En el marco de la crisis que desató el informe de Contraloría respecto a la masiva llegada de niños haitianos a nuestro país, el Ministerio Público inició otra investigación, la que tiene que ver con pago de coimas para tramitar visas permanentes en Chile.
De acuerdo a la carpeta investigativa a la que tuvo acceso T13, en 2022 el Servicio de Migraciones mantenía un elevado número de solicitudes de residencia definitiva en estado pendiente de tramitación. Dichos procesos estaban demorando hasta más de un año.
Por ello y para mejorar el avance de los requerimientos de los ciudadanos extranjeros, el Departamento de Residencias Definitivas empleó un sistema de asignación mediante “planillas”. De esta manera, cada analista debía intervenir los casos asignados, salvo que la jefatura “autorizara” algún cambio en esas dinámicas.
Sin embargo, los funcionarios Marcela Paredes Jara y Javier Navarro Martínez diseñaron un sistema fraudulento y fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de cohecho.
Según el CDE, Paredes era funcionaria a contrata y contaba con experiencia y acceso a los sistemas utilizados para la tramitación de residencias definitivas. En específico, su trabajo era procesar la documentación presentada por los extranjeros, además de operar las plataformas informáticas. “Todo ello con sujeción a los procedimientos vigentes y a los deberes de probidad, imparcialidad y eficiencia administrativa”, se detalla en la acción judicial.
De esta manera, y de acuerdo a las pesquisas, Javier Navarro comenzó a intervenir en solicitudes que “no formaban parte de su carga de trabajo“, acelerando el proceso a cambio del pago de sumas de dinero.
Por cada gestión, se reveló que los solicitantes habrían pagado $140 mil por cada trámite por medio de un intermediario, quien recibía la mitad del dinero.
Según expuso el Consejo de Defensa del Estado en su querella, el mecanismo habría operado al menos entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Durante ese periodo, Navarro habría intervenido para agilizar, infringiendo los deberes propios de su cargo, la tramitación de 250 solicitudes de residencia, a cambio de un beneficio económico total estimado en $17.500.000.
Hasta $200 mil por trámites acelerados
Otro de los episodios reportados que tienen que ver con Marcela Paredes es que ella habría ofrecido a una compañera de labores —identificada como Andrea Olave Hermosilla— entre $100 mil y $200 mil por cada gestión “acelerada”, el 15 de diciembre de 2022.
En el escrito del CDE se detalla que la querellada “propuso que ambas se repartieran por mitades el dinero pagado por los interesados, con el objeto de obtener un beneficio económico a cambio de alterar la tramitación regular de solicitudes correspondientes a ciudadanos extranjeros“.
Con estos antecedentes, la acción judicial sostuvo que los imputados afectaron directamente el correcto funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones, al reemplazar los criterios institucionales utilizados para asignar, priorizar y ordenar la tramitación de solicitudes por un sistema condicionado al pago de dinero.
Los primeros antecedentes sobre esta presunta red de corrupción fueron dados a conocer por la contralora Dorothy Pérez durante su comparecencia ante el Congreso, a fines de junio de 2024.
En aquella oportunidad, Pérez reveló que el organismo había recibido una denuncia contra una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones, quien presuntamente habría agilizado la tramitación de documentos migratorios “a cambio de pagos”. No obstante, la Contraloría indicó que no logró acreditar los hechos denunciados, por lo que remitió los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.
Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, explicó que los hechos de corrupción investigados ocurrieron entre octubre de 2022 y marzo de 2023 e involucraron a dos funcionarios: uno contratado a honorarios, removido en marzo de 2023, y otro a contrata, quien fue destituido en junio de 2024. Según detalló, ambos habrían facilitado en cuestión de días trámites que normalmente se extienden por varios meses, permitiendo la entrega de cerca de 250 residencias definitivas. Sauerbaum agregó que actualmente el organismo recopila antecedentes solicitados por el Consejo de Defensa del Estado y destacó que la situación fue denunciada oportunamente por funcionarios del propio servicio que se negaron a verse involucrados en hechos de corrupción.
Enviando corrección, espere un momento...
