La jornada de este miércoles, desde el Consejo de Defensa del Estado presentaron una querella criminal en contra del diputado Miguel Ángel Calisto Águila (Ind.- Demócratas), y contra quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, y se dirige también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos.
En concreto, se trata de platas “provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación”, precisaron desde el CDE.
La querella del CDE en contra de Calisto
De acuerdo con los antecedentes revelados por el consejo, la imputada Graf, coludida con el diputado Calisto, habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario, “recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.
Existirían antecedentes que dan cuenta que Graf no era reconocida por las personas que trabajaban para el parlamentario de la región de Aysén. Razón por la que se pudo constatar que “no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila”.
Así, este último habría faltado los deberes de su cargo e incurrido en acciones de administración desleal de fondos públicos, promoviendo la celebración de contratos por servicios no prestados. Respecto a los que se desembolsó -por concepto de honorarios- a la imputada “más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco”.
Finalmente, desde el CDE precisan que “se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”.
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