El Gobierno afirmó que evalúa un proyecto para implementar un nuevo tipo de Estado de Excepción Constitucional, el cual estaría focalizado en barrios críticos en cuanto criminalidad y permitiría a las Fuerzas Armadas (FF.AA) colaborar y apoyar en las calles a Carabineros.
Se trata de una iniciativa que surge en el marco del plan de seguridad anunciado la noche del miércoles por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, pero que abordó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en entrevista con 24 Horas.
“Se está evaluando establecer un nuevo Estado de Excepción Constitucional, focalizado en determinados sectores o barrios en una ciudad, que estarían bajo el mando, no de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros con convenios de colaboración de las FF.AA”, aseveró.
Es decir, se plantea “un Estado de Excepción Constitucional que, de acuerdo a ciertos parámetros o indicadores, señalen que es necesario intervenir de una manera más profunda para combatir a la delincuencia; se pueda establecer por un período de tiempo esa excepción bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad de movimiento”.
Respecto a los barrios en cuestión, explicó que se clasificarán en al menos 50 sectores y estarán definidos “por indicadores de criminalidad que existen y delincuencia”.
“Hay distintas estadísticas que maneja Carabineros, la organización especializada, y se van a elegir criterios para intervenir esos barrios”, agregó.
“El ministro (de Seguridad, Martin) Arrau está trabajando en eso (para identificar dichos barrios críticos)”, resaltó.
En ese sentido, aseguró que “pronto lo va a anunciar, y la idea es que en esos barrios más peligrosos, donde la gente tiene una sensación de temor más alta y efectivamente tiene que estar encerrada en sus casas y no puede circular libremente por la calle, la idea es que tengan mayor vigilancia policial”.
El objetivo también es que el copamiento policial sea “de carácter permanente y que existan apoyos tecnológicos que permitan tener un mejor control sobre estos sectores específicos. No se trata de intervenciones aisladas, se trata de intervenciones más profundas, de carácter más permanente que permitan reducir los índices de delincuencia en ese sector”.
Sería una propuesta donde “el bien superior es precisamente que las familias que viven en esos barrios puedan estar liberadas de la delincuencia. Por lo tanto, hay que tener una mirada positiva respecto a la intervención con medios de distintas naturalezas del Estado en favor de esos vecinos”.
“Por lo tanto, y se hace también con la colaboración de los propios vecinos, buscando redes de apoyo, colaboración con la policía”, añadió.
En lo que respecta a control migratorio, el Gobierno apunta a modificar los plazos legales de permanencia en los centros de retención administrados por la Policía de Investigaciones (PDI).
Sobre esa materia, el biministro Alvarado hizo énfasis en que “el problema que tenemos (actualmente) es que el plazo para materializar la expulsión es de tan solo 5 días”.
“Muchas veces hay una serie de procedimientos y de autorizaciones que no se logran en ese plazo y hay que liberarlos. Por lo tanto, se establece una norma de que ese plazo se pueda ampliar hasta 180 días, pero en períodos que van de 60 en 60, renovables hasta dos veces”, precisó.
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