Un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), junto a un parlamentario del Partido Republicano y un independiente de la bancada de Renovación Nacional, presentó un proyecto de ley para suspender por cinco años la aplicación de la Ley Karin, en medio del debate por las modificaciones que el Gobierno impulsa a su reglamento tras detectar problemas en su implementación.
La iniciativa fue ingresada por los diputados del PNL Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré; el republicano Diego Vergara y el independiente Daniel Valenzuela, de la bancada de Renovación Nacional.
La propuesta plantea suspender temporalmente los efectos de la Ley N.º 21.643, que regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Además, establece que durante ese período volverán a aplicarse las normas vigentes antes de la entrada en vigor de la ley, resguardando la continuidad de las denuncias e investigaciones que ya están en curso.
Proyecto surge mientras el Gobierno revisa el reglamento de la Ley Karin
El proyecto fue presentado mientras el Ejecutivo impulsa una revisión del reglamento de la Ley Karin. Cabe destacar que el Ministerio del Trabajo presentó al Consejo Superior Laboral un paquete de modificaciones para enfrentar los problemas detectados en su aplicación.
Entre ellos figuran la alta carga administrativa provocada por denuncias que no corresponden al ámbito de la ley, la falta de un filtro inicial de admisibilidad y la extensión de los tiempos de investigación. Por ello, el Gobierno propone exigir antecedentes mínimos para tramitar las denuncias, ordenar su ingreso, permitir derivaciones con consentimiento del trabajador y acortar los plazos de las investigaciones.
Diputados defienden suspensión temporal de la normativa
El diputado Eric Grohs, uno de los autores de la iniciativa, sostuvo que la suspensión busca abrir espacio para corregir las falencias del sistema.
“Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas y procedimientos oportunos”, afirmó.
En la misma línea, el diputado del PDG Patricio Briones señaló que respaldó el proyecto porque, a su juicio, se requiere “un respiro legislativo y administrativo” para fortalecer la implementación de la normativa. “La idea es capacitar adecuadamente a los fiscalizadores, ajustar los protocolos de investigación y asegurar que cada denuncia reciba la atención rigurosa que merece”, sostuvo.
Por su parte, la diputada del PNL Paulina Muñoz afirmó que la legislación presenta falencias tanto en su diseño como en su implementación. “Esta ley definitivamente tiene espacios de mejora de los cuales nos tenemos que hacer cargo (…) pedimos que se suspenda mientras el Ejecutivo ingresa las modificaciones y volvemos a discutirla en el Parlamento”, indicó.
En tanto, el diputado del PDG Javier Olivares aseguró que apoyará la iniciativa tras conocer casos de pequeñas y medianas empresas que, según afirmó, han enfrentado dificultades con la aplicación de la Ley Karin. “Hay que ajustarla (…) hoy tenemos tribunales completamente colapsados con este tema”, señaló.
Los impulsores del proyecto argumentan que, a diciembre de 2025, las denuncias asociadas a la Ley Karin superaban las 66 mil, cifra que, a su juicio, evidencia un “colapso institucional y operativo” que hace necesario revisar el diseño de la normativa antes de su aplicación definitiva.
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