Estado sin inteligencia: los oficios de la comisión del 18-O que revelan nula comunicación con la ANI

Mientras se discutía si la violencia del 18-O había sido planificada o si existían intereses extranjeros detrás del estallido social, la Fiscalía Nacional, liderada entonces por Jorge Abbott, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) avanzaban por caminos separados. No intercambiaron un solo antecedente.

La confirmación aparece casi siete años después, en un escueto oficio firmado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y enviado a la comisión investigadora de la Cámara. El documento terminó convertido en una de las pruebas más claras del desorden estatal que rodeó la investigación del estallido.

Para el presidente de la instancia, el libertario Hans Marowski, el principal hallazgo fue precisamente un Estado deficiente, con agencias incapaces de interoperar. El socialista Daniel Manouchehri fue bastante más duro: aseguró que “buscaron una conspiración y no encontraron ninguna prueba”.

La investigación también estuvo marcada por autoridades que no comparecieron. Entre ellas, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien faltó a dos citaciones y cuyos antecedentes serán enviados a la Contraloría.

Fiscalía y ANI avanzaron por caminos separados

El balance cabe en tres cifras reveladoras: 65 oficios enviados, 50 respuestas inutilizables y solo 10 contestaciones certeras. Otras dos quedaron bajo reserva. La comisión por el 18-O invitó además a 32 personas, pero solo 17 concurrieron. La instancia que durante tres meses intentó reconstruir una eventual trama detrás del 18-O acabó revelando, más que una conspiración, el desorden del Estado.

Pero uno de los documentos recibidos terminó exponiendo una falla mayor. La comisión preguntó a la Fiscalía Nacional si los persecutores (liderados entonces por Jorge Abbott) que investigaron los hechos posteriores al 18 de octubre intercambiaron información con la ANI. También consultó si esos antecedentes permitieron explorar una planificación de los delitos, incluida una eventual intervención extranjera.

La respuesta del fiscal nacional, Ángel Valencia, fue escueta:

El oficio no explica por qué nunca existió ese intercambio. Tampoco señala si los fiscales solicitaron antecedentes, si la ANI intentó entregarlos o si elaboró informes que fueron enviados a otras autoridades.

Interior derivó las consultas, pero la ANI no respondió

La falta de comunicación no terminó ahí. La comisión también ofició al Ministerio del Interior para conocer los antecedentes que manejaban los organismos de inteligencia. Desde esa cartera derivaron las consultas a la ANI, pero la agencia no entregó una respuesta escrita.

El actual director de la ANI sí compareció ante la instancia, aunque lo hizo en una sesión secreta. Debido al carácter reservado de la exposición, su contenido no pudo incorporarse como sustento público del informe.

El Estado Mayor Conjunto (EMCO) y Gendarmería también respondieron los oficios enviados por la comisión, pero ambos documentos fueron remitidos con carácter reservado. Su contenido, por lo tanto, tampoco pudo utilizarse públicamente para despejar las dudas sobre lo ocurrido.

Fallida comisión 18-O

El presidente de la comisión, el libertario Hans Marowski puso precisamente ahí el principal resultado de la investigación:

“Lo que podemos concluir es que teníamos un Estado deficiente en materias de inteligencia, en materia de persecución penal, con agencias que no eran capaces de interoperar”.

Entre quienes no asistieron estuvieron autoridades que ocupaban cargos clave en octubre de 2019, como el entonces ministro y subsecretario del Interior, además de los exdirectores de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Esas ausencias impidieron profundizar en lo ocurrido”, dijo el diputado libertario impulsor de la instancia.

“Lamentamos profundamente que autoridades que fueron parte del gobierno de la época no hayan querido siquiera excusarse para poder venir, porque nos hubieran ayudado a entender mucho mejor el contexto y a sacar conclusiones más profundas”, añadió.

Desde la oposición, la lectura fue bastante menos indulgente. El diputado socialista Daniel Manouchehri aseguró que los libertarios no consiguieron demostrar la tesis que motivó la comisión.

“Después de meses de investigación, no apareció un solo antecedente que acreditara las hipótesis fantasiosas sobre conspiraciones políticas o intervenciones extranjeras. Lo que sí apareció fue un sistema de inteligencia mediocre y descoordinado”.

Manouchehri lo resumió todavía más directamente: “La verdad es que en esta comisión buscaron una conspiración y no encontraron ninguna prueba”.

Arrau también quedó en la mira

La instancia también acordó enviar a la Contraloría los antecedentes por las inasistencias del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien fue citado en dos oportunidades y presentó sus excusas.

Manouchehri acusó que, cuando llegó el momento de investigar hechos concretos, el secretario de Estado “simplemente no concurrió, pese a la obligación que establece la Constitución”.

Desde el ministerio defendieron en privado que el ministro asiste, en promedio, dos veces por semana al Congreso y que su cargo está centrado principalmente en la gestión de la seguridad pública. También calificaron como desproporcionada cualquier posibilidad de vincular sus ausencias con una acusación constitucional.

Al final, los parlamentarios coincidieron al menos en una conclusión: el Estado llegó al 18-O con una inteligencia débil y descoordinada. La diferencia está en la lectura política. Para Marowski, esa fue la principal revelación de la comisión. Para Manouchehri, fue la prueba de que salieron a buscar una gran conspiración y volvieron sin ella.