El diputado de RN e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Mauro González, se reunió este lunes con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para abordar el avance del proyecto de ley presentado por la bancada de RN que busca perseguir penalmente a quienes lucran con la explotación sexual de terceros. En la instancia, el legislador solicitó al Ejecutivo otorgar urgencia a la iniciativa para acelerar su tramitación en el Congreso.
Cabe recordar que el proyecto fue presentado el pasado 6 de junio y, a juicio de sus impulsores, cobró especial relevancia luego de que nuevos antecedentes revelados por la PDI dieran cuenta de que organizaciones como el Tren de Aragua utilizan el comercio sexual como una de sus principales fuentes de financiamiento para cometer delitos.
La iniciativa incorpora nuevas herramientas para perseguir a quienes obtienen beneficios económicos de la explotación sexual de terceros, aun cuando exista consentimiento de la persona que presta el servicio. Además, sanciona a quienes faciliten esta actividad mediante plataformas digitales, sitios web, aplicaciones o avisos publicitarios, así como a quienes destinen inmuebles para estos fines.
Junto con ello, aumenta las penas por la difusión no consentida de imágenes íntimas cuando esté vinculada a servicios sexuales e incorpora la explotación económica del comercio sexual como delito base para perseguir el lavado de activos, con el objetivo de seguir la ruta del dinero y debilitar las finanzas del crimen organizado.
González destaca importancia de proyecto contra el comercio sexual
Tras la reunión, el diputado González explicó que el objetivo del proyecto es cerrar un vacío legal que hoy impide perseguir eficazmente a quienes obtienen beneficios económicos de la explotación sexual de otras personas.
“Hoy le hemos presentado al ministro de Seguridad una moción en relación a un tema que la legislación no se ha hecho cargo, que son las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Y lo dijo también el Ministerio Público, el fiscal Barros, que el comercio sexual en Chile se usa para ser fuente de financiamiento de organizaciones criminales, y por eso hemos presentado un proyecto que sanciona la explotación económica sexual de terceras personas. En particular, aquel que se beneficia con la explotación sexual de otra persona debe ser sancionado”, señaló.
“También, en este proyecto, colocamos el delito tipificando la intermediación, es decir, a aquellos que hacen, por ejemplo, la publicidad vía digital, plataformas, sitio web o aplicaciones, y también aquellos que facilitan otros medios, como, por ejemplo, los inmuebles”, agregó.
El parlamentario reiteró que “el comercio sexual se está utilizando como fuente de financiamiento del crimen organizado en nuestro país“, por lo que llamó a hacerse cargo de esa problemática, “que hoy día no se está persiguiendo”.
“Tenemos que atacar el crimen organizado por todas las áreas, y especialmente donde más les duele, que es su fuente de financiamiento, y en relación al comercio sexual lo vamos a sancionar”, finalizó.
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