Este martes, desde la oposición, un grupo transversal de diputadas y diputados anunció la presentación de una comisión especial investigadora (CEI) para abordar el dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra Trinidad Steinert se extralimitó en sus funciones. No descartaron presentar una acusación constitucional.
Con dicha instancia, las y los parlamentarios buscan esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas tanto de la exministra, así como establecer si existieron incumplimientos en el ejercicio de sus funciones y las eventuales consecuencias institucionales derivadas de estos hechos.
La diputada del Frente Amplio y miembro de la comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, aseguró que el Ejecutivo “debe responder todas las preguntas que en su momento se negó a contestar”.
“Queremos ser claros, esto no es una disputa entre oposición y oficialismo. Estamos frente a un hecho grave, porque la ministra encargada de la Seguridad Pública del país se inmiscuyó en una investigación vinculada al crimen organizado. Si hoy Chile sabe que la exministra actuó fuera de la ley es porque este Congreso ejerció su labor fiscalizadora”, agregó.
Por su parte, el diputado Ind-PPD y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, entregó las razones para no presentar una acusación constitucional por ahora. “Queremos hacer las cosas bien y no instrumentalizar esta herramienta fiscalizadora como lo hicieron el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos”, comentó. Esto, haciendo referencia al fallido libelo contra el exministro Nicolás Grau.
“Queremos saber qué sabía el Presidente de la República, qué sabían los asesores del Segundo Piso y qué hizo el ministro del Interior, porque hoy la Contraloría, un órgano imparcial, ha señalado que lo ocurrido era ilegal. No descartamos una acusación constitucional si aparecen antecedentes graves y serios respecto de las actuaciones de la ministra o de otras autoridades del Gobierno, pero hoy corresponde investigar a fondo y establecer todas las responsabilidades”, planteó.
En la misma línea, el diputado Raúl Leiva (PS) comentó: “En el conjunto de la oposición hemos resuelto constituir una comisión especial investigadora que analice estos actos de gobierno y sus eventuales consecuencias en otros órganos del estado”.
Desde la Democracia Cristiana (DC) también se refirieron. Al respecto, el diputado Patricio Pinilla complementó: “Nosotros hemos decidido ser muy responsables con las herramientas fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados (…) Como hemos dicho, no descartamos una acusación constitucional, pero para esos efectos necesitamos recopilar más antecedentes, conocer también las opiniones de los involucrados y, por supuesto, establecer con claridad lo que nosotros pensamos, que hay un conjunto de irregularidades que se han cometido en este episodio”.
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