A cinco meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast, uno de los flancos que no han logrado cerrar tiene relación con la constante salida de autoridades.
Tres ministras, seis subsecretarios y 31 seremis es el saldo de autoridades que han salido debido a renuncias, remociones o nombramientos fallidos.
La lista la encabezan las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert, quienes alcanzaron a estar 69 días en el cargo y fueron desvinculadas por desempeño y mala evaluación.
Lo último se dio con la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, quien, debido al mal uso del vehículo fiscal y una declaración inconsistente ante la Contraloría, salió del gobierno junto con el subsecretario de la cartera, Andrés Otero.
Otero no es el primer subsecretario en abandonar el Ejecutivo en medio de una polémica.
El 11 de mayo, a dos meses de estar en el cargo, el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, informó su renuncia por fricciones en la dinámica de equipos con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.
Posterior a ello, con el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, se pidió la salida de los subsecretarios de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, respectivamente.
Al tiempo después, el 16 de junio, el gobierno informó de la salida de Daniela Castro (RN) como subsecretaria de la Mujer, debido a una conflictiva relación con la titular de la cartera, Judith Marín (PSC).
Previo a que se descabezara el Ministerio del Deporte, La Moneda enfrentó una bullada salida: la de Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda. Una renuncia voluntaria que fue gatillada por un test de drogas positivo y que sigue generando complicación en el oficialismo.
En el caso de los seremis, la semana pasada se informó que el Ministerio de Salud solicitó la renuncia a la seremi de Salud de la Región de Los Lagos, Evelyn Bintrup, quien hizo noticia luego de que se conociera que mantiene al menos nueve denuncias por Ley Karin, además de dos querellas y seis acciones de tutela laboral que interpusieron los funcionarios de la seremi en cuestión.
Así, los casos de salidas de seremis ascienden a 31 y se pueden desglosar en remociones por diversas acusaciones, falta de requisitos, motivos personales, entre otros.
El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, desdramatizó el escenario y aseguró que el gobierno se autoimpuso un alto estándar para todas sus autoridades, por lo que no hay ninguna complicación en solicitar renuncias cuando ese nivel no se cumpla o se infrinja.
“Si siguen renunciando, es porque hay un fin superior, y el fin superior es que las cosas se hagan bien, y quien no actúa como corresponde en el ejercicio de un cargo público, se reemplaza por otra persona que mejore esa gestión del Estado y esa representación del Gobierno“, sostuvo.
A lo mismo apuntó el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, quien dijo que, en vez de ser un problema, la salida de autoridades demuestra una garantía de responsabilidad para la ciudadanía.
“Cuando tú estableces estándares mucho más altos, naturalmente que tienes que actuar en consecuencia, y varias de estas situaciones que hemos tenido en seremías o en otros casos son resultado de aquello. Eso no significa que tú lo estés haciendo ni bien ni mal, sino que simplemente estás actuando en consecuencia”, subrayó.
Para Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, este panorama es normal por el proceso de instalación y, en el caso de los seremis, por la debilidad de los cuadros políticos regionales de cada partido.
“La rotación de autoridades en las etapas de instalación, en los primeros meses, es relativamente normal y natural, sobre todo cuando lo que cambia es la coalición o los partidos que entran a gobernar, y no todos los partidos tienen cuadros suficientes, y cada vez esto se hace mucho más difícil”, aseveró.
Si bien en La Moneda desdramatizan el escenario, saben que la constante salida de autoridades —en algunas semanas hubo 4 casos— genera ruido en el mundo político y eso debilita el relato “pro-gestión” que se quiere impulsar.
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