo actuó el Estado para prevenir y controlar la violencia ocurrida entre octubre de 2019 y marzo de 2026, además de indagar a sus posibles autores, cómplices e instigadores.
El resultado quedó lejos de ese objetivo: tras 11 sesiones, no identificó organizaciones, financistas ni acreditó una planificación o intervención extranjera. De 32 invitados asistieron 17 y, de 65 oficios enviados, solo 10 tuvieron respuestas utilizables; otros dos fueron contestados bajo reserva. El informe terminó reconociendo apenas la existencia de “variadas hipótesis” y concentró sus conclusiones en las fallas del Estado.
Así, la aprobación del informe abrió una nueva grieta en la derecha. Los libertarios cuestionaron la capacidad del gobierno de Piñera para enfrentar la violencia, mientras la UDI, RN y Evópoli levantaron un escudo político en torno al exmandatario.
La próxima batalla será en la Sala de la Cámara, donde la UDI ya anunció que intentará impedir que el documento sea ratificado.
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