El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar un monto de aproximadamente $105 millones que habrían sido defraudados al Congreso Nacional mediante presuntas asesorías falsas vinculadas al senador Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas).
De acuerdo con la información recabada por La Tercera, la acción fue ingresada por el procurador fiscal Paulo Gómez y se suma a una serie de diligencias penales que ya enfrenta el parlamentario.
En concreto, el organismo busca recuperar dicho dinero que el Congreso habría pagado entre 2018 y 2022 a Carla Graf, quien fue contratada como asesora parlamentaria de Calisto. Sin embargo, de acuerdo con la acción, la imputada no habría realizado las labores pactadas.
“Entre los años 2018 a 2022, Miguel Calisto se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf, para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco de Chile, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originándole una pérdida de, a lo menos, $105.554.697″, sostiene el organismo.
Según la demanda, Calisto realizó las gestiones necesarias ante la Cámara Baja para contratar a Graf, pese a que supuestamente sabía que ella no cumpliría las asesorías.
Durante ese periodo, según el CDE, Roland Cárcamo habría continuado prestando labores de asesoría política para Calisto, mientras Graf figuraba como asesora parlamentaria y recibía los pagos provenientes del Fisco.
CDE apunta a destino de fondos
Frente a estos antecedentes, el CDE sostiene que los contratos suscritos habrían constituido un “mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco”, afirmando que el dinero habría sido destinado a beneficio personal o a otras personas.
La nueva acción judicial se produce luego de que, el pasado 25 de junio, la Fiscalía presentara acusación contra el congresista y solicitara su desafuero.
El organismo ya se había querellado criminalmente contra Calisto, Graf, Cárcamo y otros imputados por una serie de maniobras que, según la investigación, habrían permitido desviar recursos provenientes de asignaciones parlamentarias.
Dineros del GORE Aysén
La acción del CDE también busca recuperar más de $25 millones provenientes del Gobierno Regional (GORE) de Aysén, recursos de los que presuntamente se habrían beneficiado Roland Cárcamo, su hermana Natalia Cárcamo y Carla Graf.
Según la demanda, los imputados habrían accedido a dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional mediante tres proyectos que serían ejecutados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Aysén, organización en la que Cárcamo era dirigente.
Los fondos fueron efectivamente transferidos, pero, según sostiene el CDE, las iniciativas nunca se habrían ejecutado.
Se trata de los proyectos “Formando monitoras por la igualdad de género”, por $10 millones; “Conversatorios no más violencia”, por $5.998.000; y “Ambientes laborales más seguros”, también por $10 millones.
Entre la suma y la resta, el CDE busca recuperar más de $131 millones entre los dineros provenientes del Congreso Nacional y el Gobierno Regional de Aysén.
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